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El criterio de Fiscalía se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.
Ministerio Público reportó un total de 529.357 imputados que han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública durante el año 2021 y 2021, en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Del total, el 60% (318.922) ya recibió sentencia condenatoria por los tribunales de justicia.
A la fecha, un total de 446.386 imputados ha sido formalizado o requerido en juicio simplificado y/o monitorio.
Desde mediados de 2020, el criterio impartido en el Ministerio Público se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.
En el caso de los trabajadores coaccionados por el empleador, Fiscalía ha reiterado que no los perseguirá porque «entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas», indican. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener.
Respecto de los organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, y quienes asisten a ellos, la Fiscalía ha «instado a su persecución porque considera que éstos son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva», concluyen.
