PAÍS
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A juicio de los abogados del Presidente Piñera, del exministro Mañalich y de los subsecretarios Daza y Zúñiga, la diligencia de la Fiscalía es “infundada”, “carece de todo fundamento legal” y se sustenta en “elucubraciones”. «La mera especulación epidemiológica excede largamente las atribuciones de la fiscalía y solo exhibe su encono hacia quienes son objeto de su poder persecutor», añaden [ACTUALIZADA]
Los abogados del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga -todos querellados en la investigación de la Fiscalía por las muertes de Covid-19- recurrieron a la Corte Suprema para apoyar la negativa del Ministerio de Salud a la entrega de correos requerida por el Ministerio Público.
A juicio de los representantes de Piñera (Samuel Donoso), Mañalich (Gabriel Zaliasnik) y los subsecretarios (Eduardo Riquelme) la diligencia de la Fiscalía es “infundada”, “carece de todo fundamento legal” y se sustenta en “elucubraciones” sobre el manejo de la crisis sanitaria. «El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito», añaden.
“La mera especulación epidemiológica excede largamente las atribuciones de la fiscalía y solo exhibe su encono hacía quienes son objeto de su poder persecutor (…) No es función del Ministerio Público auditar a las autoridades, como si lo es de la Contraloría General de la República (…) ¡El Ministerio Público investiga delitos, no hechos de interés público!”, añaden.
Los argumentos buscan reforzar así la respuesta entregada por el ministro de Salud, Enrique Paris, al máximo tribunal, entregada ayer en la tarde, donde expone que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo”, y además insiste en jugar la carta de la seguridad nacional señalando que los correos dan cuenta de la “adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas”.
Este punto también es abordado por las defensas de Piñera y Mañalich, quienes sostienen que en los mails requeridos del exministro Jaime Mañalich; la exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro; y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, “existen antecedentes cuya divulgación importaría infringir su debida reserva con afectación evidente de la seguridad nacional”.
Asimismo, tal como lo hizo Paris, también apuntan al juez del 7° Juzgado de Garantía Darwin Bratti, quien autorizó esta incautación de correos, al señalar que el juez “acoge una solicitud que esgrimió antecedentes insuficientes (…), pues no se realizó en la resolución impugnada el adecuado test de proporcionalidad exigido, ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación”.
