El abogado e investigador del Observatorio Nueva Constitución opina que, antes de entrar a debatir sobre las nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio democrático, primero hay que digitalizar la democracia en el sentido de incorporar los derechos digitales al catálogo de los derechos fundamentales, como la protección de datos sensibles, el derecho al olvido y el acceso a una internet libre y de calidad. Esta discusión –sostiene el académico–, como también aquella derivada de la reflexión por aumentar los grados de participación democrática por la vía de la tecnología, será inevitable que se aborde en el debate de la Convención Constitucional, porque el propio funcionamiento de la misma lo va a impulsar, tomando como base la probabilidad de que varias sesiones sean telemáticas, en especial con los constituyentes de regiones.
