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Crédito: Agencia Uno
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ejecutivo presentó una batería de medidas en torno a los Derechos Humanos. Entre las iniciativas anunciadas este martes, está la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech. De esta forma, se busca establecer una modificación legal con el objeto de contar con una “herramienta adicional” que contribuya al Plan Nacional de Búsqueda, para que pueda acceder la información contenida en los informes, al igual como lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH.)
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó una agenda legislativa en Derechos Humanos. Entre las medidas a implementar, se incluyen iniciativas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
Desde el Parque Cultural Valparaíso, emplazado en el Cerro Cárcel, el Ejecutivo detalló las iniciativas, encabezadas, según lo dicho por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el de la Segpres, Álvaro Elizalde, por la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech.
De acuerdo a lo explicado, la idea es congeniar la reserva con la que víctimas dieron su testimonio personal con el interés judicial de lograr más información. Otra manera, según lo informado esta jornada, es que los antecedentes sean liberados siempre que exista consentimiento de la víctima o bien cuando se trate de personas fallecidas. Sin embargo, si una víctima se opone al levantamiento de secreto o reserva, se deberá respetar la decisión de la víctima.
“Son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios y adicionalmente los tribunales de Justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante. Al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech, pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”, explicó Elizalde.
De esta forma, se busca establecer una modificación legal con el objeto de contar con una “herramienta adicional” que contribuya al Plan Nacional de Búsqueda, para que pueda acceder la información contenida en los informes, al igual como lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH.)
“Lo primera es habilitar esa norma para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga el mismo acceso a esa información que tiene el INDH, y para ver si en esa información hay aspectos relevantes de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas. La finalidad es cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hecha desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”, complementó el titular de Justicia, Luis Cordero.
Según el ministro Elizalde, el resto de las iniciativas comprenderán cinco ejes específicos y se trata de proyectos que están en actual tramitación en el Congreso.
“En primer lugar, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; en segundo lugar la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; en tercer lugar el levantamiento para el plan Nacional de Búsqueda del secreto de la información contenida en la omisión Valech; en cuarto lugar un plan de memoria y patrimonio y, por último, la eliminación de restricción de información que existe respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado o de circulación restringida”, dijo Elizalde esta jornada.
Para el primer punto, el gobierno presentará urgencia e indicaciones al proyecto de ley sobre calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. De esta modo, se creará esa calificación jurídica y además se buscará levantar un registro especial denominado “De las personas ausentes por desaparición forzada”, que será administrado por el Registro Civil.
En segundo lugar, se buscará tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Para ello, se agruparán distintas mociones presentadas sobre la materia y a través de esas iniciativas se apuntará a cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile, en el marco de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Internacional para todas las Personas contra Desaparición Forzada.
También se impulsará un proyecto para crear el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio, para lo cual se a establecerá una mesa técnica y diálogos con distintas organizaciones de Derechos Humanos.
Y, finalmente, se eliminará la restricción para un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter de secreto reservado o de circulación restringida.
