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Créditos: Agencia Uno
La solicitud del legislador del PPD apuntan a la protección de datos que tendrá el Programa de Innovación y Tecnología para la Prevención del Delito que busca “contar con un sistema de teleprotección a nivel nacional, con foco en los sectores más vulnerables y con mayor tasa de delitos de alta connotación social».
El senador por la región de Ñuble y Biobío, Felipe Harboe (PPD), solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que emita un pronunciamiento respecto a la protección de datos personales y el gasto de 16 millones de dólares para adquirir mil cámaras de televigilancia para el nuevo programa de prevención de delito.
Dentro de la petición, el parlamentario sostuvo que el sistema “aparentemente de inteligencia artificial en espacios públicos» nada dice respecto a la protección de datos, de legalidad y del principio de finalidad que deben tener este tipo de tecnologías”.
Comento además que “aquí hay un debate enorme a nivel internacional y también nacional respecto de estas materias y creo que es clave que la CGR se pronuncie para ver si va a aplicar el nuevo derecho constitucional consagrable en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que es la protección de datos personales”, sostuvo.
El contexto de la petición se da en el marco del “Plan Calle Segura”, plan en el que la Subsecretaría de Prevención del Delito aprobó el “Programa de Innovación y Tecnología para la Prevención del Delito” y llamó a licitación en enero de 2020, de acuerdo a lo publicado en el portal de Mercado Público (ID 654478-1-LR20).
A través de esta iniciativa se busca contar con un sistema de teleprotección a nivel nacional, con foco en los sectores más vulnerables y con mayor tasa de delitos de alta connotación social que no cuentan con la tecnología de alto nivel que contempla este sistema, con el propósito de prevenir delitos, controlar incivilidades, apoyar en situaciones de emergencia y aportar en la persecución penal, entre otros.
En el documento el parlamentario también solicitó que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad y el gasto del procedimiento licitatorio en la compra de los artículos logísticos, que alcanzan los 16 millones de dólares.
