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El exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, abordó en El Mostrador Radio la crisis de seguridad en el norte del país y la situación fronteriza. Sandoval señaló que actualmente hay más extranjeros en el país en situación irregular que hace unos años, lo que complica la toma de decisiones para solucionar el problema. Propuso un plan de regularización para aquellos extranjeros que puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, mientras que para aquellos que no puedan demostrarlo, sugiere una mayor concentración en la inteligencia policial. También se refirió al criterio Valencia, un oficio emitido por el jefe del Ministerio Público para la detención de extranjeros indocumentados, que ha sido cuestionado por la Asociación Nacional de Fiscales. Sandoval señaló que comparte la crítica de los fiscales, pero cree que el criterio está mal comunicado y se debe hacer una distinción entre los tipos de delito.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración entre 2014 y 2017, Rodrigo Sandoval, se refirió a la crisis de seguridad en el norte del país, en medio de una difícil situación en la frontera que se arrastra hace años, y luego de una balacera en una comisaría y un terminal de buses que dejó dos fallecidos y cinco heridos en Calama.
Sandoval, que renunció en 2017 a su cargo argumentando que se estaban implementando “decisiones erróneas que pueden tener costos graves”, conversó con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. El exfuncionario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del segundo gobierno de Michelle Bachelet afirmó que actualmente “estamos en un momento en el cual las opciones son mucho menores que las que teníamos antes”.
“Las decisiones que tenemos que tomar hoy día van a ser mucho más difíciles y más dolorosas que las que pudimos haber tomado hace seis años”, agregó Sandoval, junto con advertir que existe una gran cantidad de extranjeros en el país, dentro de los cuales una cantidad no menor, pero muy superior a la que había antes, no se encuentra en situación regular.
Según el exjefe de Extranjería, el nivel de irregularidad es muy superior al que había hace años atrás, “aún cuando se han endurecido todas las reglas”. En esta situación, señaló Sandoval, se debe “distinguir la paja del trigo”.
“Si el problema es una cantidad de extranjeros que están cometiendo delitos y no sabemos quiénes son ni dónde están, tenemos que tomar una decisión que es decir: ‘todos aquellos extranjeros que estén en condiciones de demostrar que no tienen antecedentes penales serán sometidos a un plan de regularización, les doy documentos. Y si no les quieren dar visa se les da una visa especial de trabajo”, explicó. Pero, el objetivo, insistió, es “sacarlos de la marginalidad”.
Entonces, junto con entregar la oportunidad a los que están en condiciones de insertarse laboralmente, después de eso, “nos van a quedar personas que no van a estar en condiciones de acreditar que no tienen antecedentes penales, sea por problemas documentales o porque efectivamente tienen antecedentes penales”, complementó.
En ese momento, de acuerdo al abogado y doctor en Migraciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas (España), “hay que entender que la capacidad de control de fiscalización de las policías en la calle y administrativa es un recurso finito”. Por lo tanto, “uno tiene que concentrarlo, perfilarlo”, dijo, junto con apuntar a la inteligencia policial.
“Esto no se puede solucionar con miles de carabineros. Eso es absurdo y significa no exigirle a las policías más inteligencia”, sentenció Sandoval, para quien las expulsiones son un recurso absolutamente válido, pero difícil de materializar.
“Estamos entre los que han cometido delitos y los que se les pasó la visa, no se regularizaron. Situaciones en las que si no se tiene la plata para regularizarse, si se vence la visa, no pueden avanzar y van a terminar en expulsión”, explicó.
Rodrigo Sandoval también se refirió al controvertido criterio Valencia, un oficio emitido por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, que instruye a los fiscales del país a solicitar la ampliación del plazo de detención de extranjeros indocumentados y, en última instancia, la medida cautelar de prisión preventiva para obtener la identidad de los imputados o proceder al enrolamiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación mediante la obtención del “RUT Provisorio”. Esta medida ha sido cuestionada por la Asociación Nacional de Fiscales, y su criterio no es compartido por todo el sistema de justicia.
Sandoval, abogado de la Universidad Andrés Bello, dijo compartir la crítica de los fiscales; sin embargo, a su juicio, el criterio está “muy mal comunicado”. “Cualquier persona que cometa un delito y no esté en condiciones de identificarse, la prisión preventiva es una medida que se va a tomar hasta que se pueda identificar”, comentó. No obstante, coincide con la asociación de fiscales en que “hay que hacer una distinción entre el tipo de delito”.
“El oficio distingue entre faltas, delitos y simples delitos, pero no distingue entre tipos de delito o crímenes. Hay un tema práctico. Por ejemplo, señaló, “si lo que se quiere es aplicar prisión preventiva a no identificados, se tiene que tener recursos del Registro Civil”.
Cabe mencionar que el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, expresó en Al Pan Pan sus preocupaciones sobre el criterio Valencia. La asociación ha cuestionado su implementación y ha solicitado una evaluación de la suspensión de la instrucción hasta garantizar detalles técnicos y precisar el alcance del mandato en cuanto a ciertos casos. Bravo enfatizó que, en cuanto a los delitos graves, no hay ninguna discusión, pero que el oficio no distingue respecto a delitos menores y que hace falta matizar la situación. Según señaló, el Fiscal Nacional Ángel Valencia acogió favorablemente la petición de evaluación de la medida.
