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El Gobierno le ha cerrado la puerta de plano a la idea, y con su postura se cuadró incluso el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien señaló que “en un Estado de Derecho hay tribunales, hay justicia, y un indulto no tiene sentido, no es justo con todas las víctimas que han habido, de uno y otro lado”. Por su parte, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter, argumentó la petición de su partido, pidiendo que se deje de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en casos que no lo ameritan, dado que al recurrir a esta legislación «la pena asociada y el tipo de delito se aumenta, entonces el juez de garantía tiene que dar prisión preventiva» y así el Gobierno usa políticamente la prisión preventiva”. «Muchos hechos se hicieron en revuelta popular y en contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de las policías», advirtió.
La propuesta de un proyecto de indulto para las personas que se mantienen en prisión preventiva desde el denominado estallido social, o los “presos de la revuelta social”, como los han denominado, sigue generando debate.
A la discusión entró incluso el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien señaló que “en un estado de Derecho hay tribunales, hay justicia, y llamar a un indulto por parte de diputados no tiene sentido, no es justo con todas las víctimas que han habido, de uno y otro lado”.
Para el académico, “todas las situaciones de violencia tienen que investigarse. Nosotros hemos condenado violencia a las iglesias, como un atentado a la libertad religiosa y valores muy profundas de chilenos y chilenas, y los atentados a las personas. Me parece que esta propuesta de los diputados está totalmente fuera de un Estado de Derecho donde lo que hay que hacer es condenar toda violencia”, según dijo en declaraciones a Radio Infinita.
El Gobierno le ha cerrado la puerta de plano a la idea. Durante la semana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó que «establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son las señales equivocadas», en tanto, el ministro vocero Jaime Bellolio, planteó que “esta propuesta es simplemente justificar la violencia”.
Sin embargo, desde la oposición insisten con su propuesta. El proyecto presentado por la bancada de diputados de Convergencia Social (CS) contempla la conformación de una comisión que trabaje en un indulto general para los condenados; que el Gobierno de las querellas por Ley de Seguridad del Estado; y la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa.
“El Gobierno usa políticamente la prisión preventiva”, explicó esta mañana en 24 Horas el diputado de ese partido, Gonzalo Winter, quien argumentó su petición destacando que «muchos hechos se hicieron en revuelta popular y en contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de las policías».
En concreto, Winter pide que se deje de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en casos que no lo ameritan, dado que al recurrir a esta legislación «la pena asociada y el tipo de delito se aumenta, entonces el juez de garantía tiene que dar prisión preventiva». “O si no, pasa como otros casos, donde un joven estuvo un año en prisión preventiva, pero la condena fue menor a la medida cautelar», especificó.
En la misma línea, ante las críticas que ha despertado el proyecto, es enfático en señalar que “nosotros no defendemos la propuesta violenta, siempre la rechazamos». “Un grupo narcotraficante que ataca a balazos obviamente no tiene nada que ver con lo que hablamos», añadió.
La idea de indultar a este tipo de presos ha sido apoyada por figuras como el psicólogo, exdirector del Hogar de Cristo y presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda.
A su juicio, el Gobierno no han sabido distinguir a los manifestantes violentos de las personas que protestan pacíficamente, diciendo que los «mete en el mismo saco». Por ello asegura que el Gobierno debe «diferenciar las personas que cometieron actos delictuales, que saquearon aprovechándose del estallido social del año pasado y las distintas manifestaciones, y las personas que han estado en la lucha política, que han intentado presionar para que la sociedad tenga cambios que han perdurado durante mucho tiempo».
