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Crédito: Agencia Uno
La Corte Suprema rechazó este lunes la prórroga de seis meses que buscaba el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para mantener a la jueza Romy Rutherford en la investigación por el fraude al Ejército. El resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 7 a favor. De esta manera, tras seis años y medio como ministra en visita –tiempo en que dictó 12 condenas y procesó a los generales (r) Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo por malversación de más de $ 14.300 millones en gastos reservados–, Rutherford tendrá que finalizar sus labores el próximo 04 de septiembre. Para reemplazarla se barajan los nombres de Jenny Book –quien ya integra la Corte Marcial– y la jueza Ana María Osorio.
Se acaba la era de Romy Rutherford como ministra en visita que investiga los fraudes en el Ejército, o “Milicogate”, como también es conocido el caso. Esto, porque la Corte Suprema rechazó este lunes la prórroga de seis meses que buscaba el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo que su participación finaliza el próximo 4 de septiembre.
En el escrito del CDE se indicaba que Rutherford, “sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”.
Sin embargo, el pleno del máximo tribunal del país rechazó esta solicitud por 11 votos en contra y 7 a favor. De esta manera, y tras seis años y medio como ministra en visita, Rutherford tendrá que finalizar sus labores el próximo lunes.
Por otro lado, la causa quedaría en manos de Jenny Book –quien ya integra la Corte Marcial– o de Ana María Osorio, quien en julio pasado fue electa para integrarse a la instancia, justamente en reemplazo de la mencionada jueza.
Cabe recordar que a Rutherford, que comenzó en marzo del 2017, ya se le había renovado el plazo una primera vez, en 2020, y, luego, en marzo de 2022, tras aprobarse una indicación a la denominada “Ley Rutherford”. Por eso, se le concedió una extensión más, hasta el 4 de septiembre de 2023.
En resumen, durante los casi 7 años a cargo, la ministra Rutherford analizó 2.670 archivadores guardados en una bóveda.
Desde que Rutherford asumió la investigación por fraude dentro del Ejército, ha encausado a 68 uniformados, ha dictado 12 condenas, además de imputar a los generales (r) Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo por malversación de más de $ 14.300 millones en gastos reservados.
Debido a esto, y a las investigaciones, Rutherford debió ser escoltada por Carabineros en algunas ocasiones, y por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), puesto que desde que se intensificaron las diligencias en contra del Ejército, se volvió una autoridad en riesgo. También enfrentó acusaciones que la llevaron al Tribunal Constitucional (TC).
Rutherford llegó al Poder Judicial en 1996 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. En el año 2003 fue nombrada como jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. Y, en 2007, empezó a relatar en la Sala Civil de la Corte Suprema.
