PAÍS
Crédito: Agencia Uno
A través de un recurso de aclaración, se sostiene que “la señora Irací Luiza Hassler Jacob como persona natural no tiene la calidad de querellante y para esta parte tiene la calidad de imputada”.
La Fiscalía Centro Norte presentó un recurso de aclaración respecto el papel de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en la investigación que enfrenta por eventual fraude al fisco en el marco de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.
Lo anterior, luego de que el fiscal Patricio Cooper solicitara una rectificación o enmienda sobre el estatus de querellante que le asignó el Séptimo Juzgado de Garantía a la autoridad comunal, aclarando que se encuentra en calidad de imputada.
A través de un documento, el persecutor fundamentó la determinación debido a que la Municipalidad de Santiago aparece como querellante en cuanto a corporación de derecho público, no así el caso de la alcaldesa como persona natural.
“En la presente causa hay cinco querellantes, los abogados Aldo Nolberto Duque Santos y Miguel Cea Bustos, los honorables diputados Juan Eduardo Irarrázaval Rossel y Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y finalmente la Ilustre Municipalidad de Santiago, como corporación de derecho público”, sostiene el escrito. “La señora Irací Luiza Hassler Jacob como persona natural no tiene la calidad de querellante y para esta parte tiene la calidad de imputada”, agrega el documento.
Por su parte, la defensa de la alcaldesa también ingresó un recurso con la misma solicitud. Ahí, exponen que “ella tiene la calidad de imputada porque los Republicanos piden citarla en esa calidad en su querella. El Código Procesal Penal le da los derechos del imputado a partir de esta imputación de ellos. Que los querellantes la sindiquen como imputada no implica en modo alguno evaluación de su responsabilidad”.
En paralelo a esta situación, desde el municipio ingresaron una querella por eventual estafa contra los tres tasadores que se vieron involucrados en la fallida adquisición del inmueble, cuya transacción no se completó luego de un informe de Contraloría, donde se advertía un sobreprecio en los más de $8.200 millones que se estaban ofreciendo para su compra.
