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Crédito: ATON
El rechazo del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú fue criticado por el senador PPD, quien además vio como el Ejecutivo presentó un veto en el proyecto de ley de Pro Inversión, el que ya está aprobado por el Congreso. Debido a esto, el parlamentario aseguró que “estamos viviendo una dictadura en materia medio ambiental porque el Gobierno no respeta las decisiones que democráticamente se alcanzan en el Congreso”. A juicio del parlamentario, el rechazo a Escazú y este veto sólo buscan “favorecer a las empresas contaminantes”, pues las exigencias en esta materia son bastantes menores y tampoco pueden ser revisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Debido a esto, Girardi indica que “el Gobierno puso fin a la tregua ambiental”.
El rechazo del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú sigue generando críticas de parlamentarios de oposición. Pero las críticas no han quedado ahí, ya que aumentaron luego de que el Ejecutivo presentó un veto en el proyecto de ley de Pro Inversión, el que ya está aprobado por el Congreso.
Esto último colmó la paciencia del senador PPD Guido Girardi, quien criticó duramente al Presidente Sebastián Piñera, asegurando que “estamos viviendo una dictadura en materia medio ambiental porque el Gobierno no respeta las decisiones que democráticamente se alcanzan en el Congreso”.
A juicio del parlamentario, el rechazo a Escazú y este veto sólo buscan “favorecer a las empresas contaminantes”, pues las exigencias en esta materia son bastantes menores y tampoco pueden ser revisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Debido a esto, Girardi indica que “el Gobierno puso fin a la tregua ambiental”.
«El Presidente Piñera va a Naciones Unidas y falta a la verdad en materia de derechos humanos y señala que Chile es un país líder en medio ambiente y al mismo tiempo se niega a firmar el Acuerdo de Escazú. Lo que, por la vía de los hechos, significa permisividad para las empresas contaminantes y la existencia de zonas de sacrificio”, agrega.
«El Acuerdo de Escazú -que pudo llamarse el Acuerdo de Santiago, porque Chile y Costa Rica lo impulsaron- obliga a la participación informada de las comunidades en la implementación de cualquier proyecto productivo y establece la acción pública que permite que cualquier ciudadano pueda impetrar una acción ambiental”, añade.
Sobre el veto del Ejecutivo, Girardi asegura que “este proyecto se discutió largamente en el Congreso, que terminó en una comisión mixta, y como no lo puede ganar democráticamente para favorecer a las empresas a decidido en una acción dictatorial vetar las pertinencias”.
«Existe un mecanismo en la actual legislación a través del cual las empresas pueden solicitar no hacer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y presentar sólo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tiene exigencias bastante menores. Pero hoy la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) puede anular esos proyectos», explica.
A modo de ejemplo, el parlamentario dijo que «la mayoría de las empresas de Quintero, Puchuncaví y Ventana fueron aprobadas de esa manera. Así como la Fundición Alcones en la Región de O’Higgins, el Campo Dunar Punta de Concón o el Humedal Huasco en la Unión”.
«El Gobierno quiere que la decisión del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sea vinculante y la Superintendencia no la pueda revisar para permitir que muchas empresas contaminantes hagan una simple declaración y no un riguroso estudio de Impacto Ambiental. Esto significa vulnerar toda la institucionalidad ambiental y se llama dictadura”, finalizó.
Debido a esto, anunció que la próxima semana el senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución, “pondrá en tabla el Proyecto de Delito Ambiental” y dijo que los tres senadores de oposición de la Comisión de Minería (Girardi, Álvaro Elizalde, Yasna Provoste) enviaron una nota al presidente de la entidad (Rafael Prohens) pidiendo “votar tal como está, sin acuerdo alguno, el Proyecto de Protección de Glaciares, que han hecho un lobby gigantesco para detenerlo y favorecer a las mineras”.
