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Crédito: ATON
Estas son algunas de las primeras diligencias ordenadas por el fiscal del Centro de Justicia, Patricio Cooper, quien tiene en sus manos la investigación abierta tras la demanda criminal de la mesa directiva de la Convención. La instancia solicitó indagar la falsa declaración de patrimonio de Rojas Vade, donde habla de una deuda de 27 millones de pesos por concepto de un “tratamiento quimioterapéutico” para un cáncer que no tiene ni nunca tuvo. Además, se pide interrogar, como testigos, a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y al vicepresidente, Jaime Bassa, quienes firmaron la denuncia. También se ofició a la Contraloría para que remita todos los antecedentes relacionados con la postulación y cargo de Rojas Vade, y al Minsal para reconstruir el historial médico del paciente en el sector público.
En calidad de imputado tendrá que prestar declaración el convencional constituyente por el distrito 13, Rodrigo Rojas Vade (electo en la Lista del Pueblo), en el marco de la investigación que abrió el Ministerio Público en su contra.
Esta es una de las primeras diligencias ordenadas por el fiscal del Centro de Justicia, Patricio Cooper, quien tiene en sus manos la investigación.
Asimismo, el persecutor ofició al Minsal para que remita todos los registros y antecedentes del paso del paciente como usuario del sistema público, informa el medio Alerta Ley.
La indagatoria contra el convencional se abrió a partir de la denuncia criminal interpuesta por la mesa directiva de la Convención, que solicitó que investigue lo señalado por Rojas Vade en su declaración de patrimonio, donde habla de 27 millones de pesos bajo la descripción de «Deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.
Por eso, además, se pide interrogar, como testigos, a la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, y al vicepresidente, Jaime Bassa, quienes firmaron la denuncia, y también se ofició a la Contraloría para que remita todos los antecedentes relacionados con la postulación y cargo de Rojas Vade.
En este caso se indaga el delito de perjurio –que contempla una pena que va de los 61 días a los 3 años de presidio según el Código Penal–, considerando que el mismo convencional tuvo que confesar el fin de semana que nunca padeció de cáncer, lo que fue su bandera de lucha como manifestante, primero durante el estallido social en Plaza Italia o Plaza Baquedano, y luego como candidato.
Si bien Rojas Vade renunció a su cargo de vicepresidente adjunto, su futuro en el organismo sigue en el limbo, dado que no existen mecanismos concretos en el organismo para poder removerlo. En la normativa actual, que es la misma que se aplica a los parlamentarios, hay varias piedras que dificultan poder hacer efectiva la renuncia de un constituyente, porque el Tribunal Constitucional no tiene facultades para calificar la causal de enfermedad grave, que es la única puerta por la que podría cesar sus funciones un convencional. Pero además no tiene considerado el reemplazo de este cuando se trata de un independiente que llegó sin compañía de partidos políticos.
Por eso es que las mayores apuestas están en que el Congreso Nacional haga una reforma constitucional corta para modificar dichos puntos, lo que para algunos podría ser un arma de doble filo. Otros defienden que sea el pleno del órgano constituyente el que pueda dictar normas complementarias para hacerse cargo de sus particularidades.
