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Municipalidad de Santiago acata dictamen de Contraloría y decide no perseverar en compra de Clínica Sierra Bella PAÍS Crédito: Agencia Uno

Municipalidad de Santiago acata dictamen de Contraloría y decide no perseverar en compra de Clínica Sierra Bella

Tras el dictamen de Contraloría, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), manifestó que “en orden a los antecedentes informados por el ente contralor, la Municipalidad ejercerá acciones legales por las tasaciones”. 


En medio del dictamen de Contraloría General de la República por el proceso de compra de la Clínica Sierra Bella, la Municipalidad de Santiago instruyó acatar la resolución del órgano contralor en su totalidad, y anunció que no perseverará con la adquisición del inmueble.

En la misma línea, la alcaldesa del municipio, Irací Hassler (PC), ordenó la realización de diversas acciones administrativas internas. Además, señaló que “en orden a los antecedentes informados por el ente contralor, la Municipalidad ejercerá acciones  legales por las tasaciones”.

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La Municipalidad de Santiago valoró que “la resolución de Contraloría ratifique el actuar transparente de esta administración durante el proceso, dando cuenta que el Concejo Municipal tuvo todos los antecedentes a la vista”. Asimismo, precisó que “no se ha efectuado ningún pago en relación a esta compra, por lo que no hay afectación al patrimonio municipal”.

“Lamentamos que haya reparos a que Santiago cuente con una clínica municipal, proyecto que además iba a albergar al Cesfam Padre Orellana, que requiere urgentemente, de un recinto para funcionar, por lo que la alcaldesa ha instruido continuar en la búsqueda inmediata de alternativas para ello”, dieron a conocer desde el municipio.

Por otro lado, insistieron en su “férreo compromiso con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Santiago merece un recinto de salud de calidad”.

Cabe destacar que durante esta jornada, Contraloría determinó que la Municipalidad de Santiago no puede justificar el gasto de recursos municipales en la compra de dos inmuebles, debido a las discrepancias en las tasaciones comerciales que sirvieron de base para determinar el precio justo. “No se fundamenta el gasto para la adquisición de los inmuebles”, apuntó el órgano contralor.

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