Jorge Araya, académico Usach y exdirector de Seguridad Pública en el gobierno de Bachelet, lamentó que el descontrol en la inmigración haya permitido el ingreso de bandas del crimen organizado internacional, que se han sumado a las bandas locales, aumentando los homicidios. A esto se sumaría una “reacción de taimado” de parte de Carabineros tras el estallido social de 2019. Araya resaltó la necesidad de que las Fuerzas Armadas diseñen planes y mejoren los controles fronterizos. Además, hizo hincapié en la importancia de desarrollar un nuevo sistema de inteligencia, señalando que la Agencia Nacional de Inteligencia es insuficiente en recursos y atribuciones.
En los últimos años, los homicidios en Chile prácticamente aumentaron un 50%. Así lo refleja el primer informe nacional elaborado por el Ministerio del Interior, sobre este tipo de delito. Entre 2018 y 2022, se pasó de una tasa de 4,5 a 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. O, dicho de otro modo, aumentaron de 845 a 1322 los homicidios consumados.
En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, señaló que en Chile había una delincuencia tradicional “más inocente”, pero en los últimos 15 años actividades ligadas al narcotráfico crearon un ambiente delictual distinto.
Araya lamentó que con el descontrol de la inmigración también hayan penetrado bandas del crimen organizado internacional, las que se habrían sumado a las bandas locales, lo que derivó en este aumento de homicidios. Según el experto en seguridad, el nivel de homicidios en regiones del norte “es terrible”. En Arica, mencionó, “se está llegando a 17 (casos por cada 100 mil habitantes)”. Entonces, “están viviendo un poco ya al nivel de lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, donde esto está desatado”, alertó.
Jorge Araya recalcó que la inmigración descontrolada golpeó especialmente a la regiones del norte, donde hay una frontera “prácticamente abierta”, “permeable”, con “gente ligada al crimen organizado que viene de Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela”.
Al aumento del crimen organizado se sumaría otra arista, en el marco de la crisis de seguridad pública que hasta hace poco aquejaba a todo el país —aunque sigue siendo la principal preocupación de los chilenos según encuestas—. Con el estallido social, sostuvo el académico, en Carabineros, “hubo una especie de reacción de taimado”, con la que decían “‘me están criticando, entonces yo me quedo en los cuarteles'”. Tras la violencia registrada en octubre de 2019, según Jorge Araya, la policía uniformada realizó “una huelga implícita de falta de acción policial durante un período importante de tiempo”.
El experto en seguridad sostuvo que se debe exigir a las Fuerzas Armadas (FFAA) que puedan diseñar planes y repensar los mecanismos de control fronterizo. Además, enfatizó que “tenemos que desarrollar un nuevo sistema de inteligencia”.
En la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), lo que sucede, de acuerdo al profesor Araya, es que es una institución “muy pequeñita” y “Chile no ha invertido lo suficiente” en ella. “La ANI es una pequeña institución ahí, en unos pisos en el centro de Santiago, con una poca gente que no tiene muchas atribuciones”, cuestionó.
Cabe mencionar que el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública fue aprobado y despachado a la Cámara. El Senado visó la iniciativa que busca crear la secretaría encargada de trabajar directamente con la Presidencia de la República sobre temas de seguridad, y que estaría a cargo de instituciones como Carabineros y la PDI. El costo fiscal en régimen será de $5.576 millones.
En su mayoría, los legisladores y legisladoras valoraron la iniciativa que es parte de la agenda de seguridad que prioriza el trámite y despacho de los proyectos que permitirán combatir el crimen organizado y la delincuencia. Además, señalaron su esperanza de que “éste sea un primer paso para avanzar en un ministerio que concentre todas las agencias, tales como, ANI, Ciberseguridad y otras, con el fin de permitir una mejor interoperatibilidad y gobernanza digital”.
Durante el debate, los parlamentarios afirmaron que “si bien ésta no es una solución mágica sí es una ayuda importante”, haciendo énfasis en la necesidad de que vaya acompañada de “una buena gestión, seria y responsable, buscando siempre el profesionalismo”.
