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Según indagatorias de la PDI en el Caso Democracia Viva, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras, Daniel Andrade y probablemente la parlamentaria. Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes afirmó que “esto es señal de que se está investigando en serio”.
En un punto de prensa por el lanzamiento de una campaña del Minvu en Ñuñoa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la vinculación de la diputada Catalina Pérez con posible delito de tráfico de influencias, según indagatorias de la PDI. “Esto es señal de que se está investigando en serio”, señaló el secretario de Estado.
Las declaraciones se dieron en el contexto de una publicación de La Tercera, que dio a conocer un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, que está investigando los contratos que celebró el Minvu con la Fundación Democracia Viva.
Este documento, según la publicación, señala que existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras, Daniel Andrade y probablemente la parlamentaria. Esto de acuerdo a declaraciones de varios testigos y las indagatorias realizadas hasta ahora.
En esa misma línea, los policías apuntan a que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la Fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
En respuesta, el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, expresó en un comunicado que su representada “tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo. El informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada. Es un instrumento más para la investigación”.
