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Tras meses de ásperos conflictos por trascendidos de prensa y posiciones encontradas, el miércoles los titulares del Minsal, Ximena Aguilera, y de la Superintendencia de Salud, Víctor Torres, asistieron a la Comisión de Salud del Senado a presentar la ley corta de isapres, que pretende resolver lo establecido en el fallo de fines de noviembre pasado por la Corte Suprema. En La Moneda señalan que, una vez entregado el texto al Parlamento, la discusión y el trámite dependerán principalmente del superintendente Torres.
“Están mejor”, dicen en el Ministerio de Salud (Minsal) al referirse a las relaciones entre la ministra de esa cartera, Ximena Aguilera, y el superintendente de Salud, Víctor Torres. El mes de abril fue complejo en este sector del Gobierno, por la cantidad de trascendidos que aparecieron en la prensa respecto a la disputa entre estas dos autoridades por la redacción del proyecto de ley corta de isapres, el que pretende resolver la implementación del fallo de la Corte Suprema.
En La Moneda señalan que, ahora, el tema será responsabilidad de la Superintendencia de Salud que conduce el médico y exdiputado Víctor Torres. “Es el lugar donde siempre debió estar, pero la urgencia que puso el fallo de la Corte Suprema y el tamaño del problema exigieron la intervención de la ministra y del ministerio”, sostienen.
En el Gobierno reconocen que el tema de las isapres era una “papa caliente” de la que nadie se quería hacer totalmente responsable. En el fallo de la Suprema, conocido a finales de noviembre del 2022, los únicos actores mencionados eran la Superintendencia de Salud y las isapres. Era el ente fiscalizador el que debía hacerse cargo de implementar el fallo, pero desde el inicio del proceso señaló que no tenía las capacidades ni los recursos necesarios para enfrentar las medidas que dictaminaba el máximo tribunal del país. Eso obligó a la ministra Aguilera a involucrarse y resolver ella el tema, en momentos en que su cartera tenía otras prioridades, como –por ejemplo– la reforma de Salud y el manejo de la pandemia este invierno.
La decisión de involucrar a Salud tan activamente fue percibida en un primer momento como una manera de que la ministra pagara los costos de este complejo tema, donde el oficialismo no tiene una posición clara respecto a las isapres.
Entre los puntos más complejos del fallo estaba que las aseguradoras no podían cobrarles a los menores de dos años, que los precios de los planes de salud debían calcularse según la tabla de factores que la señalada superintendencia estableció en abril del 2020 y que los excesos de cobro realizados por las isapres debían ser devueltos a los cotizantes. Todo esto tenía un plazo para ejecutarse: seis meses desde fines de noviembre, es decir, debía implementarse antes del 30 de mayo.
La ministra fue clara respecto a esto el miércoles ante la Comisión de Salud del Senado: “Lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la devolución y generamos un procedimiento transparente donde hay una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes de devolución y que no se vea un enfrentamiento entre el gremio y el superintendente”.
También trascendió una disputa de fuerte calibre en la que la ministra Aguilera habría llamado la atención al superintendente Torres por no haber ideado o propuesto un plan para resolver el problema y le habría echado en cara que tenía un muy buen sueldo, mejor que muchos importantes cargos del ministerio.
Se conoció igualmente que el jefe de asesores, Miguel Crispi, tenía reservas ante lo obrado por el ministerio y por eso habría asistido a una reunión del Comité Político, cuyo objetivo era enfrentar este asunto en La Moneda, junto a una serie de parlamentarios oficialistas para monitorear el tema. En la cartera desmintieron que esto fuera una sorpresa y señalaron que Crispi y los parlamentarios habían sido previamente invitados por el Minsal.
En este escenario de trascendidos y desmentidos es que finalmente se llegó a la ley corta de isapres que se presentó ante la Comisión de Salud del Senado y que, en términos generales, faculta a la señalada superintendencia para aplicar el fallo, crea la modalidad que permite que los cotizantes en Fonasa puedan contratar seguros complementarios, acuerda normas para reducir el impacto de las sentencias en las isapres y establece que serán estas las encargadas de presentar un plan de pago de aquellos casos en que hubo cobros excesivos a los afiliados.
En el momento más álgido de este problema, se especuló que había un sector del Gobierno liderado por el jefe de asesores, Miguel Crispi, que estaría buscando el fin del sistema de las isapres, para poder implementar el programa gubernamental que estipulaba un gran servicio de salud pública en que se atendieran todos los chilenos. En contraposición a este grupo, la prensa colocó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que buscaba evitar una quiebra generalizada del sistema, consciente de los efectos que podía tener la migración masiva de los cotizantes de isapres a Fonasa, lo que era visto por los sectores más radicales del Ejecutivo como una manera de favorecer al sector privado.
Finalmente, ayer ambos representantes asistieron a la presentación del proyecto de ley corta de isapres y, en un tono cordial, el superintendente mencionó el trabajo colaborativo que tuvo con el Ministerio de Salud y el importante rol que asumirá en el trámite de esta ley: “Durante la mañana, ambos equipos elaboraron la solicitud de prórroga que ya fue ingresada a la Corte Suprema y se solicitó un plazo adicional de seis meses para que el Congreso tenga tiempo suficiente para legislar. Sin embargo, la aceptación de esta solicitud de prórroga aún está sujeta a la decisión de la Suprema. Si la legislación se aprueba antes de la prórroga, se emitirá la circular correspondiente con la nueva ley”, detalló Torres.
