NUEVA CONSTITUCIÓN
En la normativa actual, que es la misma que se aplica a los parlamentarios, hay varias piedras que dificultan poder hacer efectiva la renuncia de un constituyente, porque el Tribunal Constitucional no tiene facultades para calificar la causal de enfermedad grave, que es la única puerta por la que podría cesar sus funciones un convencional. Pero además no tiene considerado el reemplazo de este cuando se trata de un independiente que llegó sin compañía de partidos políticos. Por eso es que las mayores apuestas están en que el Congreso Nacional haga una reforma constitucional corta para modificar dichos puntos, lo que para algunos podría ser un arma de doble filo. Otros defienden que sea el pleno del órgano constituyente el que pueda dictar normas complementarias para hacerse cargo de sus particularidades.
De la sorpresa, la Convención Constitucional (CC) pasó a la duda. La confesión del constituyente Rodrigo Rojas Vade –conocido como el «Pelao Vade»–, quien reconoció no tener cáncer, abrió un abanico de preguntas sobre su futuro. Si bien en La Tercera manifestó que «siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención», hoy el único mecanismo legal que existe tiene varias piedras en el camino, y las opciones para resolverlas son pocas y sin un consenso mayoritario aún.
La normativa que rige a la Convención es la misma que está sobre los parlamentarios, por lo que la única vía para renunciar al cargo es por una enfermedad grave, que en el caso del Congreso es calificada por el Tribunal Constitucional (TC), y que para el reemplazo solo tiene reglas respecto a quienes son parte de partidos políticos o para independientes que pactaron con colectividades. En esa línea, las particularidades de la CC hacen que ese camino sea más bien complejo.
¿Las razones? Que el Tribunal Constitucional no tiene facultades sobre la CC, ni ninguna otra instancia, excepto la Corte Suprema. De hecho, la misma Contraloría General de la República declaró que «la Convención es una entidad autónoma y debe resolver cómo regula todos sus aspectos, incluyendo la ley de probidad”, por lo que el ente fiscalizador no podría realizar acciones sobre ella. El órgano contralor recordó además una resolución donde se estableció que «el artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por esta, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que ‘Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo’”.
Por lo anterior, el TC tampoco tendría competencias, por lo que, si bien se puede renunciar por enfermedad grave, no hay órgano que la califique y autorice la renuncia. Por eso es que además en la propuesta de reglamento, que comienza a revisarse hoy, se incluyó una fórmula, estableciendo al Pleno de la CC como la instancia calificadora. «Las y los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando los afecte una enfermedad grave que les impida desempeñar su cargo y así lo califique el pleno», dice textual la propuesta.
La iniciativa de reglamento también incluye una forma de reemplazo para los convencionales independientes, que hayan competido en una lista de independientes, algo que no existe como facultad para elecciones parlamentarias. En ese punto, la propuesta estipula que «las y los convencionales elegidos como independientes, que hubieren postulado integrando una lista de independientes, serán reemplazados por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista».
Sin embargo, hay sectores de constituyentes que reclaman que la CC no está facultada para realizar este tipo de modificaciones a la normativa vigente y que, por lo tanto, el enredo debería destrabarlo el Congreso, a través de una reforma constitucional corta. Esto, de todos modos –advirtieron algunos–, «puede ser un arma de doble filo», porque dejaría la puerta abierta para que estas mismas disposiciones se aplicaran ahora en el Congreso, algo que grupos de parlamentarios no miran con buenos ojos.
Tal como en el Congreso, no existe una forma de expulsión de un convencional constituyente, pero sí el desafuero, que debe cumplir ciertos requisitos. En este camino será importante lo que resuelva la justicia sobre la base de eventuales delitos. Ayer la mesa ampliada de la CC presentó una denuncia contra Rodrigo Rojas Vade ante la Fiscalía, para que se investiguen eventuales delitos respecto a la Declaración de Intereses y Patrimonio, por declarar una deuda de 27 millones de pesos debido al cáncer que nunca padeció.
La constituyente Alondra Carrillo, de los Movimientos Sociales, defendió que sea el órgano constituyente el que ajuste las normas, y enfatizó que «la Convención no tiene por qué privarse de plantear todos los marcos que necesite para poder tener una normativa que facilite y fortalezca el desarrollo de su tarea histórica. Así lo ha hecho en muchos puntos (sedes para sesionar, ampliación de la mesa directiva, paridad sin techo, plurinacionalidad y descentralización como criterios permanentes del quehacer, entre otras), y en esto también aplica el mismo criterio, pues las normas previas sobre elecciones desconocen la particularidad de la elección que le da su composición a la Convención: la irrupción de listas de independientes y, por tanto, no es sino la Convención quien puede diseñar una norma adecuada a la realidad que le da forma».
El constituyente DC Fuad Chahin, también resaltó las facultades de la Convención. «Nosotros creemos que es perfectamente posible que lo no regulado por la Constitución, es decir, una renuncia voluntaria sin expresión de causa, establecerla en el reglamento. Hoy día la propuesta de reglamento solo considera la misma causal de la Constitución, solo que establece que quien la tramita es el pleno y no el Tribunal Constitucional», sostuvo.
Sin embargo, el convencional Mauricio Daza se hizo parte de las advertencias sobre las trabas que podrían levantarse. «Si se cambian, podría ser objeto de un reclamo en la Corte Suprema, porque estaríamos vulnerando las reglas de procedimientos aplicables a la Convención. La forma más expedita de que esto se solucione sería que el actual Congreso Nacional complemente las disposiciones relativas a la renuncia de parlamentarios fijando algún mecanismo que nos sea aplicable y dejando fuera la calificación del TC. La otra situación muy compleja se vincula con el mecanismo de reemplazo. Podría alterar el número de votos para alcanzar mayorías para aprobar normas que vayan en la nueva Constitución y la representación política dentro de la Convención del grupo al que representa (quien renuncie)», agregó.
En la centroderecha algunos tienen aprensiones también en que avance lo que establece la propuesta de reglamento de la Convención, como lo manifestó el convencional Raúl Celis, de RN. «Un reglamento interno no suple la norma y es absolutamente cuestionable que pueda ser aplicado como fórmula de remplazo de Rodrigo Rojas. Mejor idea me parece que el Congreso resuelva el problema dictando una norma para este caso. Esa es la salida más limpia de todas», manifestó.
Importante será también –según reconocieron varios constituyentes– lo que se establezca en materia de ética, y que se aprueben las propuestas ahí planteadas. Uno de los coordinadores de la Comisión transitoria de Ética, Marcos Barraza (PC), puso énfasis en que «el cronograma tiene que cumplirse, y lo más razonable es que se priorizara el reglamento de ética para que, de esa manera, se active el proceso de constitución del futuro Comité de Ética y de la institucionalidad que norme la convivencia democrática y de buen vivir al interior de la CC. En segundo lugar, yo creo que ahora hay que esperar la información que provean las entidades pertinentes. La mesa directiva dispuso los antecedentes en la Fiscalía y hay que esperar qué dice la Fiscalía. Hay que tomar decisiones que cautelen el funcionamiento apegado a probidad y transparencia, pero tampoco tomar decisiones impulsivas, y hay que esperar que se apruebe el reglamento».
De acuerdo al cronograma, esta semana se debería votar en general la propuesta de reglamento y la próxima semana en particular, donde se podrían incorporar indicaciones, para luego revisar detalles de armonización por parte de la Comisión de Reglamento.
