PAÍS
ADN confirma identidad de Bernarda Vera y UDI exige restitución de fondos
El SML estableció que la mujer ubicada en Argentina es Bernarda Vera, registrada por décadas como detenida desaparecida. Diputados oficialistas pidieron investigar eventuales responsabilidades y recuperar los pagos entregados a familiares.
Un examen de ADN del Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la mujer ubicada en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo, incorporada durante más de cinco décadas al registro oficial de personas detenidas desaparecidas de la dictadura militar. Tras conocerse el resultado, diputados oficialistas de la UDI exigieron que el Gobierno y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) investiguen eventuales responsabilidades y busquen restituir los recursos estatales entregados a sus familiares.
Según informó BioBioChile, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, comunicó a la familia que la comparación genética realizada con muestras almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999 %.
El magistrado mantuvo la causa bajo secreto de investigación y dispuso la reserva del informe pericial, debido a que contiene datos personales sensibles. Vera, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), figuraba en el Informe Rettig y en registros oficiales como víctima de desaparición forzada desde octubre de 1973.
UDI apunta a pagos estatales
La jefa y el subjefe de la bancada UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, junto con el diputado Daniel Lilayu, calificaron el caso como un posible fraude y solicitaron al Ejecutivo y al CDE ejercer acciones para recuperar los fondos entregados a la familia.
Los parlamentarios recordaron que el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el pago de una pensión a la madre de Vera hasta su fallecimiento y a una hija hasta que cumplió 25 años. El organismo había señalado que, en caso de modificarse oficialmente la condición de víctima, realizaría las gestiones para recuperar pagos indebidamente percibidos.
“Si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad”, afirmaron los diputados, quienes sostuvieron que no basta con la confirmación de la identidad y pidieron determinar cómo se mantuvo el caso en los registros estatales.
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