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Con la decisión de la Corte Suprema de sumar a la abogada Erika Maira –gerenta de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público– a la quina para Fiscal Nacional, se dio inicio al tercer round de una pelea que el Gobierno no pensó que le saldría tan larga y con tantos golpes en contra. Tras las dos fallidas propuestas anteriores, el comité político vuelve a estar en el centro de la exposición, con la difícil misión de recomendar al Presidente un tercer nombre que, esta vez, pase la prueba. Hasta ahora Maira, si es que resulta elegida, no generaría ningún consenso, siendo los fiscales regionales Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma quienes habrían tomado la «pole position» que, hasta hace algunos días, lideraba Ángel Valencia, el abogado cuya fortaleza y experiencia están en la defensa de imputados –de toda índole– y no precisamente en la persecución penal de los mismos.
Un ambiente de expectación e incredulidad abunda en los distintos comités parlamentarios luego de que este martes, 27 de diciembre, la Corte Suprema desestimara el llamado del Presidente Gabriel Boric y finalmente desechara la realización de un nuevo concurso para Fiscal Nacional, completando la quina de candidatos con Erika Maira, abogada experta en violencia de género y exdirigenta gremial.
Después que el Senado rechazara las dos anteriores propuestas del Mandatario para dirigir el Ministerio Público –vale decir, José Morales y Marta Herrera–, parlamentarios oficialistas y de oposición reflexionaron acerca de las dudas que surgen a partir del nombramiento de Maira, quien actualmente se desempeña como gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.
Senadores de distintos partidos políticos advirtieron sobre la dificultad de que este anuncio se hiciera en el contexto de una semana distrital, por lo que –aseguran– se complejiza aún más el proceso de información y socialización de los antecedentes de la nueva candidata. Esto, considerando que el Presidente Boric tiene cinco días hábiles para elegir a un nuevo candidato dentro de la quina propuesta por la Corte Suprema, para que se someta al posterior escrutinio de la Cámara Alta, también en un plazo máximo de cinco días.
La jefa de Atención a Víctimas del Ministerio Público fue incluida en la quina a Fiscal Nacional a través de los votos que le dieron Sergio Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Haroldo Brito, Jorge Dahm, Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos. En su primer día de exposición pública como integrante de la quina, rápidamente se dio a conocer su historial en Twitter, donde se le ve bastante activa, al punto –observan fuentes de la Fiscalía– de llegar a la incontinencia. Entre los comentarios que han comenzado a viralizarse, está su opinión sobre la aventura presidencial de Evelyn Matthei.
«Alianza por favor, no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas», tuiteó.
Integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado admiten, en reserva, que el nombre de Erika Maira, si es que la nombra el Presidente, difícilmente tomará vuelo, considerando que la Cámara Alta ya ha hecho llegar el mensaje respecto a que los candidatos que reúnen mayor respaldo, tanto en oposición como en oficialismo, son los fiscales Agustín Meléndez –como primera opción– y Carlos Palma. Más atrás quedaría Ángel Valencia, en la lista corta de los candidatos con apoyo transversal para encabezar el Ministerio Público.
Sin embargo, parlamentarios oficialistas aseguraron que es difícil advertirle al Gobierno lo que va a pasar, dado que en la oportunidad anterior, cuando se nombró a Marta Herrera, no se sintieron escuchados. Reconocen que existe sorpresa, incluso dentro del oficialismo, por la pasada decisión de La Moneda. Y además, afirman que existe una crítica generalizada a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte. Una idea que es compartida por senadores de oposición, quienes reconocen que, al ser parte del comité político y por su grado de cercanía con el Presidente, Uriarte debiese asumir algún tipo de responsabilidad política.
En general, se trata de un proceso que ha estado ciertamente marcado por errores no forzados de autoridades gubernamentales, con declaraciones desafortunadas, como cuando la ministra de Justicia reconoció el malestar que generaba en su par del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, el nombre de Ángel Valencia, por su historial de defensa de abusadores y violadores sexuales. Este martes fue el turno de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que le generaba preocupación la decisión de la Corte Suprema de no llamar a un nuevo concurso para Fiscal Nacional, planteando que «no puede ser que la solución a eso sea que el Presidente de la República haga nombramientos que no considera que sean los adecuados».
Asimismo, la titular del Interior y Seguridad Pública criticó abiertamente a la Cámara Alta, responsabilizándole por el hasta ahora fallido proceso de elección de Fiscal Nacional, junto con señalar que hay parlamentarios que aún no entienden el mecanismo diseñado para darle conducción al Ministerio Público. En entrevista con Radio Universo, Tohá dijo que «acá hay una parte del Senado que cree que esto es al revés, que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al Presidente. Las personas que creen que así debe funcionar el sistema, no han entendido la lógica que tiene», sostuvo.
Desde el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), intentó matizar la respuesta de la jefa de la cartera del Interior, al precisar que «más que transformar esto en una contienda entre poderes del Estado, hay que respetar el rol que le corresponde a cada poder del Estado en este nombramiento. A quien le corresponde elegir el nombre dentro de la quina es el Presidente, es una atribución exclusiva y hay que respetarla», recalcó.
En el contexto de la crítica dirigida al Congreso por su responsabilidad en un proceso de elección de Fiscal Nacional que, para muchos, carece de una visión integral de Estado, surge la pregunta en torno a por qué no se propone a personas con experiencia técnica, más allá de su vínculo político particular. Dicho esto, un cuestionamiento que se repite entre los parlamentarios es que, en cuanto a los planes de los candidatos que ya han estado en el Senado, son inabordables, porque no se tomó siquiera la previsión, cuando se votó la Ley de Presupuesto, de votar la partida de seguridad, sino que se hizo para un protocolo posterior. El plan que Marta Herrera, por ejemplo, expuso la semana pasada en la Cámara Alta, fue halagado transversalmente y considerado como «fantástico» en el oficialismo, pero, según admiten desde el Senado, resulta absolutamente fuera de los márgenes de la realidad, porque no existen los recursos suficientes para su implementación.
Una de las voces críticas a la forma en que el Gobierno del Presidente Boric ha liderado este proceso, es la del senador Karim Bianchi (independiente), quien reconoció que «el Mandatario transformó esto en un problema, cuando originalmente no era un tema político (…). Los senadores muchas veces van buscando temas personales, pero porque el Presidente hace un diálogo directo con ciertos cabrones o cabecillas de los partidos políticos, y lo que se tiene que hacer es presentar el plan de seguridad pública al país, y el país tendrá que decirles a los senadores si están de acuerdo o no con ese plan, más allá de las personas, y tiene que ser, sobre todo, un plan abordable».
En tanto, esperando la resolución del Jefe de Estado, y admitiendo que no es obligación de las senadores y los senadores entregar opiniones previas acerca de los nombres de la quina elaborada por la Corte Suprema, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) dijo que «cada poder es independiente, y en aplicación del Artículo 85 de la Constitución, nosotros daremos nuestra opinión al Mandatario según el nombre que proponga. Si elige a un candidato o candidata que no merezca, a juicio nuestro, respaldo, y él no lo ha chequeado antes, se expone a no tener los votos que se necesitan. Yo no votaré a favor de una persona que no me parezca», puntualizó.
Desde la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador Rodrigo Galilea (RN), por su parte, aseguró que el requisito indispensable para que esta vez no sea rechazado el candidato o candidata que proponga el Gobierno, es que se propicien muchas instancias de conversación para generar consensos sobre la base de diagnósticos. El parlamentario de oposición admitió que en el Congreso Nacional están conscientes de la crisis que atraviesa el Ministerio Público y que, en ese sentido, se requiere a la persona con los conocimientos, la libertad y el criterio necesarios para encabezar una institución de considerable importancia.
En este escenario, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric finaliza su primer año de gestión con la presión de una nominación que, después de dos intentos fallidos, pareciera no tener margen de error. Según los cálculos oficialistas, durante la primera o segunda semana de enero de 2023, debería comparecer ante el Senado la carta elegida por el Mandatario, donde siguen emergiendo como favoritos Juan Agustín Meléndez, Ángel Valencia y Carlos Palma, aunque no se descarta una nominación sorpresiva, como el anterior caso de Marta Herrera, fuera de todos los pronósticos y que terminó, igualmente, siendo un fracaso para el Ejecutivo. Pero, en definitiva, ¿Quién asume la responsabilidad política de este fallido proceso? Es una interrogante que comienza a plantearse en los pasillos de La Moneda.
