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Clan del Golfo: primera condena en Chile contra miembros del principal cartel narco de Colombia PAÍS

Clan del Golfo: primera condena en Chile contra miembros del principal cartel narco de Colombia

Carlos Basso Prieto
Por : Carlos Basso Prieto Unidad de Investigación de El Mostrador
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Una exmilitar colombiano y su ayudante terminaron sentenciados, por la internación de casi 694 kilos de marihuana “creepy” a Chile, la cual tenía una pureza del 100%. Según indicó en su momento el Fiscal Regional de Arica, ambos eran exmilitares con formación de inteligencia, lo que explica las tácticas evasivas que realizaban cuando los seguía el OS-7 de Carabineros. Pese a ello, nunca se dieron cuenta (hasta cuando ya fue muy tarde) que “Z1”, como lo identificaron en el juicio, quien ellos creían que era parte del negocio, en realidad era un infiltrado en la organización. La investigación se inició debido a un dato que la DEA estadounidense entregó a Carabineros.


Un total de 14 años y medio de presidio deberá cumplir un exmilitar colombiano, Mario Cortés Oidor, que la fiscalía sindicó en su momento como el brazo operativo del Clan del Golfo en Chile. Junto a él fue sentenciado un connacional suyo, Luis Polo Beltrán, quien recibió una condena de tres años y un día, constituyéndose este fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica en el primero en que se condena en Chile a integrantes del Clan del Golfo, la principal organización de narcotraficantes de Colombia hoy por hoy, que se disputa la supremacía del tráfico ilícito de estupefacientes en todo el continente americano con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México.

La historia judicial de ambos comenzó a escribirse a inicios de 2022, cuando un agente de la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos, en Santiago, avisó al OS-7 de Carabineros que el Clan del Golfo estaba preparando un importante envío de marihuana creepy (es decir, adulterada genéticamente) que llegaría desde Perú a Arica vía terrestre, y desde allí sería enviada a la capital del país.

Ante ello, se informó a la Fiscalía de Arica y, por medio de su sistema de análisis criminal, se efectuaron las coordinaciones del caso con su par peruana y con la policía de ese país, autorizándose una entrega controlada de la droga. En efecto, gracias al uso de agentes encubiertos y un informante a quien solo se identifica como “Z1“, el 01 de mayo de 2022 se efectuó la entrega de la droga, que consistía en 11 bidones plásticos, que pesaban casi 694 kilos.

Tal como estaba planificado, los agentes infiltrados en la organización se coordinaron con quienes se encontraban en Santiago, avisando que llegarían unos días después, luego de que “Z1” se reuniera en un local de comida rápida ubicado en la esquina de Pedro de Valdivia con Nueva Providencia con Cortés Oidor, mientras afuera del restorán Luis Polo se mantenía en actitud vigilante.

“Z1” y Cortés acordaron que parte de la droga sería entregada el 10 de mayo en el estacionamiento de un edificio de Santiago centro y, luego de ello, y los colombianos se retiraron en una Nissan Qashqai robada, que usaba placas patentes que habían sido gemeleadas de otro vehículo del mismo modelo, siendo seguidos por el OS-7.

Hasta ese momento la diligencia no era muy distinta de muchas otras, pero en el seguimiento, los policías se dieron cuenta de que aquí había algo inusual, pues les fue casi imposible seguir al vehículo, dado que quien lo conducía evidentemente tenía entrenamiento en tácticas de evasión y, por ende, ejecutaba maniobras muy complejas de predecir, propias de cualquier persona formada para ello.

De hecho, existe el convencimiento de que Cortés ni siquiera se dio cuenta de que lo seguían. Simplemente, explican fuentes del caso, manejaba así porque, como exmiembro del Ejército colombiano, estaba habituado a asumir que siempre podía haber alguien tras sus pasos.

Varios otros hechos confirmaron que se trata de un procedimiento fuera de lo común. Uno de esos fue que cuando negociaron la entrega de la droga, Cortés pidió una prueba de que esta no había intervenida, la que consistía en que le mandaran una foto de un diario del día, junto a los sellos de los bidones. Los investigadores creen que él sabía de antemano qué tipo de sellos tenían y, de ese modo, quería comprobar que los contenedores no hubieran sido abiertos y su contenido remplazado, como muchas se hace en las entregas vigiladas.

El día de la transacción el OS-7 siguió por tierra y aire (con drones) a ambos sujetos, hasta que ingresaron al estacionamiento del edificio ubicado en Merced 516, donde los esperaba un agente encubierto, que estaba al interior de una van en la cual se encontraba la droga. Cada uno de los bidones contenía entre 55 y 60 paquetes, y se estima que el total de lo traficado era cercano a los dos millones de dólares.

Fue en ese momento que irrumpió personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), fuertemente armado, pues esperaban una posible resistencia, pero no la hubo. La posterior revisión química de la droga, que estaba en paquetes que tenían en sus afueras logotipos de Starbucks y Louis Vuitton, arrojó otra de las sorpresas de este caso: tenía una pureza de 100%.

Tras la detención, el Fiscal Regional de Arica y Tarapacá, Mario Carrera, indicó que tanto Cortés como Polo “efectivamente pertenecen a esa organización, el Clan del Golfo, de Colombia“, agregando que “son ex funcionarios militares de ese país y por lo tanto tienen una preparación que evidentemente es más sofisticada”.

La autoridad del Ministerio Público señaló también que ambos efectuaban chequeos y contrachequeos propios de personas con entrenamiento de inteligencia y que “estamos hablando de gente más preparada, más sigilosa” que el común de los narcotraficantes.

La historia de Cortés

Tras la detención, Polo dijo haber llegado en 2021 a Chile y ser un comerciante de verduras. Según los informes psicosociales tiene posibilidades de rehabilitación y por ende recibió una condena menor, con libertad intensiva vigilada.

Cortés, sin embargo, estaba más complicado, dado que luego de la detención el OS-7 allanó los departamentos de ambos, ubicados en uno de los “guettos verticales” de Estación Central. En el de Polo nada se halló que pudiera incriminarlo, pero en el de Cortés los policías encontraron otros 3.6 kilos de marihuana y un total de ocho balas calibre 9 milímetros.

Luego de ello, el exfusilero del Ejército colombiano aseveró que no  prestaría declaraciones, pero algunos meses después, ya en prisión preventiva, cambió de parecer y contó una historia que luego relató en el juicio: que la droga pertenecía a otro sujeto llamado “Samir”, de quien nada más sabía, salvo que vendía huevos en un edificio vecino al suyo y que por ello era apodado “El huevo”.

En las audiencias, sin embargo, los carabineros indicaron que efectuaron todas las pesquisas del caso: fueron al edificio, hablaron con el conserje, con los vecinos, revisaron todo y no solo no había nadie llamado “Samir” ni, mucho menos, alguien que vendiera huevos en el sector.

No sería lo único que se puso en duda en el juicio respecto de los testimonios de Cortés. Este dijo ser obrero de la construcción y ganar entre 550 y 600 mil pesos mensuales, pero no pudo explicar cómo vivía, dado que el valor mensual del departamento que habitaba con su pareja era de 450 mil pesos, como consta en el fallo, ni de qué modo había comprado entonces la Nissan, por la cual decía haber pagado 14 millones de pesos en contado luego de haber contactado al vendedor por Facebook, sin dejar ningún registro de la transacción por el vehículo que, a todo esto, había sido robado en El Bosque.

Tampoco pudo explicar  muy bien por qué en su celular había fotografías que mostraban rumas de dinero en efectivo (las que se calcula deberían haber tenido entre cuatro a cinco millones de pesos), dinero que dijo que “Samir” llevaba a su departamento para que él lo contara y separara en billetes de distinta denominación, luego de lo cual él lo retiraba.

Finalmente, terminó condenado a dos penas de cinco años como autor de tráfico de drogas, a tres años y un día por receptación de vehículo motorizado y a 541 días por porte ilegal de municiones.

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