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El escándalo que ha generado el conocimiento de tres convenios por más de $400 millones a la Fundación Democracia Viva -correspondiente a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade- por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, ha provocado que el Gobierno este bajo la lupa de la opinión pública, aparte de los costos individuales, tales como la renuncia de la autoridad regional, Carlos Contreras, y la salida de la parlamentaria de la Mesa de la Cámara Baja. Sin embargo, no es el único caso, esto porque una investigación de Radio Bio Bío reportó que desde el Gobierno se han entregado $3 mil millones a distintas fundaciones pro-Ejecutivo de la región de Antofagasta para el trabajo con los campamentos de la zona. [ACTUALIZADA]
El escándalo que ha generado el conocimiento de tres convenios por más de $400 millones a la Fundación Democracia Viva -correspondiente a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade– por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, ha provocado que el Gobierno este bajo la lupa de la opinión pública, aparte de los costos individuales, tales como la renuncia de la autoridad regional, Carlos Contreras, y la salida de la parlamentaria de la Mesa de la Cámara Baja.
Sin embargo, no es el único caso, esto porque una investigación de Radio Bio Bío reportó que desde el Gobierno se han entregado $3 mil millones a distintas fundaciones pro-Ejecutivo de la región de Antofagasta para el trabajo con los campamentos de la zona.
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La denuncia la publicó el medio local Timeline, quienes recogieron la molestia por parte de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta, quienes informaron asignaciones por parte del organismo a al menos siete fundaciones con el argumento de “habitabilidad primaria” de los campamentos de la región. La Fiscalía Regional se encuentra indagando el caso.
Si bien por el momento solo se conocía el caso de Democracia Viva, la investigación de Radio Bio Bío arrojó que otras fundaciones también han recibido montos por parte de la Seremi del Minvu de la región de Antofagasta para el trabajo con campamentos. El denominador común en cada una de estas son su cercanía con personeros del oficialismo y sus líderes han manifestado públicamente su apoyo al Presidente Gabriel Boric.
La primera fundación en cuestión es la Asociación Campamento de Ideas, ligada a Ernesto Espinoza Illanes. Los montos recibidos detallan $797.593.752. Asimismo, a Espinoza Illanes se la ha visto en sus redes sociales apoyando la candidatura de Boric en 2021. Por otro lado, la directora ejecutiva de la fundación, Karen Christie, fue funcionaria del Gobierno Regional de Antofagasta y cercana al exsenador de la región, Alejandro Guillier. Se desconocen las rendiciones de gastos.
Montos recibidos por la Asociación Campamento de Ideas. Créditos: Radio Bio Bío.
En la lista, sigue la Fundación ProCultura, entidad conocida por el Mandatario, puesto que su pareja Irina Karamanos trabajó casi un año en el lugar. Desde la entidad aseguraron que Karamanos estuvo en el Área Educación, llevando a cabo proyectos con Rapa Nui.
Pro Cultura recibió montos de la Seremi del Minvu de la región por cerca de $500 millones en el mismo período de Democracia Viva. Su director ejecutivo y socio fundador, Alberto Larraín Salas, médico psiquiatra, estuvo colaborando por la campaña eleccionaria de Boric y tiene participación en mesas del Ejecutivo.
Montos recibidos por Pro Cultura. Créditos: Radio Bio Bío
La tercera de la lista es la Fundación Urbanismo Social, a la que durante el trimestre 2022 le fueron transferidos $577 millones. La directora es Pilar Goycoolea Ferrer, cercana al ministro del Minvu, Carlos Montes, y es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.
En esta fundación se destacan los nexos con personeros de la exConcertación, a quienes se les ha visto en los distintos eventos organizados por la entidad, tales como el propio Carlos Montes, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, o la edil de Peñalolén, Carolina Leitao.
A Goycoolea se le ha visto en sus redes apoyando la opción “Apruebo” del pasado plebiscito constitucional. Asimismo, en las redes de la propia Fundación se pueden apreciar “festejos” tras el triunfo de Gabriel Boric en 2021.
Montos asignados a Fundación Urbanismo Social. Créditos: Radio Bio Bío
Con $400 millones en tres transferencias se encuentra la Fundación Cultura Tom Arte, cuya presidenta es Kelly Betancourt Acosta, persona ligada al Gobierno. La Fundación estuvo apoyando la opción “Apruebo” y estuvo difundiendo contenido del proyecto de Carta Magna rechazado el de septiembre.
En quinto lugar, se encuentra Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra, entidad que recibió $403 millones por parte de la Seremi Minvu de Antofagasta para mejorar la transición en la vida de los campamentos de la región. El organismo es liderado por Mery Ortiz Donoso -cercana al Ejecutivo- y estuvo trabajando por la opción “Apruebo”. La fundación también figura en la página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como una red de profesionales que generan colaboración en temáticas del arte y educación. Sin embargo, los dineros provienen solamente del Seremi Minvu de Antofagasta.
La Contraloría General de la República (CGR) tomó acciones del caso luego de la denuncia del medio Timeline, con los montos recibidos por Democracia Viva, organismo que tiene menos de un año de vida.
Se espera que el órgano contralor oficie a la Seremi Minvu Antofagasta solicitando el convenio de trasferencias de los recursos otorgados a Democracia Viva con la finalidad de la ejecución de diagnósticos socio territoriales. Aunque, la investigación acotó que desde CGR establezca un tiempo para indagar los “convenios” entregados y verificar que cumplan con lo reglamentado.
Ante este escenario, existe la probabilidad que no solo se investigue a Democracia Viva sino a todas las fundaciones que documentan los $3 mil millones públicos.
En la denuncia de los funcionarios, estos resaltan que la decisión de transferir los montos pasó por el exseremi, Carlos Contreras, y no por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Desde el 7 de febrero de este año, el Mandatario nombró al director regional del Serviu de Antofagasta tras un largo concurso público.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señala en sus cifras que la región de Antofagasta es la cuarta del país con más campamentos con 85 asentamientos, sumando 7.384 familias. El listado lo lidera Valparaíso con 235 asentamientos irregulares y 18.405 hogares. En segundo puesto está la región Metropolitana con 142 campamentos y 13.392 familias. Tarapacá está en tercer puesto registrando 55 campamentos con 9.300 familias.
El Minvu recalca que la creación de campamentos ha ido en aumento en el país, donde se destaca la usurpación de predios comunales, lo que ha generado un foco de delincuencia y negocios irregulares.
El fundador de ProCultura, Alberto Larraín, se defendió de las acusaciones. “Lo primero es que genera una molestia muy grande a raíz de que este es un proceso que uno concurre por solicitud del Ministerio de Vivienda. El Minvu es el que hace el llamado a las distintas fundaciones que están presentes en la región para poder ejercer acciones que el municipio no podía ejercer y se nos solicita participar en una condición donde hay una serie de comunidades bastante vulnerables”, dijo al citado medio.
“Nosotros tenemos un convenio marco con el Ministerio de Vivienda desde la administración pasada, donde habíamos ejercido varias acciones de distintos niveles, en distintas complejidades de proyectos. Entonces, en ese sentido, teniendo el convenio marco nos pareció de suyo que efectivamente uno pudiera contribuir a lo que las comunidades van requiriendo”, añadió.
“Ahora, hoy día no solamente está el manto de duda en nosotros, sino que hay campamentos que son abandonados nuevamente en una condición de extrema vulnerabilidad y termina generando que aquellos que estamos haciendo bien la pega y que nos esforzamos porque las comunidades puedan tener proceso de desarrollo, terminamos siendo cuestionados”, agregó.
En ese sentido, y tras reconocer que hay fundamentos para realizar estas críticas hacia su labor y los montos recibidos, planteó que es necesario abrir el debate sobre el rol de las fundaciones: “La arista que se abre acá o la pregunta más de fondo es si el Estado quiere o no esta colaboración, donde además nosotros ponemos otros recursos, que son adicionales a los que el Estado pone. Ante eso la pregunta es si Chile cree que el Estado tiene que seguir administrando todo a su ritmo y a su forma”.
