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Créditos: Agencia Uno
El Ejecutivo atraviesa por uno de los problemas más complejos que le ha tocado enfrentar durante su administración. Si bien, hasta ahora, la situación del convenio entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva no implica alguna remoción de un cargo en el Gobierno, sí genera problemas al interior de su núcleo central: el Frente Amplio. Un conglomerado que nace y se hace a partir de su crítica a las malas prácticas en política, hoy tiene a uno de sus partidos centrales en medio de una polémica de ese estilo. Voces oficialistas advierten que aquello genera intercambios de opiniones entre las colectividades hermanas y que el hecho ataca directamente la línea de flotación de La Moneda.
No es primera vez que una polémica nacida en Revolución Democrática (RD) logra abrir flancos de crítica hacia el Gobierno. El anuncio del término de los Colegios Bicentenario; el “telefonazo” de la diputada Orsini; los reiterados comentarios de su presidente, Juan Ignacio Latorre, en los que ha tenido que rectificar, han sido algunos de los eventos en los que le han hecho mala propaganda al actual Ejecutivo. Sin embargo, el convenio de más de $426 millones entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que implica a varios militantes RD, es sin duda una de las situaciones más amenazantes para el oficialismo y, según varios parlamentarios y autoridades del sector, la polémica atenta contra la línea de flotación del Gobierno.
Pese a que este jueves el panorama se volvió más complejo aún, tal escenario no impidió que el timonel de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, le echara más leña al fuego. Latorre entregó declaraciones en la mañana que sugerían que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), tenía conocimiento de los polémicos convenios, luego de que la subsecretaria Tatiana Rojas (RD) le advirtiera sobre el caso. Durante el día se reveló que el ministro había llamado a Latorre para manifestarle su enojo y señalarle que estaba equivocado.
Más tarde, el RD reculó y les brindó apoyo a las acciones de fiscalización que está realizando el ministerio en cuestión: “Estamos completamente en sintonía con el Minvu, encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción”. Además, el senador Latorre aseguró que “como Revolución Democrática hemos pedido la expulsión de los militantes que firmaron el convenio”.
Al interior de Palacio advierten que los dichos de Latorre pusieron en un lugar más complicado a su correligionaria Rojas, dado que el Gobierno va a defender a Montes. Desde la interna del Frente Amplio (FA), además, también aseguraron que los dichos del presidente de RD iban en la dirección contraria.
Cuando estalló el caso de Antofagasta, el Ejecutivo salió a condenar en duros términos lo ocurrido. La ministra vocera, Camila Vallejo (PC), recalcó que “fue un total y absoluto despropósito político”, cuando días antes la diputada Camila Pérez (RD) –pareja del representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (también RD)– había acusado un “aprovechamiento político” del caso y que se “ha buscado endosar a mí una responsabilidad que yo no tengo por actos que son de terceros, y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad”.
Esta polémica también afectó la sintonía entre los principales partidos del Frente Amplio. Hace un par de semanas, el Presidente Gabriel Boric reveló que quería que el cumpleaños de su colectividad, Convergencia Social (CS), fuera el último, haciendo alusión a que dentro de este año esperaba que hubiese un partido único que congregara los proyectos políticos del FA. Comunes salió a respaldar la iniciativa; sin embargo, Revolución Democrática advirtió que primero se requería un diálogo interno, aun cuando estaban inaugurando el edificio que compartirán con sus pares de Convergencia Social.
El partido del Mandatario emitió una declaración pública que al interior del Frente Amplio consideraron “dura”. En el texto reconocen el cambio de la diputada Pérez: “Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político”. Además, CS dice que el hecho atenta contra el discurso que los hizo entrar al panorama político, pues “nosotros emergimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre la política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia”.
Además de considerar “un grave error político” el caso de los convenios, la Dirección Nacional de la colectividad afirmó en su declaración que es “necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas”. Dentro del FA aseguran que esta posición era de esperarse e, incluso, advierten que la tienda del Presidente endurece su discurso para parecer el partido “más ordenado”.
Por su parte, el partido Comunes, también a través de una declaración pública, hizo referencia a que el Frente Amplio “nace como respuesta a la distancia cada vez mayor entre la ciudadanía y una clase política que, encerrada en sí misma, sobrepuso en muchas ocasiones los intereses privados a los públicos”, junto con añadir que estarán siempre “del lado de la ética y la probidad, lo que nos lleva a actuar con más firmeza aún cuando los errores provienen de nuestras propias filas”. Sin embargo, tildaron el acto como uno “poco criterioso que debe ser investigado por las instancias correspondientes”.
En el mismo conglomerado coinciden en que este caso ataca una parte fundamental de su proyecto político y desde el Congreso creen que puede afectar su línea de flotación. El diputado y jefe de bancada DC, Eric Aedo, señala que este es un símil del “Caso Caval y SQM juntos”. Además, agrega que es necesario ver el nivel de involucramiento del Minvu al respecto.
Al interior del Parlamento, esta vez desde la oposición, sostienen que es un golpe profundo al Ejecutivo y que sí traerá complicaciones en las nuevas negociaciones de los proyectos. De acrecentarse el problema, advierten, la actual administración puede pasar a ser un Gobierno de gestión.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, ha estado atento a la polémica, pues el caso ocurrió en su región y él fue militante de Revolución Democrática. Para Díaz, el asunto de los convenios es un tema “de mucha gravedad, pues, al fallar a la fe pública, es algo que genera daños a todos”.
Además, subraya que el golpe a la credibilidad del Ejecutivo es muy duro, porque “precisamente lo que lleva al actual Gobierno al poder es su cuestionamiento hacia las malas prácticas políticas. Ahora vemos que aquellos que venían a renovar la política cometen los mismos errores”, sostiene. Con esto, asegura, “se le está infligiendo un gran daño al Gobierno, porque se le está pegando en su línea de flotación”.
