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Créditos: Agencia Uno
La líder de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), apareció en el Caso Convenios por su papel en la flexibilización de las transferencias directas a fundaciones de gobiernos regionales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió su gestión, destacando su conocimiento y dedicación. Además, explicó que las modificaciones en la ley de presupuesto, que aumentaron la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales, no son responsables de casos investigados previamente y que de los 23 casos investigados, solo uno operó bajo el criterio de Martínez. La medida, sostuvo Marcel, buscaba igualar condiciones con el sector público y facilitar convenios con instituciones públicas.
Hace unos días que la líder de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), apareció en una artista del Caso Convenios. Esto puesto que ella habría sido responsable de la flexibilización de la a burocracia de las transferencias directas las fundaciones para recibir dineros de los gobiernos regionales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, despejó dudas y explicó que los casos que hoy se investigan tienen un origen previo a ese cambio de criterio. Además, defendió la gestión de Martínez.
“La directora de presupuestos, Javiera Martínez, en mi opinión, yo que he conocido a todos los directores de presupuestos desde la vuelta de la democracia, es probablemente la mejor directora de presupuestos que hemos tenido por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez. Y quiero decirle que en esa comparación incluye a todos los directores de presupuestos, incluyéndome a mí mismo”, dijo Marcel en Mesa Central en Canal 13.
Es importante aclarar que la modificación a la ley de presupuestos que hizo Martínez no es una arista del caso Democracia Viva, dado que fue un cambio que afectaba a las gobernaciones regionales, por ejemplo, el caso lencería que implica a la ex candidata a la alcaldía de Concepción Camila Polizzi.
Marcel, además, explicó que las modificaciones en la ley de presupuesto fueron para el 2023 que “básicamente tenían por objetivo incrementar la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales”. En ese sentido, agregó que esos cambios “son posteriores a los casos que se están investigando. O sea, difícilmente uno podría decir que las modificaciones del presupuesto del 2023 son responsables de cosas que ocurrieron en el 2022”. De los 23 casos que está investigando la Contraloría por transferencias directas de gobiernos regionales a fundaciones, solo uno operó bajo el criterio Martínez.
El ministro, además, mencionó los antecedentes que respaldaron la lógica detrás del cambio que hizo la líder de la Directora de Presupuestos: “El cúmulo de restricciones que en otros ámbitos tenían los gobiernos regionales para ejecutar sus presupuestos, sus proyectos, terminaban en una presión para terminar ejecutándolos a través de convenios con instituciones privadas, sin fines de lucro”. En esa línea, lo que se hizo en el Proyecto de Presupuestos del 2023, “fue ampliar su capacidad ejecutora, darle los recursos necesarios, igualar las condiciones con el resto del sector público, generar mayor facilidad para actuar mediante convenios con instituciones públicas”.
