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Créditos: Agencia Uno
«Espero que ningún partido se preste para la irresponsabilidad de seguir con la mala práctica de acusación totalmente infundadas y que tienen un único y exclusivo fin de daño político», criticó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Durante esta jornada, el Gobierno salió a rechazar la idea propuesta por parte de la bancada de diputados electos del Partido Republicano de realizar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.
La noticia circuló el día de ayer en La Tercera, donde el partido fundado por José Antonio Kast -excandidato presidencial y antiguo timonel del partido- se encuentra evaluando impulsar este proceso una vez que asuman en la Cámara Baja el 11 de marzo. El principal argumento es que la actual administración «dejo de responsabilidad» ante lo que se vive en el norte y sur de nuestro país.
«El Presidente le ha fallado a todos los chilenos», señaló el diputado electo, Mauricio Ojeda.
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al escenario planteado por Republicanos: «Si algo hemos visto durante este período de Gobierno es la utilización de nuestra institucionalidad con fines exclusivamente políticos».
La molestia del subsecretario radica en que se ha registrado «una cifra nunca vista de acusaciones constitucionales contra ministros y del Presidente de la República (ha enfrentado dos), por parte de una oposición que utilizó las acusaciones como un instrumento de daño político».
«Espero que ningún partido se preste para la irresponsabilidad de seguir con la mala práctica de acusación totalmente infundadas y que tienen un único y exclusivo fin de daño político», criticó la autoridad.
Según la Carta Magna actual, para levantar una acusación constitucional se debe contar con al menos 10 y un máximo de 20 diputados o diputadas para levantar el proceso. Bajo esta consigna el Partido Republicano podría presentarla, puesto que cuentan con 14 escaños en la Cámara Baja.
El problema radica en el Senado, puesto que solo cuentan con un escaño, su timonel, Rojo Edwards; sumado a que dudan de que se les una otra colectividad al ser tachados de ultraderecha.
Los diputados y diputadas tienen un plazo de seis meses para levantar esta propuesta una vez que el presidente deje su cargo
