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Crédito: Agencia UNO
Propietarios se sienten afectados porque el fallo de Contraloría General de la República, respecto a modificar el Plano Regulador Comunal, reduce la superficie útil de su propiedad, disminuyendo su valor, privándolos de plusvalía y afectando la facultad de disposición.
En el marco del Plano Regulador Comunal, la Contraloría General de la República extendió la zona de afectación a utilidad pública del Canal el Bollo, en la comuna de Las Condes, a 80 metros, pese a que la municipalidad no consideró esta franja de protección. Esto generó sorpresa y preocupación en los vecinos del lugar, debido a que incluso la Seremi de Vivienda había fijado esa zona en 15 metros.
El problema radica en que hay vecinos que llevan más de 30 años viviendo en el lugar; algunos ya han terminado de pagar su hipoteca, o bien pensaban vender para aprovechar la plusvalía que supuestamente se habría generado tras haber invertido de buena fe en aquellos terrenos.
La CGR argumentó que la extensión se debe a que los 80 metros serían de “utilidad pública”, apuntando a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.
Al respecto, el abogado Julio Pallavicini, representante de las familias afectadas, quienes interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el cual se han hecho parte otros vecinos, advirtió que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 (que limita la retroactividad de los actos administrativos) y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las Seremis de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”.
Además, hizo presente «la inconsistencia jurídica» que se produciría entre la franja de protección del canal en las comunas de Las Condes y de La Reina, pues para la primera ella sería de 80 metros y para la segunda de 15 metros. De hecho, agregó, con el nuevo criterio nada impediría que en el futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la Municipalidad de la Reina se extendiera a 80 metros.
«Son más de 200 personas afectadas por el dictamen de la CGR. Muchas familias, que construyeron o compraron sus inmuebles, con permisos debidamente aprobados y recibidos hace más de tres décadas, serán perjudicadas retroactivamente. Además, aún cuando la expropiación sería impracticable por el alto costo para el Estado, el impacto y perjuicio a los patrimonios de quienes lograron sus viviendas con esfuerzo y trabajo sería altísimo, ya que no podrán vender fácilmente, hipotecar o modificar sus inmuebles, al quedar grabados por una eventual expropiación», añadió.
