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Créditos: Aton
“Encarga a la autoridad sanitaria la vacunación de los habitantes del país contra las enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población respecto de aquellas, cuando existan procedimientos eficaces de inmunización”, agregó el documento.
El año pasado el diputado del Partido Humanista (PH), Raúl Alarcón -más conocido como Florcita Motuda– ingresó un requerimiento -mediante una petición a la prosecretaría de la Cámara de Diputados- a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre si la exigencia del pase de movilidad es constitucional.
Ayer, la División Jurídica de la Contraloría le respondió al cantautor, declarando su abstención sobre el tema y además, fijó limites de sus atribuciones sobre este tipo de requerimientos.
“La Constitución Política de la República no se refiere, y menos establece, la voluntariedad de la vacunación en el país”, señaló la entidad.
“Encarga a la autoridad sanitaria la vacunación de los habitantes del país contra las enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población respecto de aquellas, cuando existan procedimientos eficaces de inmunización”, agregó el documento.
La entidad dirigida por el contralor, Jorge Bermúdez, también tuvo palabras sobre el requerimiento que presentó el diputado: “Parte de una premisa errónea al atribuir una voluntariedad absoluta de carácter constitucional a la vacunación contra determinadas enfermedades, resultando, entonces, inoficioso referirse al alcance de las medidas que al efecto pueda tener el denominado Pase de Movilidad. La existencia de dicho instrumento, por lo demás, se encuentra justificada en la necesidad de enfrentar una situación sanitaria crítica y excepcional que afecta a todos los habitantes del país”.
A su vez, le recalcó a Alarcón las atribuciones que tiene la Contraloría: “Se ha estimado importante recordar que las funciones que ejerce este Órgano de Control abarcan una gran cantidad de materias de trascendencia jurídica, económica y social, cuya preparación y desarrollo requieren de significativos recursos humanos, financieros y materiales que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar respuestas eficientes y eficaces”.
«Que las presentaciones que se realicen ante esta Entidad -particularmente cuando las efectúan parlamentarios, que cuentan con asignaciones para contratar asesorías- contengan una suficiente argumentación jurídica y fáctica sobre el aspecto a consultar, puesto que su estudio involucrará la utilización de recursos públicos dispuestos para atender múltiples requerimientos en beneficio de la comunidad”, finalizó la resolución.
