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Contraloría entra a caso Enjoy y decide fiscalizar fideicomiso ciego del Presidente Piñera

por 25 marzo, 2021

Contraloría entra a caso Enjoy y decide fiscalizar fideicomiso ciego del Presidente Piñera

Crédito: Aton

El ente de control ofició a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a tres administradoras de fondos de inversión (BTG Pactual, Moneda Asset y Altis) que manejan las platas del Mandatario. El foco está en que tanto BTG Pactual como Moneda Asset invirtieron en Enjoy, empresa que fue beneficiada por la Superintendencia de Casinos, y el polémico decreto 77 firmado por el Presidente y el ministro de Hacienda, lo que ha alimentado las sospechas sobre los vínculos de Piñera con el negocio. Desde Presidencia reaccionaron indicando que el anuncio de Contraloría “es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880”. La indagatoria del órgano contralor, si bien es de oficio, se produce tras expresas peticiones, como las formuladas por el abogado Luis Mariano Rendón y el diputado regionalista Jaime Mulet, pidiendo fiscalizar el manejo de las platas del Primer Mandatario [ACTUALIZADA]
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El caso Enjoy se está transformando en una pesadilla para Sebastián Piñera, al confirmarse esta tarde que la Contraloría General de la República ha decidido realizar la revisión del fideicomiso ciego del Presidente de la República.

Con este objetivo, el ente de control ofició a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a tres administradoras de fondos de inversión (BTG Pactual, Moneda Asset y Altis) que manejan las platas del Mandatario.

“La Contraloría General de la República informa que, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere el inciso segundo del artículo 47 de la ley N° 20.880, sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses, ha oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero y a tres administradoras de fondos de inversión (…) con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan el mandato especial de administración de cartera de valores (fideicomiso ciego)”, señala el comunicado del organismo que encabeza Jorge Bermúdez.

El artículo legal citado por el órgano contralor avala su desembarco en el tema, dado que el texto señala que “las sanciones establecidas para las autoridades de la Administración del Estado señaladas en este Título serán aplicadas por la Contraloría General de la República, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 (…) en ejercicio de su rol fiscalizador, la Contraloría podrá requerir información a las autoridades obligadas por este Título y a quienes ejerzan como mandatarios conforme al mismo”.

Desde Presidencia reaccionaron indicando que el anuncio de Contraloría “es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses”.

Polémico decreto

Si bien la investigación abierta por la Contraloría es de oficio, cabe recordar que ante el ente contralor hubo expresas peticiones, como las formuladas por el abogado Luis Mariano Rendón y el diputado regionalista Jaime Mulet, pidiendo tomar cartas en el asunto y fiscalizar el manejo de las platas del Presidente.

Para el diputado Mulet, "lo que ha anunciado la Contraloría está muy bien, queremos que esto se aclare en profundidad. En Chile no hay nadie por sobre la ley, ni el Presidente de la República. Estamos hablando de un fideicomiso, de un beneficio que habría recibido indirectamente el grupo económico del Presidente y creemos que eso se debe investigar profundamente”.

El foco está en que tanto BTG Pactual como Moneda Asset -que administran platas del Mandatario- invirtieron en Enjoy, empresa que fue beneficiada por la Superintendencia de Casinos y el polémico decreto 77 firmado por el Jefe de Estado y el ministro de Hacienda.

“El decreto está hecho como traje a la medida, ya que al único que favoreció fue a Enjoy, ya que así no se cobraron las boletas de garantía”, señaló en El Mostrador en La Clave la periodista Alejandra Matus, quien ha impulsado la investigación del caso.

El “salvataje” del Mandatario a la empresa de la familia Martínez, le permitió extender los actuales permisos de operación de cuatro casinos municipales operados por Enjoy (Viña del Mar, Puerto Varas, Coquimbo y Pucón), lo que ha hecho alimentar las sospechas respecto al caso, y los vínculos de Piñera con el tema.

Desde fuentes allegadas al caso explican que, si bien las reglas del fideicomiso ciego permiten una sola comunicación formal al inicio de la relación, eventualmente existe la posibilidad de una comunicación excepcional con Piñera o Bancard, el family office del Presidente, y eso es lo que pretende despejar la indagatoria de la Contraloría.

En este tema también se pronunció el diputado Rodrigo González (PPD), quien sacó a colación otra arista de caso, que apunta a las mismas empresas del fideicomiso ciego del Presidente de la República con una triangulación de platas desde las AFPs hacia los grandes grupos económicos del país. A su juicio, la decisión de Contraloría es “producto de trabajo que realizamos en la comisión investigadora de casinos y de los oficios que enviamos al contralor pidiendo que Moneda Asset y BTG Pactual fueran investigadas por la intermediación de fondos que pertenecen a los trabajadores y que no debieran haber ido nunca a parar a los grandes grupos económicos como quedó demostrad en los oficios enviados por el superintendente (Osvaldo) Macías”.

Cabe recordar que Enjoy se ha defendido señalando que el controvertido decreto fue visado por la propia Contraloría General de la República, bajo el argumento de que esta entidad “dictaminó expresamente que las extraordinarias circunstancias sanitarias en las que se encuentra el país como consecuencia del brote del COVID-19 ha configurado una situación de caso fortuito y que por ello es justificable el otorgamiento plazos excepcionales a la industria de los casinos”, como sostuvo en un inserto publicado en La Tercera y El Mercurio. Sin embargo, fuentes del  caso puntualizan que la toma de razón representa solo un acto de forma, de legalidad, y no hubo un pronunciamiento sobre el fondo de lo firmado por el Presidente.

 

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