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Crédito: ATON
El problema radica en la construcción del Polideportivo San Gregorio, en La Granja, otorgado cuando el actual delegado presidencial era intendente a la sociedad constituida por la empresa Constructora Lima y Matías Guevara Stephens, su hermano. La investigación de este caso fue solicitada al ente regulador por el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, luego que la empresa dejara abruptamente abandonadas las obras de la etapa uno del complejo, cuando apenas tenían un 52% de avance. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) afirmó que «de comprobarse denuncias de Contraloría, el señor Guevara debe renunciar de inmediato a su cargo. En tanto, el diputado de Acción Humanista por el Distrito 11, Tomás Hirsch, señaló que es “una persona que está siendo cuestionada por tantas situaciones de corrupción no debe estar en ese cargo”. A través de un comunicado, el actual delegado presidencial aseguró que “no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos” [ACTUALIZADA]
Un escenario de alta complejidad enfrenta el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, luego que la Contraloría General de la República abriera un sumario en su contra por posible conflicto de interés en relación a un millonario contrato adjudicado a su hermano.
De acuerdo a lo informado por el diario La Tercera, la denuncia tiene que ver con el inicio del proyecto de construcción del Polideportivo San Gregorio, en La Granja, antiguo anhelo de los vecinos de la comuna y de otros sectores de la zona sur de Santiago, ya que contemplaba piscinas e instalaciones para la práctica de diversos deportes, por un monto $6.770 millones, que fue otorgado a la sociedad constituida por la empresa Constructora Lima y Matías Guevara Stephens.
El problema es que el contrato entre el municipio y el Gobierno Regional Metropolitano ocurrió cuando Guevara era intendente, y no hizo observación alguna al respecto, pese a que estaba involucrado su familiar directo.
Por esta razón, Contraloría abrió este sumario contra el delegado presidencial y/o los funcionarios públicos que, tras la investigación, resulten responsables por faltas a la probidad en una negociación incompatible, debido a que la normativa vigente prohíbe tomar parte en materias sobre las que tenga interés personal o involucren a parientes directos.
La investigación de este caso fue solicitada al ente regulador por el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, luego que la empresa constructora Lima dejara abruptamente abandonadas las obras de la etapa uno del complejo, cuando apenas tenían un 52% de avance.
“Nos parece indignante e inaceptable que una empresa traicione la confianza de la ciudadanía, especialmente en un proyecto que llevaba dignidad y oportunidades a sectores tan pobre como La Granja”, dijo Orrego en ese tiempo.
En conversación con el matinal «Mucho Gusto» de Mega, Orrego afirmó que saben «que la unidad técnica de los proyectos es la Municipalidad, pero ellos no se mandan solos. Al momento de revisar la licitación, quien da el visto bueno finalmente es el Gobierno Regional».
«Nos vamos a preocupar de que la empresa Constructora Lima no se adjudique ni un peso más del #GoreRM hasta que no se resuelva el problema del Polideportivo de #LaGranja. No lo podemos permitir», agregó.
Según el citado medio, Contraloría también tiene en la mira al alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), ya que cuestionan por qué siguió con esta adjudicación del proyecto, pese a que estaba involucrado el hermano de Felipe Guevara.
Este hecho fue criticado por la abogada y candidata a senadora PS por la RM, Paulina Vodanovic, quien aseguró que el caso es muy grave y confirma que, “este gobierno instalo la cultura del contrato familiar”.
«Hoy la Contraloría tiene en la mira a Guevara por el contrato que hizo a su hermano por 7 millones. Eso es inmoral, pero también puede tener elementos de corrupción al interior del gobierno”.
En ese sentido, Vodanovic dijo, “basta de abuso y de sacar dinero de las arcas del Estado. Se ha hecho habitual que Piñera y sus funcionarios favorezcan a sus familiares con contratos con el Gobierno y eso debe parar ahora”.
“No podemos permitir que se instale la corrupción en Chile porque este tipo de negocios sirven para abrir otro tipo de acuerdos que podrían terminar dinamitando nuestro sistema democrático”, sentenció.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) afirmó en su cuenta de Twitter que «de comprobarse denuncias de Contraloría, el señor Guevara debe renunciar de inmediato a su cargo. La derecha nuevamente mostrándose de cuerpo entero en los municipios y el gobierno. ¡Que la justicia actúe ya! ¡La impunidad en hechos como estos debe terminar!».
El diputado de Acción Humanista por el Distrito 11, Tomás Hirsch, comentó que “desde 2018 que vengo denunciando irregularidades al que fuera alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por algunas situaciones raras de dineros con la minera Angloamerican, con las Corporaciones Municipales que ahora se están destapando estos actos de corrupción”.
“Ahora la Contraloría lo está investigando por situaciones de falta de probidad y conflicto de interés por contratos millonarios que favorecieron a su hermano. Me parece inaceptable que el Sr. Guevara siga siendo el Delegado Presidencial de la RM, porque una persona que está siendo cuestionada por tantas situaciones de corrupción no debe estar en ese cargo. Guevara debe renunciar o, más bien, el Presidente Piñera debe pedirle la renuncia”, indicó.
A través de un comunicado, el actual delegado presidencial Felipe Guevara se refirió a este episodio y aseguró que “no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos” y que “desde ya estoy a disposición de la Contraloría como lo he hecho siempre para poder aportar los antecedentes que desvirtúan dichas acusaciones”.
La declaración añade que “ante la interpretación en la que se pretende vincularme con este proceso de licitación, la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, emitió su pronunciamiento en el oficio N°10416 del 30 de junio del 2020, donde expresamente declara que la situación se encuentra resuelta a la eventual inhabilidad que podría haberme afectado en esa licitación. Por otra parte y en forma paralela a la consulta a la Contraloría, la Intendencia Metropolitana pidió a la Municipalidad de La Granja la revocación e invalidación de dicha licitación, situación que no ocurrió”.
Además, señala que “en definitiva, no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos acontecidos en la situación contractual entre la contratista y la Municipalidad de La Granja, la que deberá ser resuelta por las instancias que corresponden”.
