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No solo este gobierno y los de las últimas décadas, sino el Congreso hace treinta años que incrementa el presupuesto de una institución a la que se le delegó el control del orden público, según los especialistas, sin ningún escrutinio. Lo que dio origen al fraude en la institución pero también a una decadencia de la fuerza policial que, sin embargo, no se expresa en su fuerte blindaje político. La precariedad institucional es de tal magnitud que debiera llevarlos a ser más prudentes. En cambio, opinan analistas, lo que hacen es dar una respuesta muy agresiva, cuya principal expresión, es la «desastrosa política pública de exacerbar el control de identidad y transformarlo en la única respuesta que la policía tiene para lidiar con problemas de distinta naturaleza”.
Un total de 185.725 personas integra el grupo de Facebook “Apoyo a Carabineros Grupo Carabinas”, un espacio de comunicación con imágenes poco habituales en relación a lo que se ve profusamente en otros medios. Se puede ver un video con la tímida manifestación a favor de la policía uniformada el viernes en Apoquindo, otro con el rescate de bañistas en La Serena ocurrido la semana pasada, o fotos de carabineros encontrando a una madre y su hija perdidas en un bosque de la región de Magallanes. Piquetes de Carabineros sacando barro después del aluvión en San José de Maipo y por supuesto una versión del incidente en Panguipulli, donde se exalta con letras mayúsculas que el sargento Juan González Iturra actuó en defensa propia cuando le disparó al malabarista callejero Francisco Martínez.
En efecto, en las redes personales de los efectivos de Carabineros, grupos de Whatsapp y otras instancias fue muy bien recibido la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rebajó la medida cautelar contra el uniformado, de arresto domiciliario total a firma quincenal y arraigo. En estos grupos tampoco se omite que la ministra María Elena Llanos es madre del capitán Alejandro Bruggink Llanos, jefe del OS-7 en Punta Arenas, tal como lo reveló El Desconcierto la semana pasada.
“El fallo ha sido muy bien acogido en las redes sociales de los funcionarios. En el fondo es una luz de esperanza para los carabineros de que la justicia va a actuar de manera objetiva y resolver en justicia la difícil situación que enfrentan los carabineros al hacer uso legítimo de la fuerza, en una situación límite donde te ves agredido directamente. Respecto de situaciones de control de orden público o, en este caso, que se pueda afectar la integridad física en el desempeño de sus funciones”, explica un funcionario en servicio activo de la institución.
Pero el mismo oficial cita un episodio ocurrido en la mañana del lunes 8 de febrero pasado cuando un grupo de unos 20 carabineros se formó en la Plaza de Armas de Santiago, antes de comenzar un “servicio”, como le dicen en jerga institucional al patrullaje por el casco histórico. Pero el grupo debió replegarse ante el rechazo de la gente que iba pasando por el sector, expresado en gritos y acciones de protesta. Un extracto de lo ocurrido circuló el sábado en redes sociales.
“Desde el retorno a la democracia Carabineros mostró una gran capacidad comunicacional. Cambia su imagen corporativa, los autos negros que había tenido durante años. Muestra una cercanía comunitaria donde en rigor la comisaría es un lugar de atención a la comunidad. No es extraño ver notas de carabineros atendiendo partos o niños disfrazados de carabineros. Por lo tanto, enfrentar la seguridad pública requería apoyar a carabineros. Los temas de seguridad pública son sensibles a cualquier gobierno”, dice el abogado Luis Cordero Vega, académico de la Universidad de Chile.
El blindaje político
Y fue justamente apoyo lo que encontró la policía uniformada desde el Gobierno. Dos días después del incidente en Panguipulli, el Presidente Piñera interrumpió el silencio de sus vacaciones para respaldar a Carabineros y el uso del control de identidad. “Llama la atención que ningún ministro o subsecretario del Interior, se haya enfrentado a Carabineros. Nunca. Los voceros de las agendas de la policía siempre han sido los ministros y subsecretarios. El mejor ejemplo es Aleuy y su decreto espía. Después viene Huracán, lo que da cuenta de que esas agendas se manejaban desde el interior de la policía hacia afuera”, dice Cordero y explica algo que suena muy parecido al diagnóstico de que los uniformados “se mandan solos”.
“Carabineros ha tenido siempre una fuerte incidencia en los debates de seguridad. Explícita o implícitamente. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma procesal penal, buena parte de los temas de investigación criminal iban a quedar en la Policía de Investigaciones, y Carabineros peleó mucho para que no fuese así. Quedaron las dos policías, a discreción de los fiscales para hacer la investigación”, agrega Cordero.
Una prueba del poder político que, a diferencia de los índices de confianza y el apoyo ciudadano, goza de buena salud en Carabineros, es lo que ocurrió cuando la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar admitió que es “una convencida y, el Presidente lo sabe, de que sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros, sobre todo en materia de orden público”, dijo el miércoles en entrevista con radio ADN. El comentario fue compartido en el Whatsapp de los 40 generales que conforman el alto mando de la institución. Ricardo Yañez, general director que estaba de vacaciones, le expresó su molestia al Gobierno, asunto que el ministro del Interior no tuvo problemas en reconocer públicamente el viernes. “Hay un malestar efectivamente, pero tiene que ver con la semántica de la palabra ‘reforma’ versus ‘refundación’, y es una semántica que se ha usado políticamente”, dijo Delgado.
Pese a lo expresado en estudios recientes, como el Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21 que muestra un 61 % de rechazo a Carabineros, o la encuesta Cadem de noviembre que muestra que sólo uno de cada cuatro personas le cree a Carabineros, en la clase política y en el Gobierno en particular, la institución es tratada con una delicadeza que cuesta ver hacia otras instituciones públicas.
“Progresivamente ha adquirido un blindaje que es bastante inusual. Comparada no sólo con otras instituciones del Estado, sino con otras policías a nivel mundial. Este blindaje se sustenta en que Carabineros se rige por una Ley Orgánica Constitucional. Cualquier cambio que se le quiera hacer a Carabineros de Chile es prácticamente lo mismo que cambiar la Constitución. Esta Ley Orgánica ha sido el manto protector de la institución. En paralelo, lo que ocurre es que el poder progresivo de Carabineros ha generado impunidad”, dice Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21.
Una billetera gorda
El dinero entrega autonomía y el caso de Carabineros puede ser un ejemplo. El presupuesto 2021 para la institución está cifrado en US$ 1.595 millones. Una baja respecto de los US$ 1.737 millones de 2020. Pero esta disminución se ve anecdótica respecto de lo que ha sido la tendencia en las últimas décadas. Según un estudio de Flacso, firmado por Mireya Dávila, entre 1990 y 2000, el presupuesto de Carabineros aumentó en un 86 %. En el mismo sentido, una investigación de Libertad y Desarrollo afirma que entre 2000 y 2010 el presupuesto de la policía uniformada tuvo un incremento del 95 % real.
“Yo no veo en esto temas de corrupción honestamente, no tengo antecedentes para sostener eso, lo que sí veo es una rentabilidad directa de la política en los temas de seguridad. Que fue uniforme a todos los gobiernos democráticos. Y que llevó a que el Congreso aumentara presupuesto, dotación y atribuciones con bajo o nulo escrutinio. Hay una cierta responsabilidad de todos quienes asignaron ese set de atribuciones, sin preguntarse cómo están los controles internos, cómo están siendo evaluados”, dice Luis Cordero, quien precisa que la falta de escrutinio o vigilancia de los recursos explica en parte el fraude en la institución por $ 28 mil millones.
En otras palabras, la clase política ha entregado a través de los recursos económicos una autonomía a Carabineros que hoy es difícil de restringir, en parte también porque sería impensable que hubiese una huelga de brazos caídos entre los policías o una decisión de no actuar que pudiera generar una gran alteración de orden público. Basta recordar lo que ocurrió en abril de 1998 cuando unas 40 mujeres protestaron por las condiciones laborales. Fueron reprimidas por carros lanza agua y sus maridos dados de baja.
“Nadie quiso escarbar más abajo para ver lo que pasaba. Por años no se cuestionaron las cifras que entregaban. Por años Carabineros iba directamente a hablar con la Dipres. No pasaba por los conductos regulares. Definía directamente su presupuesto. Por años tenía una respuesta a las detenciones, a los motivos de las detenciones sin que nadie los interpelara”, dice Eduardo Vergara.
El director de Chile 21 cree que hay un error en decir que los carabineros “se mandan solos”, porque la autonomía expresa el error de la clase política de no hacerse cargo de la seguridad pública.
“La seguridad pública fue delegada a Carabineros y porque los gobiernos de la concertación vieron un fierro caliente. La responsabilidad caía sobre Interior, pero quienes ejecutaban la seguridad pública era Carabineros de Chile. En lo personal creo que aquéllo de que se mandan solos es una tesis de la elite. La real responsabilidad es política, que se arrastra de todos los gobiernos pero se profundiza con Piñera porque decide acoplar la aprobación de Carabineros con la aprobación política del Gobierno”.
La gran cantidad de recursos del presupuesto público a Carabineros no se ha visto reflejada, teniendo en cuenta los últimos casos de atropellos a civiles en procedimientos policiales, en una capacitación acorde a los tiempos y a los cambios en la ciudadanía que la institución debe proteger.
Según Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, y uno de los gestores de la reforma Procesal Penal “frente a la demanda ciudadana por el control del delito, el Gobierno, y en eso ha habido cierta continuidad, aunque este Gobierno ha ido un poco más allá que los anteriores, este Gobierno ha hecho un despliegue policial especialmente agresivo. No reconociendo que hay una precariedad institucional de tal magnitud que debiera llevarlos a ser más prudentes. En cambio, lo que hacen es dar una respuesta muy agresiva, cuya principal expresión, en mi opinión, es esta desastrosa política pública de exacerbar el control de identidad y transformarlo en la única respuesta que la policía tiene para lidiar con problemas de distinta naturaleza”.
En relación al caso Panguipulli, la falta de capacitación podría llegar a la esfera judicial. Si la familia de Francisco Martínez llegara a demandar al Fisco, tiene un precedente en el fallo de la Corte Suprema de 2018, que ordenó al Estado pagar los gastos médicos por más de $ 224 millones de Angelo Estrada, herido por un gendarme que disparó al aire en 2012 en medio del traslado de un reo.
“Lo que probablemente pase es que la familia quizá demande al Fisco y una de las grandes interrogantes va a ser cuántas veces ese policía recibió capacitación para llevar a cabo procedimientos de esas características. Lo que sí sabemos, por el fallo de 2018 es que no basta con que usted tenga dictados los protocolos, usted tiene que acreditar que capacita integralmente a las personas que administran armas”, explica Luis Cordero.
Ahora, la pregunta es si el Gobierno y el Congreso están dispuestos a cambiar el polémico control de identidad. Según un estudio de los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo, de la Universidad Diego Portales, publicado en diciembre de 2020, en 2019, por cada mil habitantes en Chile se realizaron 282,1 controles de identidad. Mientras que en Nueva York fue de 1,6 personas. En Inglaterra y Gales de 7 personas y en España de 141. Según esta investigación entre 2017 y 2018 se realizaron en Chile. Para ese mismo período se observó menos de un 4 % de eficacia. En el mismo sentido, sólo en 2019 Carabineros hizo un total de 5.077.345 controles preventivos de identidad.
“La política desde hace muchos años no se muestra dispuesta a encarar una reforma de largo aliento, sin duda que eso es comprensible, los políticos están cada vez más cortoplacistas y esta reforma no va a tener efecto sino en el largo plazo. Incluso en el corto plazo podría tener algunos costos importantes. A pesar de que este Gobierno manifestó desde Piñera 1 la voluntad de hacer una gran reforma policial, ha venido evitándolo y a esta altura ya sabemos que no lo va a encarar”, dice Cristián Riego.
En esto coincide Eduardo Vergara, pero agrega que la reforma a Carabineros será un tema crucial para quien quiera ser el próximo Presidente o Presidenta de la República. Si un candidato o candidata no tiene capacidad de desarrollar un programa de gobierno en que, al centro de la seguridad, que está asociada con la desigualdad en Chile, haya una oferta, una alternativa para reformar a Carabineros de Chile, no va a ser un programa viable. Va a tener en sus espaldas una institución pésimamente evaluada. No hay margen para que el nuevo gobierno pueda no hacer esta reforma. Nadie puede decir que no lo vio venir.
