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Crédito: Aton | Foto referencial
En una declaración, las organizaciones Greenpeace, AIDA y Fima señalan que en 2016, la Contraloría General de la República realizó dos auditorías, una a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y la otra al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Los resultados de esa investigación -aseguran- fueron alarmantes. Se «demostró, entre otros incumplimientos, que una importante cantidad de concesiones de salmonicultura estaban generando condiciones anaeróbicas». El término anaerobismo dice relación con la falta o ausencia de oxígeno en un sistema, situación que se puede generar como consecuencia de la materia orgánica que los centros del cultivo descargan al mar. «La situación es grave pues en ambientes anaeróbicos la vida marina no puede prosperar. Es la razón por la que bajo muchos centros de salmonicultura se han generado verdaderos desiertos submarinos», acusan. Además, las organizaciones en pro del medio ambiente no titubearon en irse en picada contra el Estado, asegurando que este «no ha logrado gestionar adecuadamente nuestro mar».
La industria de la salmonicultura ha causado graves daños medioambientales en el océano. Así queda de manifiesto en la carta «Salmonicultura impune, mientras el mar se asfixia» de las organizaciones AIDA, Greenpeace y Fima, en la que incapacidad del Estado en la protección del mar.
«La entrega de porciones de mar en concesiones a empresas que lo explotan ha provocado cuantiosos daños ambientales, y hoy, en plena emergencia climática y ecológica, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestros bienes comunes», dice la misiva de las organizaciones medioambientales.
Señalan que en 2016, la Contraloría General de la República realizó dos auditorías, una a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y la otra al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Los resultados de esa investigación -aseguran- fueron alarmantes. Se «demostró, entre otros incumplimientos, que una importante cantidad de concesiones de salmonicultura estaban generando condiciones anaeróbicas».
El término anaerobismo dice relación con la falta o ausencia de oxígeno en un sistema, situación que se puede generar como consecuencia de la materia orgánica que los centros del cultivo descargan al mar. «La situación es grave pues en ambientes anaeróbicos la vida marina no puede prosperar. Es la razón por la que bajo muchos centros de salmonicultura se han generado verdaderos desiertos submarinos», acusan.
En ese sentido, la investigación de Contraloría reveló que la situación más grave está en la Región de Magallanes, donde 53% de los centros de cultivo reportaron condiciones anaeróbicas entre 2013 y 2015.
«Lo que es más grave aún, es que varios de los centros donde se estaba dando el problema se ubican dentro de áreas protegidas. Sumado a ello, las auditorías advirtieron también que, en al menos 100 casos, los titulares de concesiones que habían generado condiciones anaeróbicas tomaron muestras en sitios diferentes para comprobar que se habían restaurado las condiciones aeróbicas», agrega la declaración.
Precisamente en esta región fue donde se instaló la empresa Nova Austral, de capitales noruegos, la que, según reveló El Mostrador, las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca a fin de evitar multas y ver disminuir las utilidades debido a las sanciones y al descrédito. De esta instrucción se generó una doble contabilidad que, a la luz de la evidencia, representa una «práctica» extendida en los años.
Señalan que tras conocerse los resultados de la investigación de la Contraloría, el director nacional de Sernapesca pidió realizar un sumario administrativo para indagar en las irregularidades evidenciadas y establecer las responsabilidades dentro del organismo.
Destacaron que la investigación «se enfocó en tres hechos: la operación de centros fuera del área de la concesión; la toma de muestras en puntos diferentes para comprobar el restablecimiento de condiciones aeróbicas; y la falta de declaraciones de caducidad en concesiones que habrían incurrido en ello al no registrar operaciones a un año de la entrega material de la concesión».
Sin embargo, «no se investigó el hecho de que un gran número de centros estuvieran generando falta o ausencia de oxígeno en ecosistemas marinos».
«Ese proceso concluyó en enero de 2018. Sin argumentos suficientes, los funcionarios objeto del sumario fueron absueltos de todos los cargos. Tampoco se dictó nueva normativa para responder a los graves problemas evidenciados. Así, Chile perdió la oportunidad de avanzar ante el grave problema de fiscalización que pesa sobre la industria salmonera», finaliza el comunicado.
Las organizaciones en pro del medio ambiente no titubearon en irse en picada contra el Estado, asegurando que este «no ha logrado gestionar adecuadamente nuestro mar».
«Las condiciones que permiten que nuestro océano nos provea de funciones ecosistémicas debiesen ser protegidas celosamente por el Estado; sin embargo, en Chile quien provoque un mar muerto con su actividad salmonicultora goza de impunidad. No existe sanción expresa por los daños que esta situación genera, y la normativa al respecto es preocupantemente laxa», criticaron.
