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Crédito: Agencia Uno
A un día de la votación de la Ley Naín-Retamal en el Senado, el parlamentario y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, advirtió que si no se toman en cuentan las indicaciones ingresadas por el oficialismo a la medida, enviarían artículos de la misma al Tribunal Constitucional (TC). “Vamos a ir evaluando paso a paso; hoy se tramitan en la comisión, mañana en la sala del Senado, luego en tercer tramite en la cámara, y en una de esas esto termina en una Comisión Mixta, entonces hay que ir viendo cómo evoluciona el debate. Espero que el Parlamento entre en razón y deje de legislar en caliente, a la rápida y pueda presentar una ley razonable”, afirmó”. Si eso no es así, se tendrán que evaluar distintas alternativas”, añadió.
Diversos miembros del oficialismo advirtieron que Apruebo Dignidad y otros partidos de centro e izquierda acudirían al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que no se consideren las indicaciones que se han ingresado a la polémica Ley Naín Retamal, que será votada mañana martes en el Senado.
El primero de ellos fue el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quién aseguró que partidos de la izquierda y centroizquierda de la Cámara Alta evaluarán la reserva de constitucionalidad a la norma que propone, entre otras cosas, la existencia de una “legítima defensa privilegiada” para las policías.
“Vamos a ir evaluando paso a paso; hoy se tramitan en la comisión, mañana en la sala del Senado, luego en tercer tramite en la cámara, y en una de esas esto termina en una Comisión Mixta, entonces hay que ir viendo cómo evoluciona el debate. Espero que el Parlamento entre en razón y deje de legislar en caliente, a la rápida y pueda presentar una ley razonable”, afirmó.
“Si eso no es así, se tendrán que evaluar distintas alternativas. Nosotros incluso, como senadores desde el centro a la izquierda, más allá de Apruebo Dignidad, estamos pensando en hacer reserva de constitucionalidad, y poder enviar alguno de los artículos que consideramos inconstitucionales al TC, pero eso se verá en su momento”, agregó Latorre.
A las declaraciones del parlamentario se sumó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quién llamó a “no legislar en caliente”, enfatizando que la finalidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es brindar mayores herramientas a las policías, pero “sin abrir la puerta a abusos”.
“Es un propósito del Gobierno avanzar en esta legislación porque compartimos sus ideas matrices, pero siendo responsables, cuidadosos, con no abrir puertas a posibles vulneraciones. Sabemos que es posible y tenemos la convicción de que es posible compatibilizar el esfuerzo y el respaldo a las policías al mismo tiempo que evitamos que bajo una lógica de legislar en caliente abramos posibilidades a abusos”, complementó la secretaria de Estado.
Por su parte, el presidente de Comunes, Marco Velarde, respaldó las indicaciones que se realizarán a la Ley Naín-Retamal en el Senado, asegurando que “el oficialismo se ha hecho cargo de escuchar a expertos y organismos internacionales que dicen que esta ley no es buena y es peligrosa”.
En ese sentido, Velarde manifestó que tal como está hoy la Ley Naín-Retamal, “puede ser un problema de nuestra democracia”. Dado lo anterior, emplazó a la derecha con una pregunta: “¿Se va a hacer cargo de los verdaderos problemas que tiene esta ley?”.
“En el Senado se presentaron las indicaciones para poder corregir estos aspectos de la ley y que avance una ley que le haga bien a las policías”, declaró, junto con precisar que “no está en cuestión el apoyo que el Gobierno le da a los carabineros, eso siempre ha estado y se ha fortalecido”.
La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, planteó que se buscará el cumplimiento de los estándares internacionales y del debido proceso. A su parecer, la discusión de la semana pasada era política y no jurídica, por lo que apunta que es relevante la discusión en el Senado, con las más de 100 indicaciones que se han presentado por distintos parlamentarios.
De acuerdo a la timonel socialista, la finalidad es establecer el orden público “con pleno apego irrestricto a los Derechos Humanos, como lo exige la Constitución y las leyes”.
