El profesor de Derecho Penal de la UDP fustigó el hecho de que esta administración no ejecutara un plan de seguridad que la ley que rige al Ministerio de Interior exige una vez instalado en el poder, lo que “da cuenta de que abandonó una planificación más estructurada”. En ese sentido, acusó al Gobierno del Presidente Piñera de haber “preferido una política criminal muy poco racional, fundamentalmente basada en respuestas de emergencia frente a problemas de emergencia que adquieren cierta dimensión social”. Y si bien hizo la salvedad de que la delincuencia es transversal a todo Gobierno y que ninguno ha llevado a cabo una política muy diferente al otro con miras a la contención de este fenómeno, sí acusó lo que ha calificado como una “política criminal huachaca”, consistente en “un estilo de enfrentar los problemas de delincuencia que se basa en una suerte de pensamiento mágico, donde la única herramienta que se pone, para cualquier problema, es la ley”. El académico habló de la urgencia de separar a la cartera del Interior de la doble responsabilidad de velar por la conducción política del Ejecutivo y, al mismo tiempo, ser responsable de la seguridad del país.
Los últimos meses son pan de cada día, en televisión y radio, las noticias sobre violentos asaltos como el del mall Alto Las Condes el viernes, abordazos y portonazos, lo que ha instalado un fuerte y generalizado clima de inseguridad. Al respecto, el abogado Mauricio Duce –académico de la UDP, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal– puso énfasis en que, si bien la situación es crítica, existe un contraste entre la percepción ciudadana del nivel de delincuencia y los datos comparativos del problema.
-¿Cómo evalúas la sensación que existe en la ciudadanía y el nivel de la delincuencia en el país en este momento?
-Obviamente, hay una sensación sumamente crítica, que básicamente tiene instalado que estamos con un problema de seguridad que se ha agravado con el curso de los años y en los últimos meses. Lamentablemente esto da cuenta de una suerte de disociación entre lo que ha ocurrido, entre la realidad y la percepción. Los datos del 2020 consistentemente muestran que hubo una baja significativa en la gran mayoría de los delitos, salvo en los homicidios. Los homicidios, eso sí, son delitos que estadísticamente representan una porción muy baja, pero tienen un alto impacto público. El 2020 –déjame avanzar una hipótesis que es la más probable–, esta baja significativa de entre un 30% y 40% de delitos contra la propiedad, como robos, obedece principalmente a las restricciones que impuso la pandemia, no es que como Estado lo estemos haciendo bien, no es una cifra para descorchar champaña y celebrar. Hay una situación delicada, hay indicadores que muestran aumento de violencia y de uso de armas. Pero hay una disociación muy importante, porque la gente tiene la impresión que los portonazos o los robos a domicilios aumentaron y eso se mueve en disminuciones que van entre 30% y 40% a nivel nacional. Obviamente, en una comuna o barrio o territorio específico podría ser que estén sobre el promedio.
[cita tipo=»destaque»]Entonces, estamos en un ciclo donde cada vez que ocurre un hecho grave de connotación pública, sale la autoridad gubernamental a anunciar un proyecto, ni siquiera tiene el proyecto, anuncia que lo va a enviar. Pone el foco con harta parafernalia y genera debate en torno al proyecto. El proyecto se presenta varias semanas después, muchas veces sin cambios fundamentales, por ende, no se explica por qué se demora tanto tiempo. La mayoría de las veces estos proyectos son aumentar penas, retipificar delitos que ya están en nuestra legislación o dar más facultades policiales. Luego, para generar la sensación de que se están haciendo cosas, es el Parlamento el que no responde, y presiona al Parlamento y, al final, aprobar el proyecto es la política criminal. Por tanto, estamos en un ciclo perfecto que te permite dar la sensación de seguridad, de que te estás haciendo cargo, pero no enfrentando los problemas.[/cita]
-¿Cuánto de responsabilidad hay de los medios de comunicación en la sensación, y también de las propias autoridades políticas?
-Ello explica en parte esta disociación entre elementos objetivos y la percepción. No creo que sean las únicas causas, pero déjame decirte que hay evidencia que muestra que, cuando la gente opina, por ejemplo, en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, le preguntan a la gente cuál es su percepción respecto de la delincuencia y, cuando habla de lo que ocurre en el país, la gente tiende a decir que aumentó, a pesar de que en esos años ha disminuido la tasa de victimización. Y si le preguntan en su barrio, la gente dice se ha mantenido. Y luego se le pregunta cómo ha obtenido información respecto de la delincuencia a nivel nacional: dicen los medios de comunicación y, en su barrio, por la experiencia. Esto sugiere que la percepción que ven en los medios tiende a inflar esta idea de que hay más delincuencia y esto tiene que ver con el tipo de cobertura y dedicación de los medios.
Por ejemplo, en estos días me tocó ver un matinal y una cierta responsabilidad ética, creo yo. Una periodista muy conocida del canal público, está mostrando el caso de una encerrona y concluye diciendo: «Bueno y si atrapan a esta persona, no va a pasar nada, porque a la gente la atrapan y queda libre, esto es impresentable y lo que tenemos que hacer es tener que subir las penas». Sin ningún rigor, no solo periodístico, sino que sin ningún rigor empírico y, claro, si esa es la información que se transmite a la ciudadanía, es más o menos obvio que la gente tenga una percepción que pueda tener una cierta distorsión. La verdad es que realmente el problema de las encerronas, que ya tienen penas altas, no es el problema de la falta de penas, el problema es que en nuestro sistema no estamos atrapando a esas personas, por lo tanto, que la solución de aumentar las penas no sea la mejor para ese caso en concreto.
Se dicen y se comunican muchas cosas, y muchas señales falsas. El sistema muestra que, de cada diez personas para las que el Ministerio Público pide prisión preventiva, nueve la obtienen, por lo tanto, esta imagen de que todos entran y salen no responde a lo que ocurre, ahí hay una responsabilidad. Y en segundo lugar, en el Gobierno, que hace política también, hay un porcentaje importante, aquí se ha instalado un cierto negocio político con el tema de la seguridad que es muy irresponsable.
-El mismo presidente de la UDI, Javier Macaya, en una entrevista dice que la batalla contra la delincuencia se perdió. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se genera?
-Yo tiendo a pensar que muchas de las afirmaciones que hacen son transversales, porque estos son fenómenos que se vienen presentando en distintos gobiernos y las respuestas no han sido significativamente diferentes. Lo que están buscando las autoridades es una cierta empatía con la ciudadanía. Cuando está instalada la idea de que hay un problema grave, ninguna autoridad quiere salir poniendo paños fríos diciendo ‘mire, de cada diez personas que se atrapan, nueve quedan en prisión preventiva’. ¿Por qué? Porque es una situación donde les van a decir que no los toman en consideración ni son sensibles con lo que les ocurre. La autoridad política, con bastante responsabilidad, ha abandonado el rol de conducir una política criminal razonable y lo que ha tendido a hacer es, fundamentalmente, para generar empatía y popularidad, someterse a un espiral de populismo cada vez más intenso.
Yo empatizo con las víctimas y su sensación de que los problemas de seguridad en su barrio han aumentado, tendremos que trabajar con ellos. Pero muy distinto es si yo soy una autoridad y estoy encargado de llevar adelante la política pública. Por eso mi enojo con la periodista del canal público, que tiene un deber distinto de comunicar, tiene que informarse, o de la autoridad y su responsabilidad en la política pública. Al ciudadano lo entiendo perfectamente, pero son roles distintos y en un Estado de Derecho hay que saber qué rol tengo asignado y ser responsable con ello.
-¿Existe un punto de inflexión, como han planteado algunos, respecto de la sensación de inseguridad que existe, en contraste con los datos, y aquello relacionado con la crisis que está sufriendo Carabineros, ya sea por todas las denuncias que existen luego del estallido o los casos de corrupción? ¿Hay alguna relación?
-Tengo la impresión de que aquí los temas son distintos, la sensación de inseguridad, la percepción de que ha aumentado el delito, tiene una cierta variación en el tiempo, pero siempre ha venido al alza y, como te digo, muchas veces desajustada de los datos, que muestran que la victimización había bajado durante diez años en Chile. Tuvimos un momento muy consistente de baja respecto de la victimización, y la sensación de seguridad venía aumentando. Lo que yo creo que sí es un factor propio de los últimos años, es que los niveles de credibilidad y confiabilidad de las instituciones del sistema judicial y las autoridades, incluidos Carabineros, se ha desplomado. La poca confianza de las personas en las instituciones que pueden llevar adelante las soluciones para resolver el problema, obviamente, agravan la situación. Hoy, como nunca, los niveles de confianza en Carabineros, tribunales, en el Ministerio Público, Parlamento y Gobierno han bajado. Lamentablemente, lo que uno aprecia es que no sin razón.
En buena medida las propias autoridades han tendido a la superficialidad para enfrentar el tema y el populismo vacío ha llevado a que la gente les esté cobrando la cuenta. Es decir, que se prometan cosas o no se hagan y, por tanto, no existan avances en concreto, o situaciones como Carabineros que no se hace cargo de un problema importantísimo de legitimidad, o en las instituciones a veces del sistema de justicia criminal, Ministerio Público, tribunales, no han entendido lo relevante que es comunicar adecuadamente, generar vínculos más estrechos con las comunidades, de manera tal de construir más legitimidad, no hay política muy clara en esto, a veces son instituciones poco sensibles, con respuestas burocráticas y eso a veces la gente lo percibe.
-Para la derecha la delincuencia y seguridad han sido su caballito de batalla electoral, con frases célebres como «delincuentes, se les acabó la fiesta» o la «puerta giratoria». En este Gobierno hemos tenido hitos clave, como los patrullajes de los viernes del exministro del Interior Andrés Chadwick, el control de identidad, el Comando Jungla. ¿Cuánto influye en el comportamiento, ya sea de la delincuencia o de la sensación de la gente este tipo de políticas públicas para enfrentar la delincuencia?
-Creo que lo que uno puede diagnosticar a esta altura, ya a más de tres años de Gobierno, es que este Gobierno ha sido enormemente decepcionante en términos de construir una política criminal o de seguridad que responda a parámetros mínimos. Independiente que uno esté de acuerdo o no, pero lo que ellos no han sido capaces de construir siquiera, es la ley que regula al Ministerio del Interior, que establece que dentro de los primeros meses, desde que asume el nuevo Gobierno, se debe hacer un plan de seguridad para el cuatrienio, que debería ser la carta de navegación que oriente a toda la política de seguridad y criminal. Es decir, la estrategia de cómo el Estado enfrenta el fenómeno de la delincuencia, tiene que tener una proyección de largo plazo, sin perjuicio de fijarse metas de corto, mediano y largo plazo, y no responder simplemente a propuestas anecdóticas para problemas particulares.
Este Gobierno no hizo ese plan de seguridad, es el único Gobierno de los últimos que no hizo ese plan. Da cuenta de que abandonó una planificación más estructurada de eso. En cambio, lo que han preferido es una política criminal muy poco racional, fundamentalmente basada en respuestas de emergencia frente a problemas de emergencia que adquieren cierta dimensión social. Hay temas transversales que se han intentado, pero particularmente los últimos años la política criminal se ha caracterizado por respuestas en situaciones de emergencias donde hay una enorme presión pública, y que en una columna que publiqué la denominé «política criminal huachaca”. Un estilo de enfrentar los problemas de delincuencia que se basa en una suerte de pensamiento mágico, donde la única herramienta que se pone, para cualquier problema, es la ley. En segundo lugar, una concepción naif, ingenua, que enfrenta problemas complejos con soluciones simples, fundamentalmente legales, que suponen van a ser capaces para resolverlos.
Una política que se realiza sin considerar evidencia que la sustente, de cómo ha funcionado en otros lados, más bien –en muchos casos– con desprecio a la evidencia, por ejemplo, los controles de identidad, con muy poco rigor técnico. Y además, lo que importa es aprobar proyectos de ley sin que se haga seguimiento. Entonces, estamos en un ciclo donde cada vez que ocurre un hecho grave de connotación pública, sale la autoridad gubernamental a anunciar un proyecto, ni siquiera tiene el proyecto, anuncia que lo va a enviar. Pone el foco con harta parafernalia y genera debate en torno al proyecto. El proyecto se presenta varias semanas después, muchas veces sin cambios fundamentales, por ende, no se explica por qué se demora tanto tiempo. La mayoría de las veces estos proyectos son aumentar penas, retipificar delitos que ya están en nuestra legislación o dar más facultades policiales. Luego, para generar la sensación de que se están haciendo cosas, es el Parlamento el que no responde, y presiona al Parlamento y, al final, aprobar el proyecto es la política criminal. Por tanto, estamos en un ciclo perfecto que te permite dar la sensación de seguridad, de que te estás haciendo cargo, pero no enfrentando los problemas.
-¿Esto para ti tiene que ver con incapacidad, una fijación política respecto de la delincuencia o con populismo penal?
-Tiene que ver con varias cuestiones, la primera, es institucional y me parece que esto es clave para el futuro Gobierno también, pensando en Chile, que salgamos de esto. Hay un tema institucional que tiene que ver con que hay un problema en nuestro diseño institucional en que sea el Ministerio del Interior, con fuertes funciones políticas, el mismo responsable de la seguridad. Y en esa dirección, existe hoy un consenso bastante transversal, de hace bastante tiempo, de que la conducción de la política criminal o seguridad debiese estar en un Ministerio de Seguridad, que se escinda del Ministerio del Interior. Para este Ministerio de Seguridad, tener una conducción de la política de seguridad que requiere, sin ser ingenuos, siempre tiene un componente político, pero tiene que tener una base de término de importancia, y la construcción de un ministerio más especializado, por lo menos, ofrece la capacidad de generar capacidades técnicas, que no tenemos. Luego, permite establecer con mucha más claridad responsabilidades políticas frente al cumplimento. Y, además, probablemente en una aspiración donde nuestro Estado se pueda construir con un servicio civil más fuerte, permite dar más proyecciones de continuidad a las políticas de seguridad, más que solamente las de contingencia.
Una segunda cuestión, frente a la complejidad que tiene encarar temas como la delincuencia–como los problemas que están detrás, que muchos requieren cierta estrategia sofisticada de largo plazo, debido a la incapacidad que hay–, creo que algunos encontraron en esto un estilo que les produce réditos a corto plazo. Buscar que los incentivos no sean fuertes para operar con pan para hoy, eso significa populismo, medidas que tienen bonitas etiquetas pero que no sirven de nada, presencia en los medios, poder decir frases cuñeras. El problema es que pan para hoy, significa hambre para mañana. Se nos agotó el espacio que teníamos para girar en torno a un futuro, porque ya estamos en una situación compleja y hay que hacerse cargo de ella.
