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Crédito: Agencia Uno
El ministro de Justicia, Luis Cordero destacó que “en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado”. Ante la posibilidad de que los condenados pidan algún beneficio para entregar la información, el ministro dijo que “el gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”.
Un día después de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, un grupo de 27 oficiales condenados en Punta Peuco solicitó la “conmiseración” del poder político y judicial con sus subalternos, y donde reconocen que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos”. Tras la revelación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el contenido de la misiva.
Sobre lo positivo, el ministro Cordero destacó que “en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado”.
En segundo lugar, apuntó que “es una carta escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los derechos humanos”.
“Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”, recalcó el ministro.
Sobre la importancia de la carta, el ministro Cordero insistió es que “la firma un grupo de personas que si bien en el pasado negaron las violaciones a los derechos humanos, con esta carta señalan que sí existieron, y es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente por el bien del país, de las familias, y probablemente de su propia conciencia, que lo pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación”.
Ante la posibilidad de que los condenados piden beneficios para entregar esa información. Sobre eso, el ministro dijo que “el gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”.
El secretario de Estado agregó que “en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios, entre otras cosas porque requiere modificaciones normativas con ese fin”.
“Por ahora no es algo que esté evaluando el gobierno, sin perjuicio que nosotros estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta”, cerró.
