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Crédito: ATON
Cerca de 300 personas se encuentran varadas en Santiago esperando regresar a Rapa Nui, entre ellos, pertenecientes a la etnia y trabajadores esenciales de instituciones públicas, debido a una serie de manifestaciones y tomas que se han registrado en el Aeropuerto Internacional Mataveri de Isla de Pascua. Tras una serie de gestiones, finalmente un avión de la FACh traerá a la isla a un grupo de estas personas, dándoles prioridad a residentes y a profesores. El resto tendrá que esperar. El temor a nuevas manifestaciones existe. Y por partida doble, ya que las manifestaciones para evitar la llegada de estos «ingresos injustificados» era un tema, aunque de acuerdo al alcalde Pedro Edmunds, hay otro conflicto relacionado con derechos de propiedad que tiene que solucionar el Gobierno, pero «no lo ha resuelto».
Rapa Nui tiene su propio foco de conflicto en el Aeropuerto Internacional Mataveri. Durante esta semana, el principal ingreso a la isla ha sido tomado por residentes para impedir los «ingresos injustificados».
Un avión Latam debía aterrizar en Rapa Nui el pasado 12 de febrero, pero esto no ocurrió debido a que los manifestantes se instalaron en el área de descarga del aeropuerto. Si bien desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tuitearon casi una semana después «que el aeropuerto y su pista de aterrizaje se mantienen operativos», cerca de 300 personas a la fecha no pueden regresar debido a este motivo. Entre ellos, pertenecientes a la etnia rapa nui y gente «del conti» -como la llaman ellos- que cumple funciones en el hospital del lugar o en otros puntos críticos como la Policía de Investigaciones.
Este viernes debía llegar un avión, pero según detallan, Latam y la misma DGAC «decidieron no volar en ese avión hasta que la isla garantice su seguridad operacional», como dijo la gobernadora Tarita Alarcón al diario El Mercurio. Los manifestantes reclaman que el aterrizaje vulneraría la Ley de Residencia de Rapa Nui, cuyas implicancias incluye la restricción de llegada de los afuerinos a la isla. Por eso, piden una modificación en la ley de residencia, que permite a los turistas quedarse solo 30 días, un tiempo que en pandemia no se ha respetado.
Desde el municipio de Rapa Nui, comandado por Pedro Edmunds, lograron llegar a un acuerdo para realizar cambios a esta ley de residencia, como una modificación que dé facultades de resolución y fiscalización a la etnia en el cumplimiento de las condiciones que habilitan a continentales a vivir en la isla. Pero finalmente la rúbrica no se hizo este jueves, y al final se restaron de la redacción.
El alcalde, en conversación con El Mostrador, lamentó el hecho, aunque afirmó que el conflicto está solucionado por ahora. De hecho, adelantó que la próxima semana debería llegar a la isla un vuelo. Pero no será Latam, sino uno de la FACh, que traerá a pertenecientes a la etnia rapa nui y a los profesores; dejando fuera a más de 100 personas, que eran trabajadores esenciales de las instituciones públicas y venían a hacer recambio con los que ya se encontraban en la isla.
«Con lo que respecta a esto, ya no hay más. Llegamos a un acuerdo», sentencia el alcalde.
No es el único conflicto que vive el aeropuerto. «Antes que esta gente llegara ahí, ya había una protesta y ocupación por una familia que reclama derechos de propiedad», dice el jefe comunal. Según detalla, en el Gobierno de Sebastián Piñera 1, el Ministerio de Bienes Nacionales llegó a un acuerdo para conformar mesas de diálogo con la familia Roe, quienes reclaman que son dueños de una parte del territorio donde está el aeropuerto.
«Ese Gobierno quedó en prestarle una solución, y no lo hizo. Se traspasó al Gobierno de Michelle Bachelet y tampoco hicieron algo. Luego este Gobierno, y tampoco han hecho algo. Entonces la familia entró a ocupar ese espacio», explica Edmunds. El alcalde explica que siguen ahí, que están «creando una inestabilidad en ese punto y no entiendo por qué este Gobierno todavía no toma solución. Ahí está al debe este Gobierno con esta familia», añaden.
«Este punto del conflicto todavía está pendiente. El Gobierno no ha resuelto eso. No sé si es porque no tiene voluntad o qué se yo, pero no lo han hecho. Eso sigue ahí, es un asunto pendiente, un conflicto pendiente porque nos tiene a todos preocupados porque la solución la tiene el Gobierno», dice. «Esto afecta en nuestro futuro desarrollo», reconoce.
Ante la pregunta sobre si el municipio se ha comunicado con el Gobierno para buscar solución al tema, Edmunds es tajante: «El Gobierno no habla con nosotros hace más de un año». «No dialoga con nosotros el Gobierno, como tampoco lo hace con el sur. No hay diálogo, no creen en el diálogo en este Gobierno», cierra, aludiendo al conflicto en La Araucanía.
