El excontralor y actual integrante de la comisión de probidad del Gobierno, denunció la existencia de organizaciones “truchas” que se han “coludido” para obtener transferencias del Estado con fines no previstos en la ley. En el denominado Caso Convenios, Mendoza apuntó a transferencias basadas en la simpatía y la armonía entre quienes transfieren y quienes reciben los recursos. El comisionado planteó la posibilidad de que este mecanismo financie tanto partidos políticos como campañas o beneficie a personas específicas. Además, destacó la falta de seguimiento y transparencia en el uso de estos fondos, lo que revela múltiples fallas en las transferencias estatales. Por último, aunque no considera que el caso sea un problema que derribe al Gobierno, subrayó la importancia de asumir la responsabilidad y encontrar soluciones.
El denominado Caso Convenios ha tenido al Gobierno del Presidente Gabriel Boric con serias dificultades y enfrentando críticas a sus ministros de Vivienda, Carlos Montes (PS), y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). Incluso, por estas causas hay indagaciones de Fiscalía en nueve regiones, por montos superiores a los $14 mil millones. En este contexto, el Ejecutivo anunció una comisión para la probidad y la integridad.
El pasado 4 de julio, el Presidente Boric presentó la comisión de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones, un grupo técnico de trabajo de carácter transversal, para abordar la relación entre las organizaciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Uno de sus integrantes es el excontralor Ramiro Mendoza, quien expresó su falta de sorpresa ante estas revelaciones, aunque advirtió sobre una “trilogía de elementos peligrosos” en la materia.
Uno de los elementos destacados por Mendoza es la “facilidad estructural” de formar una organización no gubernamental (ONG) o una entidad de la sociedad civil en Chile. Haciendo referencia a un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, dirigido por Ignacio Irarrázaval, también miembro de la comisión en la que Mendoza participa, señala que en los últimos años ha habido un aumento significativo en el número de estas organizaciones, alcanzando alrededor de 250 mil.
“La verdad no me sorprende (el caso). Yo creo que hay una trilogía que es realmente muy peligrosa, que es la posibilidad de crear personas políticas de manera muy fácil”, manifestó el excontralor, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.
Como segundo elemento de esta peligrosa trilogía, el excontralor resaltó que estas organizaciones tienen una administración que no cuenta con la capacidad suficiente para fiscalizarlas y que, además, carecen de un lenguaje común para mostrar sus resultados y transparentar quiénes son sus controladores. Esto plantea un problema de control y rendición de cuentas que debe ser abordado de manera urgente. “Aquí hay un problema también de control”, planteó Mendoza.
El tercer elemento de esta “cazuela”, como lo describió el comisionado Ramiro Mendoza, es el cambio en la forma en que se realiza el gasto público en Chile. El excontralor sostuvo que la ley de presupuesto ha propiciado un perfilamiento en esta área, en la cual una parte importante del gasto público se realiza a través de transferencias. Estas transferencias pueden ser tanto al sector público como al sector privado, siendo este último un colaborador activo en la toma de decisiones estatales, especialmente en sectores descuidados por el Estado.
Es en este contexto donde entran en juego las corporaciones, fundaciones y ONG. En ese sentido, Mendoza advirtió que existen organizaciones creadas con el propósito de recibir recursos para llevar a cabo gestiones políticas en los territorios. Este enfoque territorial implica la existencia de una gestión política realizada por estas entidades, que pueden ser tanto beneficiosas como peligrosas.
“Aquí entran las corporaciones, fundaciones, ONG buenas, muy buenas, excelentes y también muy malas y peligrosas como estas organizaciones que han sido creadas con el fin de recibir recursos para hacer gestión política en el interior de los territorios. Entonces aquí estamos en un foco territorial donde hay gestión política hecha por corporaciones y fundaciones”, afirmó en El Mostrador Vodcast.
Mendoza aseguró que “hay un conjunto de organizaciones truchas que se han coludido para los efectos de obtener transferencias del Estado para fines que no son los previstos en la ley. Y eso es lo que se debe castigar y sancionar”. En el Caso Convenios, dijo, “entra la simpatía del que transfiere, la armonía con el que recibe, y el simpático con el armónico terminan entregando recursos sin concursos”.
Consultado sobre si estamos ante un mecanismo para financiar partidos, campañas políticas o el bolsillo de determinadas personas, en el marco de la investigación, el excontralor cuestiona: “¿Y, si fueran todas?”. Ramiro Mendoza aclaró que podría haber “un problema de un sector político que está aprovechando la coyuntura de esa arquitectura de transferencias para su sector, por una parte”. Y, por otra, agregó, “como no tenemos seguimiento de viabilidad de los propósitos de ese gasto, no sabemos si esta emparejado con la realidad y la transparencia o una parte financia fines políticos o a personas que están en una dependencia patrimonial del Estado a través de esta figura”. Eso, además, añadió, “revela múltiples fallas desde el punto de vista de las transferencias”.
Por ultimo, concluyó Mendoza, “está el hecho más complejo, que es la forma de buscar incidencia para elecciones posteriores, lo que daña la calidad de la política ensuciando su esencia”. Es decir, que los recursos fiscales “adulteren” la voluntad democrática de mañana. Esto, “es un problemón”, remarcó el comisionado, aunque no considera que el Caso Convenios sea un problema “de caída” del gobierno, sino que tiene que ver con la responsabilidad y la capacidad de solucionar el problema.
