PAÍS
Créditos: Agencia Uno
El parlamentario frenteamplista se mostró de acuerdo con el llamado de la Dipres a recortar el presupuesto del Legislativo, pero fue enfático en que la solución pasa por ponerle urgencia al proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado para su discusión en particular.
Luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) solicitara al Congreso recortar sus gastos por casi $3 mil millones por la pandemia del coronavirus, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Ignacio Latorre (RD) se mostró a favor de un ajuste y sugirió que dicho recorte se efectúe a través de la rebaja de la dieta parlamentaria.
“Estoy de acuerdo en que el Parlamento tiene que apretarse el cinturón y tenemos que hacer un esfuerzo de reducción de recursos (…) lo que creo es que la mejor manera de hacerlo es bajando la dieta parlamentaria, poniéndole urgencia a ese proyecto de ley que llevaba 6 años en el Congreso, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora pasó a la Comisión de Constitución del Senado”, sostuvo.
El senador añadió que “está el trámite para la discusión en particular, se presentarán indicaciones y creo que lo más importante es fijar un plazo acotado para reducir la dieta de los parlamentarios, con eso tendríamos un ahorro importante de recursos”.
Luego de aprobarse en general el proyecto en la Cámara Baja, las indicaciones al proyecto – que ya fueron anunciadas por varios legisladores y legisladoras – pueden ser presentadas hasta el 20 de abril.
Hay que detallar que la iniciativa modifica el artículo 62 de la Constitución Política, que determina por ley el monto de la dieta parlamentaria.
Hay que recordar que hace una semana, la Dipres solicitó al Poder Legislativo un recorte que involucra recursos líquidos, por $1.500 millones y $1.009 millones respectivamente. Además, se le solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional $400 millones, según consignó La Tercera.
Los ajustes también tocan a otras instituciones. Como parte del plan económico de reasignaciones anunciado por el Gobierno, se solicitaron recursos a todas las reparticiones públicas y a organismos autónomos como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría de la República.
