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La autoridad de Gobierno criticó la labor que realizan los tribunales en relación a personas que tienen un gran número de detenciones y siguen en libertad, para luego ser arrestadas por otros delitos. «Hay casos de personas que han sido detenidas más de 140 veces y aún así los tribunales no han hecho su trabajo», dijo la subsecretaria de Prevención del Delito cuando le tocó hablar de la coordinación de las diferentes instituciones del sistema judicial. Gloria Ana Chevesich respondió que «una autoridad lo primero que debe hacer es indagar las razones por las cuales una persona fue detenida; enseguida, los motivos por los cuales fue dejada en libertad, lo que debe constar en la resolución respectiva dictada por el órgano pertinente». Esta no es la primera vez que hay un cruce de declaraciones entre el Gobierno y el Poder Judicial [ACTUALIZADA]
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich respondió a una serie de críticas de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
La autoridad de Gobierno participó el miércoles en el Ciclo de Conversaciones MBA UC, en el que, además de exponer los ejes de su gestión, desde marzo de 2018 a la fecha, criticó la labor que realizan los tribunales en relación a personas que tienen un gran número de detenciones y siguen en libertad, para luego ser arrestadas por otros delitos.
«Hay casos de personas que han sido detenidas más de 140 veces y aún así los tribunales no han hecho su trabajo», dijo Martorell cuando le tocó hablar de la coordinación de las diferentes instituciones del sistema judicial.
Gloria Ana Chevesich respondió a estos cuestionamientos. Consultada por El Mercurio, respondió que «una autoridad lo primero que debe hacer es indagar las razones por las cuales una persona fue detenida; enseguida, los motivos por los cuales fue dejada en libertad, lo que debe constar en la resolución respectiva dictada por el órgano pertinente».
«Luego de conocidos los fundamentos se puede responsabilizar a quien corresponda», agregó Chevesich.
La vocera del máximo tribunal recordó que «no debe olvidarse que el sistema de justicia penal no solo lo integran los tribunales, sino también órganos autónomos como el Ministerio Público y la Defensoría Penal».
«No se puede decir, por lo tanto, livianamente, que los tribunales no han hecho su trabajo», complementó.
Martorell dijo también que luego de las decisiones de los tribunales, «llega el Ministerio Público y les dice a las policías que detienen, pero ‘detienen sin pruebas; no me pida que haga milagros si los tribunales cada día tienen estándares de pruebas más altos’. Y luego el Poder Judicial le dice al Ministerio Público que están claros los estándares de prueba, así que coordine con las policías».
En ese sentido, complementó la idea diciendo que «lo que se observa es una intención de culparse los unos a los otros. Y no podemos seguir tolerando estas recriminaciones cruzadas, porque a la ciudadanía no le importa quién es el responsable, sino que no se siga cometiendo el delito, o bien que si este ocurre, que alguien le responda por el daño causado».
Esta no es la primera vez que hay un cruce de declaraciones entre el Gobierno y el Poder Judicial. En la administración Piñera 2, las cosas partieron mal a raíz de los dichos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló en un cónclave de la UDI que «la mayoría de los jueces son de izquierda», lo que sacó ronchas en la magistratura.
También al comienzo de la administración Piñera 2, hubo roces por las rondas de vigilancia preventivas implementadas mediáticamente por el Ejecutivo. «Aunque saturemos los tribunales, vamos a seguir haciendo estas rondas de vigilancia preventiva», notificó en esa oportunidad el Mandatario.
En la Cuenta Pública de 2019, el Mandatario además habló de que la “autonomía” del Poder Judicial tiene “límites”, una frase que también cayó mal en la Suprema.
A esto se sumaron los cuestionamientos públicos del año pasado lanzados por La Moneda y el Presidente Piñera a las resoluciones de los jueces. «Yo creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están equivocados, que fallan en forma equivocada, que desprotegen a las víctimas, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Esos jueces no pueden seguir así», dijo en julio del año pasado el Jefe de Estado en medio de la tramitación de la controvertida Ley Antiportonazos.
