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Crédito: ATON
El resultado del sondeo coincide con lo que han demandado varios sectores, sobre todo de oposición y convencionales de escaños reservados, que han demandado no insistir con la extensión del estado de excepción en las provincias de Bío Bío y Arauco en la Región del Bío Bío, y las provincias de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía. La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, llamó ayer directamente a los parlamentarios a no aprobar la prórroga, ante la insistencia de La Moneda de pedir al Congreso una nueva extensión, y convencionales dejaron una carta en Palacio, dirigida al Presidente Piñera, exigiendo el “fin del estado de emergencia, cese de la violencia y la militarización” en la zona mapuche. El sondeo se da a conocer justo después del incidente ocurrido en la ruta P-72, que une las comunas de Cañete y Tirúa, que dejó un comunero mapuche muerto. A juicio de Eduardo Vergara, director de Chile 21, «el Gobierno ha abusado de manera peligrosa de la excepcionalidad constitucional (…) La mayoría de los ciudadanos no quieren que esto se siga extendiendo, ya que ven las consecuencias” [ACTUALIZADA]
Una encuesta de la Fundación Chile 21 reveló que 57% de las personas consultadas no está de acuerdo con la extensión del estado de excepción en las provincias del conflicto mapuche, y solo un 43% respondió que apoya esta medida que el Gobierno busca extender por otros quince días con consulta al Congreso.
El sondeo se dio a conocer justo después del incidente ocurrido en la ruta P-72, que une las comunas de Cañete y Tirúa, donde un enfrentamiento entre personal de Carabineros y la Armada con comuneros mapuche terminó con un muerto y tres personas heridas. En ese sentido, es importante señalar que la encuesta no consideró la situación ocurrida en la provincia de Arauco.
El resultado del sondeo coincide con lo que han demandado varios sectores, sobre todo de oposición y convencionales de escaños reservados, que han demandado levantar la militarización de la zona mapuche. La presidenta de la Convención Elisa Loncon llamó ayer directamente a los parlamentarios a no aprobar la extensión del estado de excepción. “Repudiar el accionar de la militarización, la política de violencia del gobierno y repudiar la violencia que ha envuelto a nuestras comunidades en estas graves circunstancias. Llamar también a los parlamentarios para que no aprueben una nueva instalación de la ley de excepción en la zona”, dijo.
Además, ayer una veintena de convencionales entregaron una carta en La Moneda, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, exigiendo el “fin del estado de emergencia, cese de la violencia y la militarización”.
Sin embargo, previamente, el Presidente Sebastián Piñera también se refirió a este hecho, quien recalcó que se trata de actos terroristas y narcotráfico: «Esas organizaciones, utilizando la violencia y armamento de guerra, atentan contra la vida de civiles, policiales y buscan sembrar el terror entre los ciudadanos».
Además, a juicio del Mandatario, estos hechos son motivo suficiente para que el Congreso apruebe la solicitud de extensión del Estado de Excepción que rige en las provincias de Bío Bío y Arauco en la Región del Bío Bío, y las provincias de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía. De hecho, el Ejecutivo ingresó ayer el oficio al Congreso solicitando la prórroga de la medida.
A juicio de Eduardo Vergara, director de Chile 21, «el Gobierno ha abusado de manera peligrosa de la excepcionalidad constitucional, ya lo hizo durante la pandemia abusando de esta como un tanque de oxígeno para gobernar. Ahora lo hace en la macro zona con consecuencias peligrosas que terminarán por aumentar la violencia».
«La mayoría de los ciudadanos no quieren que esto se siga extendiendo, ya que ven las consecuencias. Esta información es tremendamente relevante, ya que el Congreso tiene hoy la responsabilidad, de primero pedir rendición de cuentas de los días que han pasado, como al mismo tiempo la oposición de poner freno a este error histórico», agregó.
El miércoles, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado entregó detalles de este suceso, señalando que hubo dos hechos, uno a las 14:00 horas y otro a las 18:00, los que calificó como «ataques terroristas». La primera situación «tiene relación básicamente con un paradero que es derribado por personas que buscaban bloquear la ruta, le echan una acelerante a ese paradero y generan una barricada, poniendo elementos contundentes para bloquear la ruta».
«Es en ese contexto en donde el patrullaje mixto entre Carabineros y la Armada (…) Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje, y es atacado con armas de fuego (…) y utilizan en ese momento medios disuasivos como bombas lacrimógenas y otros medios no letales». Posteriormente, sostuvo que «llegó una patrulla de la Armada, la Armada habría utilizado munición de salva para disuadir a estas personas, que estaban atacando con armas de grueso calibre a la caravana de Carabineros y la Armada, y cuando dejan de usar las armas de salva, usan las armas de servicio, y logran despejar la ruta».
Luego, a las 18 horas, se registró el segundo enfrentamiento «en un sector aledaño, es atacado nuevamente una patrulla de la Armada con armas de grueso calibre, y en ese contexto se usan las armas de servicio (…) En ese ataque se toman dos detenidos, y esos detenidos portaban armas de grueso calibre, munición de grueso calibre, estamos en presencia de ataques de emboscadas».
Por otra parte, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz teme que este hecho signifique una escalada de violencia, ya que «en general, cuando han ocurrido acciones de violencia en la zona son seguidas de una espiral de violencia y cada vez que ha existido esto se agrava cuando no existen certezas sobre cuál es la verdad de los hechos. La población, la mayoría de las personas normales que vivimos en el territorio, aspiramos a vivir en paz y lo que queremos es saber qué es lo que pasó».
Por eso, el gobernador demandó que el Ministerio Público haga una investigación acuciosa sobre el tema. “Es importante para evitar un espiral de violencia que se devenga de esta situación la agilidad, la precisión, la objetividad y resolución por parte del Ministerio Público», precisó en Tele 13 Radio.
La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, y ayer decidió no pasar a audiencia de control de detención ni formalización ante el Juzgado de Garantía de Cañete a dos de los detenidos, de 21 y 15 años de edad, porque “no fue posible reunir evidencias suficientes que permitieran a la Fiscalía formular cargos en contra de ellos». Así las cosas, solo quedó formalizado José Llempi Machacán (21), hermano del fallecido en los hechos registrados en la ruta que une a Cañete con Tirúa. A él se le imputaron los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones, quedando con arresto domiciliario total.
