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Luego de que esta tarde se aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, incluyendo la polémica indicación sobre la “legítima defensa privilegiada”, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, afirmó que el Gobierno “va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”.
El Gobierno sufrió una derrota en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que tras dos jornadas de análisis la Sala despachó la llamada Ley de Usurpaciones al Senado, desestimando la mayoría de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, que consideraban la precariedad económica de quienes realicen tomas u ocupaciones, así como revertir la legítima defensa privilegiada.
El proyecto busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijar nuevas penas y formas comisivas, e incorporar mecanismos de restitución. Ante esto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), indicó que la posición del gobierno “dice relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el estado de derecho en Chile y que, en alguna medida, lo aprobado hoy pone en duda”.
El ministro Elizalde destacó que “en Chile, la violencia entre particulares está prohibida, en Chile no hay espacio para la autotutela y la justicia por mano propia, en Chile un conflicto jurídico lo resuelven los tribunales y el monopolio de la fuerza está radicada en las instituciones públicas, particularmente las policías”.
Cabe mencionar que se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.
“Por eso nos parece que lo aprobado hoy sin duda es una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico, y, por eso, el gobierno (…) va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, sentenció el encargado de las conversaciones entre el Gobierno y el Congreso.
Las declaraciones del ministro Elizalde van en la línea con lo expresado el pasado 11 de agosto por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien no descartó recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que la iniciativa continuara su avance en el Congreso. “No descartamos ninguna herramienta. Lo que decimos es que no vamos a tolerar que se legisle para promover el enfrentamiento entre civiles”, indicó en dicha oportunidad el subsecretario del Interior.
