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Crédito: Aton
En un fallo emblemático en las causas de financiamiento ilegal de la política, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó además como persona jurídica a la empresa corruptora Corpesca -de la familia Angelini- al pago de una multa de 10.000 UTM por soborno, aunque no accedió a la petición del Ministerio Público que buscaba además un castigo de cuatro años y un día de prohibición de celebrar contratos con el Estado. La instancia determinó que al exsenador UDI se le descontarán 1.300 días de los que estuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario, pero aun así deberá cumplir con la pena tras las rejas. Para la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, se trata de “una sentencia que marca un precedente”, dado que “constituye la primera condena por financiamiento delictivo de la política” [ACTUALIZADA]
El exsenador UDI Jaime Orpis se transformó en el primer político condenado a pagar con cárcel efectiva en una causa de corrupción, de acuerdo a la lectura de la sentencia realizada este viernes el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por el bullado caso Corpesca, de financiamiento ilegal de la política.
De acuerdo a lo resuelto por el tribunal, Orpis fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho.
La instancia determinó que al exsenador se le descontarán 1.300 días de los que estuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario de acuerdo a lo estimado por el tribunal integrado por las magistradas María Inés González Doris Ocampo y Claudia Bugueño.
Lo emblemático de la condena a Orpis es que se trata de presidio efectivo, aun cuando el Ministerio Público apostaba por una condena de 11 años tras las rejas y había solicitado siete años de cárcel por los dineros defraudados al Fisco y otros cuatro años por sus actos de cohecho.
En lo inmediato, se estableció que el exsenador Orpis cumplirá arresto domiciliario total mientras queda ejecutoriado el fallo que lo condenó a cárcel efectiva. Su defensa podría solicitar la nulidad del juicio a la Corte de Apelaciones, para lo cual tiene un plazo de 10 días.
Asimismo, el 3° TOP de Santiago condenó a Corpesca de la familia Angelini, como persona jurídica, al pago de una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM por soborno, perpetrados por su entonces gerente general Francisco Mujica Ortúzar.
En este caso, el tribunal no accedió a la petición del Ministerio Público, que buscaba una multa de 20.000 UTM (más de mil millones de pesos), además de cuatro años y un día de prohibición de celebrar contratos con el Estado.
En tanto, la exdiputada Marta Isasi fue condenada por un delito de cohecho a 50 días de prisión en su grado máximo, más un año y cinco meses de suspensión para cargos públicos y la multa de la “mitad de lo solicitado” a Corpesca, vale decir un equivalente a $20 millones.
En el caso de Isasi, dado que permaneció bajo arresto domiciliario por 53 días, la pena se da por cumplida.
La investigación se remonta al 2013, a partir de la denuncia de reiterados beneficios económicos proporcionados por la empresa pesquera controlada por el grupo Angelini a Orpis e Isasi, a través de la facilitación por parte de los exparlamentarios y de terceros de boletas de honorarios falsas, en un caso emblemático de platas negras en el financiamiento de la política, que se cruza además con la tramitación de la polémica Ley Longueira. Orpis fue senador entre 2002 y 2018 y renunció a la UDI en 2016 en medio de la investigación del caso.
Cabe recordar que el tribunal ya había desestimado la acusación de delitos tributarios reiterados presentada contra los dos exlegisladores -Isasi y Orpis- por el Ministerio Público.
Para la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong se trata de “una sentencia que marca un precedente”. “Estamos muy conformes con la resolución del Tribunal, constituye la primera condena por financiamiento delictivo de la política, que implica que un exparlamentario como Jaime Orpis deberá hacer un cumplimiento efectivo de esta condena”.
Asimismo, subrayó que “resulta ser un fallo interesante porque se condena por responsabilidad penal de la persona jurídica a la empresa Corpesca cuyo gerente general Francisco Mujica estuvo involucrado también en el pago de sobornos”.
Chong acotó que “pese a que las penas atribuidas por parte del Tribunal son menores a las que nosotros solicitamos en la audiencia correspondiente, lo cierto es que no parece que responden adecuadamente a la gravedad de los hechos”.
Dado que se trata de penas de cumplimiento efectivo, la Fiscalía solicitó formar sala para discutir la prisión preventiva del imputado. Consultada si el cumplimiento efectivo de la condena será en el Anexo Capitán Yáber, la fiscal señaló que es un tema que deberá determinar eventualmente Gendarmería “de acuerdo a la clasificación de riesgo que se haga en relación con el condenado”.
“Sin perjuicio de aquello, lo relevante resulta que efectivamente en un escenario igualdad ante la ley cualquier persona que sea condenada a una pena sobre 5 años un día no tiene derecho a penas sustitutivas”, indicó.
