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Crédito: ATON
El IX Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2020 del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló brechas de conocimiento y una baja institucionalización de la protección de datos personales en el sector público, como ausencia de procedimientos en los servicios o inexistencia de encargados. Los datos reflejan un escenario que es un caldo de cultivo para situaciones como la divulgación masiva de RUT de la plataforma Comisaría Virtual o la vulneración de la privacidad de pacientes en compras de hospitales y servicios de salud, casos detectados por el CPLT en sus fiscalizaciones. “El tratamiento que hagan los trabajadores del sector público sobre nuestros datos personales debe estar basado en el conocimiento de la normativa y de sus obligaciones”, subraya la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.
Una luz amarilla en el cuidado de los datos personales de los ciudadanos en manos del Estado, detectó el IX Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2020 del Consejo para la Transparencia (CPLT).
En concreto, el estudio reveló brechas de conocimiento y una baja institucionalización de la protección de datos personales en el sector público, como ausencia de procedimientos o inexistencia de encargados, a pesar del consenso existente entre el personal del Estado sobre los derechos al tratamiento y manejo de información personal de los ciudadanos.
Lo preocupante del estudio es que sus datos reflejan un escenario que es un caldo de cultivo para situaciones como la divulgación masiva de RUT de la plataforma Comisaría Virtual o la vulneración de la privacidad de pacientes en compras de hospitales y servicios de salud, casos detectados por el CPLT en sus fiscalizaciones.
“Una de las cuestiones que llamó la atención en nuestro estudio nacional de funcionarios, es que a pesar de que es transversal en todos los estamentos el reconocimiento a la protección de datos personales y a ejercer derechos como el de oponerse a su uso o modificar su información personal, existen brechas que no han permitido a los trabajadores internalizar el cuidado y tratamiento de esta información –asociados principalmente con el desconocimiento de la normativa”, explica la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.
El estudio revela una serie de datos, como el hecho de que entre los funcionarios públicos predomina el desconocimiento en materia de protección de datos personales: un 45% de los encuestados señala conocer la existencia de alguna normativa que resguarde datos personales y sólo un 17% menciona conocer una institución que garantice su protección, cifras que representan un retroceso desde el sondeo de 2019.
Al igual que en la medición del año anterior, las cifras de 2020 muestran además que sólo 3 de cada 10 funcionarios públicos señalan la existencia en su institución de mecanismos y procedimientos para proteger los datos de los ciudadanos. La cifra es aún más baja al preguntar por la existencia de un funcionario encargado de la protección de datos personales, llegando a un 20%, aunque esta cifra representa un aumento significativo respecto del año anterior (17%), indica el estudio.
Asimismo, aunque se observa un aumento respecto de la medición anterior, sólo 3 de cada 10 funcionarios señala haber recibido capacitación relativa a protección de datos personales. “Estos bajos niveles de capacitación que podrían derivar de la escasa institucionalización de la temática entre los funcionarios del sector público”, apunta el estudio.
Por estamentos, los funcionarios con cargos directivos poseen un conocimiento mayor tanto de la normativa como de la institución (69% y 32% respectivamente). Esto es significativamente mayor que el conocimiento que poseen los no profesionales, ya que un 37% de este grupo señala la existencia de una normativa y el 16% de una institución.
Lo mismo ocurre con el conocimiento sobre mecanismos o procedimientos, donde un 44% del estamento directivo y un 33% del profesional señala conocer esta institucionalidad en comparación al estamento no profesional (28%), añade el estudio.
El sondeo también detectó diferencias a nivel de institución, y son los funcionarios de organismos de la administración central (46%) y de organismos autónomos del Estado (53%) los que señalan en mayor medida la existencia de una normativa, por sobre el 36% de los funcionarios municipales.
Respecto a las posibles soluciones, De la Fuente señala que “desde el Consejo tenemos desafíos ante los cuales responder en materia de transparencia y protección de datos personales, tanto en materia de capacitación como de generar conciencia sobre la relevancia de estos temas, no sólo entre los ciudadanos sino también entre los funcionarios del Estado”.
“El tratamiento que hagan los trabajadores del sector público sobre nuestros datos personales debe estar basado en el conocimiento de la normativa y de sus obligaciones. Como institución estamos reforzando este trabajo con la inclusión del tema en nuestras capacitaciones y de cursos específicos sobre este tema en nuestro portal educativo educatransparencia. En 2020 aumentamos en un 26% la cifra de personas capacitadas con respecto al año anterior, pero sabemos que es un trabajo que debemos reforzar, con foco especial en funcionarios públicos y, como tenemos planificado para este año, entre las nuevas autoridades locales y profesores”, añade.
En diciembre del año pasado el CPLT publicó recomendaciones asociadas al tratamiento y resguardo de datos personales, por parte de los organismos públicos. Pero la gran demanda de esta entidad es la necesidad de modernizar una normativa de 1999 en este ámbito. El proyecto de ley actualmente en trámite en el Congreso, establece que sea el CPLT el organismo independiente a cargo de velar por el derecho a la protección de datos personales y establece facultades de fiscalización y sanción en caso de incumplimientos.
