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Foto: Sebastián Beltrán Gaete, Agencia Uno.
Uno de los principales argumentos que se esgrimirán este miércoles en el Congreso es el de la responsabilidad final del Mandatario en la firma de los indultos. Pese a que la acusación constitucional contra la extitular de Justicia, Marcela Ríos, en el papel aparece con pocas probabilidades de aprobarse, según diversos observadores del proceso, los argumentos que entregue el abogado socialista José Antonio Viera-Gallo –como parte de la defensa de la exsecretaria de Estado– podrán ser aprovechados por la oposición para mantener abierta la crisis provocada por los indultos e, incluso, para presentar una acusación constitucional contra el Presidente, tal como deslizó RN a principios de mes y que fue secundado por el Partido Republicano este martes 24 de enero.
Hoy, miércoles 25 de enero, la exministra de Justicia Marcela Ríos enfrenta el capítulo más complejo en su corta carrera política en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este día, los diputados y diputadas entrarán a conocer directamente el fondo de la acusación constitucional en su contra y a votar en consecuencia, ya que la defensa de la exministra –representada por José Antonio Viera-Gallo– no invocará la cuestión previa, mecanismo usualmente utilizado para liquidar el asunto, dando la acusación por no presentada. Si bien, para algunos observadores, la estrategia es leída como una muestra de confianza de La Moneda en que tiene los votos para que se rechace el libelo, para otros, sin embargo –y más allá del resultado–, entrar de lleno a discutir el fondo implica un riesgo mucho mayor para el Ejecutivo, toda vez que la argumentación de la defensa descansa en restarle responsabilidad administrativa a la extitular de Justicia, dejando con ello la puerta abierta para que una parte de la oposición busque llegar al corazón del Gobierno: el Mandatario.
La semana pasada Viera-Gallo –abogado socialista y exministro de uno de los gobiernos de la Concertación– dejó abierta precisamente esa puerta al sostener lo siguiente: “Evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella”.
Ayer, en la decisión de la comisión revisora de la acusación constitucional –conformada por dos parlamentarios del oficialismo y tres de oposición– de rechazar el libelo, debido a falta de quórum por la ausencia de uno de los diputados oficialistas, el voto en contra del diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno fue el anticipo de lo que, más tarde, comunicaría oficialmente la colectividad de José Antonio Kast: que el objetivo no es la exministra sino el Presidente Boric.
En una declaración pública, los parlamentarios republicanos indicaron que “tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de exponer a la exministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora exjefa de la cartera de Justicia”.
“Una posible acusación constitucional en contra del Presidente de la República es una opción que está en evaluación por parte de nuestra bancada», señalaron los republicanos, apuntando en el mismo sentido en que lo hizo Renovación Nacional hace algunas semanas, cuando sus diputados Miguel Mellado y Frank Sauerbaum confirmaron que contactaron a dos expertos para que evaluaran si era posible presentar una acusación contra el Mandatario.
Fuentes del Congreso admiten que, desde esa óptica, la acusación constitucional contra la exministra de Justicia no sería más que un vehículo para intentar llegar al Jefe de Estado, algo en lo que podrían ser de mucha ayuda, precisamente, los argumentos que despliegue hoy la defensa hecha por Viera-Gallo.
Cristóbal Bellolio –PhD en Filosofía Política y académico de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez– asegura que, de la narrativa que Viera-Gallo desarrolle ante el Congreso, podrían salir frases o datos de los cuales algunos podrían apoyarse «para decir que se debe acusar al Presidente Boric” y que, desde esa perspectiva, perfectamente se podría estar usando la acusación contra Ríos para “llegar más allá”.
“Obviamente a la exministra le interesa zafar, pero no creo que su defensa vaya necesariamente a poner toda la responsabilidad en el Presidente, de tal manera que se abone el camino para una acusación. Pero, obviamente, parte de la derecha se va a hacer la sorprendida y podría tratar de ocupar algunas cosas que se digan para decir que se debe seguir más arriba todavía”, agrega.
Por su parte, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, sostiene que “la línea argumental de Viera-Gallo para salvar a la exministra deja en una posición incómoda a la Presidencia y a La Moneda”. Según el académico, el argumento de la defensa que señala que conceder indultos particulares es «una facultad discrecional del Presidente de la República”, deja al Mandatario “con la responsabilidad”.
Moreno, sin embargo, pone en duda que la oposición esté en condiciones de materializar una acusación contra el Jefe de Estado. Tiene esa impresión –explica– porque, desde que se deslizó la idea y se informó que había un equipo jurídico revisando las posibilidades (el 9 de enero desde RN), no han vuelto a insistir en el tema.
De acuerdo con Axel Callís, sociólogo y director de Tú Influyes, “las defensas en los procesos de acusación constitucional, sobre todo si están desvinculadas del Gobierno, como es el caso de Marcela Ríos, pueden aportar mayores detalles y corresponsabilidades”.
El sociólogo añade que el episodio indulto ha afectado en términos de aprobación al Jefe de Estado y a su comité político. “Cuando tienes casi tres semanas de un conflicto, es porque aún sigue abierto, y eso es desgastante para un Gobierno, ya que no tiene control en la agenda”, señala.
Con una elección de consejeros constitucionales a la vuelta de la esquina, el 7 de mayo de este año, Cristóbal Bellolio plantea que una segunda lectura es que la derecha podría estar intentando mantener la crisis de Gobierno, que surgió del anuncio de indultos. “Cuando a los gobiernos les va peor, es la oposición la que cosecha electoralmente. No nos olvidemos lo mal que le fue a la derecha para las elecciones de convencionales”, explica, recordando el efecto que tuvo entonces la baja popularidad de Piñera en el 2021, y en tal sentido puntualiza que ahora el objetivo final sería “propinarle una derrota política al Gobierno” con fines electorales.
Coincidiendo con ese análisis, Marco Moreno agrega que, siendo el objetivo «erosionar la imagen del Gobierno”, lo que se buscaría sería instalar la idea de que el proceso gubernamental de toma de decisiones es improvisado, de modo de volver a colocar el foco en el episodio de los indultos.
Describe que, seguramente, en la oposición son conscientes de que la acusación constitucional que impulsó el Partido Republicano –la semana pasada– contra el ministro Giorgio Jackson “desvió un poco la atención” del tema indultos y, por tanto, del foco esencial para la oposición: “La responsabilidad política que habría tenido La Moneda en esta decisión. Sobre todo, después de que el propio Presidente instalara la idea de desprolijidad en el Ministerio de Justicia. Cosa que fue refrendada después por la vocera de Gobierno en esa cuña en que decía que el Presidente no tuvo todos los elementos”, señala Moreno.
