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Crédito: ATON (Contexto)
Respecto a Lo Barnechea, el otro municipio que ha salido a la palestra, no hay nuevas acciones concretas en materia de fiscalización, poque ya existe un proceso en marcha, aclaró la Contraloría. “Hace cuatro meses iniciamos una amplia auditoría a dicho municipio”, señaló el órgano de control este viernes. En concreto, según pudo conocer El Mostrador, la Contraloría pidió a los municipios entregar información del presupuesto ejecutado en los años 2019, 2020, 2021; antecedentes de las auditorías internas realizadas a las subvenciones pagadas a organizaciones comunitarias; el detalle de estas entidades y el desglose de las platas; la vigencia de los convenios existentes, además del balance de comprobación y saldo del periodo requerido. Los municipios tienen un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta, y si a Contraloría no les satisface los antecedentes solicitados, puede abrir una auditoría normal o una investigación especial, entre otros [ACTUALIZADA]
Justo cuando varios municipios del sector oriente de la Región Metropolitana están en el ojo del huracán por irregularidades con recurso públicos, la Contraloría golpeó la mesa y exigió sendos informes a las municipalidades de Las Condes y Vitacura sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 y 2021 y que han abierto una “caja de pandora” en términos de mal manejo de recursos públicos.
Respecto a Lo Barnechea, el otro municipio que ha salido a la palestra, no hay nuevas acciones concretas en materia de fiscalización, poque ya existe un proceso en marcha. “Hace cuatro meses iniciamos una amplia auditoría a dicho municipio”, señaló el órgano de control este viernes, a través de sus redes sociales.
En concreto, según pudo conocer El Mostrador, la Contraloría pidió a los municipios entregar información del presupuesto ejecutado correspondiente a los años 2019, 2020, 2021; antecedentes de las auditorías realizadas por los respectivos municipios en relación a las subvenciones que se han pagado a organizaciones comunitarias; el detalle de las organizaciones comunitarias que recibieron subvenciones, y el desglose de las platas; la vigencia de los convenios existentes, además del balance de comprobación y saldo del periodo requerido.
El caso más bullado es lo que ocurre en Vitacura, donde su exalcalde por más de dos décadas, el RN Raúl Torrealba es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por recibir millonarias sumas de dinero en efectivo durante los últimos años de su mandato, lo que ha originado dos allanamientos, uno a la municipalidad y otro a su casa, además de una querella presentada por el mismo municipio que ahora dirige Camila Merino (Evópoli), por una trama de anomalías que tienen su foco en los programas Vita.
En el caso de Las Condes y Lo Barnechea, se investiga una «caja negra» que fue revelada en un reportaje publicado en el sitio web de América Transparente, donde se indicó que más de $14 mil millones han transferido en los últimos 3 años los municipios de Las Condes y Lo Barnechea a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas (“Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”), un mecanismo que conlleva riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos.
En Lo Barnechea, el alcalde Cristóbal Lira solicitó a Contraloría auditar la gestión anterior -de la época del hoy delegado presidencial Felpe Guevara- y actual del municipio. Además Lira presentó una denuncia ante la fiscalía por publicidad no pagada.
En Las Condes, el municipio realizó una denuncia correspondiente tras la difusión de un audio que da cuenta de eventuales irregularidades con el pago de sueldos en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Según este municipio que encabeza Daniela Peñaloza, la Unión Comunal debe rendir cuenta a la Dirección de Control municipal y documentar todas las contrataciones y gastos realizados con la subvención que se le entrega, y “todos los dineros otorgados por la municipalidad están sujetos y han sido fiscalizadas por la Contraloría General de la República sin objeciones”. De acuerdo a fuentes conocedoras del tema, esta última parte del comunicado no es efectiva, y lo que ocurre es que dada la magnitud de la administración estatal que debe cubrir la Contraloría simplemente hay ámbitos que quedan sin fiscalizar, como ha ocurrido en este caso.
El Mostrador tomó contacto con la municipalidad de Las Condes para conocer su reacción frente a este requerimiento de Contraloría, pero no hubo respuesta.
Ahora, los municipios tienen un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a los requerimientos de Contraloría, desde la recepción del documento. Una vez recibida la respuesta de los municipios se abren varios caminos, pero si a Contraloría no les satisface los antecedentes solicitados, puede abrir una auditoría normal o una investigación especial, esta última más acotada sobre un aspecto específico del funcionamiento del municipio, la que incluso podría derivar en los sumarios correspondientes.
