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Foto: Manuel Lema Olguín/AgenciaUNO
El monto total está únicamente destinado a saldar la deuda derivada del fallo de la Corte Suprema. Durante el período con deuda vigente, tal como establece la propuesta del Ejecutivo, las aseguradoras no podrían hacer retiro de utilidades. “No es un perdonazo”, afirman autoridades, pese a que la cifra es casi un tercio menor al monto que había calculado la superintendencia del ramo. Las isapres, por su parte, consideran que “siempre han cumplido con las leyes”.
Una primera mirada dieron los integrantes de la Comisión de Salud del Senado al informe del Comité Técnico, encargado de entregar recomendaciones en el marco de la ley corta de isapres. Los coordinadores hicieron público esta mañana el esperado documento, que sentaría las bases para la presentación de indicaciones.
El informe indica que para que las isapres puedan cumplir con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a aplicar la tabla de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud y, en los casos que corresponda, devolver los excedentes a los afiliados, deberán desembolsar US$ 451 millones (sus utilidades entre el 2012 y 2020), unos US$ 45 millones por año.
Esta cifra corresponde a menos de un tercio de lo calculado inicialmente por la Superintendencia de Salud, que –al presentar la ley corta– habló de US$ 1.400 millones.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que no se trata de un “perdonazo”, ya que “lo que plantea la comisión son supuestos distintos de cálculo de los cobros en exceso”. Explicó que “se está considerando que no haya planes que sean menores al 7%”. Y es que resulta que, por “distintas circunstancias”, según dijo la jefa del Minsal, hay planes inferiores al 7% de la cotización y también han planteado el efecto de la mutualización para el cálculo del cobro.
Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), pidió “que nadie diga que aquí se cambió la cifra, que este es otro mundo. Aquí hay simulaciones, solo simulaciones que pretenden iluminar el debate sobre el principio de que se cumple lo que dijo la Suprema, que no hay perdonazo y que obviamente queremos que no haya colapso del sistema privado sanitario. No es vinculante”.
En esa línea, los expertos –que fueron encabezados desde la oposición por el exministro de Salud del mandato de Piñera, Emilio Santelices, y desde el oficialismo por el exsubsecretario de Salud del Gobierno de Gabriel Boric, Cristóbal Cuadrado– recomendaron lo siguiente, pensando en no hacer quebrar a la industria y garantizar así las devoluciones:
Los senadores acordaron sesionar mañana miércoles 11, el martes 17 y miércoles 18 de octubre, con el fin de revisar los supuestos técnicos presentados, considerando que el viernes 20 vence el plazo para presentar enmiendas, las que deberán ser votadas a partir del lunes 23. La meta planteada por la instancia es comenzar la votación en particular el lunes 23, de manera de pasar el texto a Sala durante noviembre.
El senador Castro reconoció que “esto requiere una digestión progresiva, gradual, porque se nos ha entregado mucha información. Este comité ha propuesto y modelado escenarios. Otra cosa es lo que dirimirán las enmiendas y el texto del proyecto. Estas son alternativas que se simulan”, precisó.
La ministra Aguilera, en tanto, remarcó que “vamos a estudiar lo presentado, porque es un tema complejo. Lo más importante es asegurar las prestaciones del sistema público y privado. Valoro también que este sea un informe de consenso de todos los integrantes. Se nos presenta un análisis de los pasivos y cómo influirán los pagos en exceso. Son aspectos que vamos a ponderar”.
Uno de los invitados a la sesión, el médico Cristián Baeza, admitió que “en el sistema privado está la crisis a las isapres y la crisis de los prestadores de salud, que es más soterrada y a la que también hay que ponerle cuidado (…). Respecto del informe, recomiendo examinar bien las bases del cálculo de la deuda y las estimaciones de la población a la que se le haría la devolución (…). Estoy de acuerdo con las propuestas para mitigar el impacto”.
El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, sostuvo que “si alguna diferencia podemos tener con este informe tiene que ver con esta deuda“. Agregó que “la verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes” y que “existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero nosotros no sentimos tener una deuda a este respecto”.
En relación con el cálculo del Comité Técnico, Arriagada sostuvo que “las realidades de cada compañía son diferentes. Las deudas que enfrenten van a ser distintas. Entonces, para tener una opinión más definitiva hay que esperar a que ese documento pueda ser revisado y proyectado por cada una de las compañías”.
En ese sentido, destacó que “nosotros, si bien fuimos un aporte, colaboradores de esta Comisión, no participamos ni en la redacción, ni en las definiciones de sus conclusiones, ni en sus recomendaciones. Entonces, recién vamos a poder conocerlas ahora con detalle”.
