La directora ejecutiva de Chile Transparente dijo que los cuestionados convenios entre fundaciones y el Estado reflejan principalmente un atraso. Jaraquemada mencionó que la autonomía fiscal de los gobiernos regionales debilitó el sistema y que “acá no necesariamente va a haber corrupción”.
Contraloría hizo una auditoría a los convenios que suscribieron 15 secretarías regionales ministeriales con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según detalló su titular, Jorge Bermúdez, hay traspasos de dineros sin controles, tratos sin boletas de garantía o vale vista, facilidades para que surjan conflictos de interés, entre otros.
El mecanismo se da prácticamente en todo el país con programas de asentamientos precarios. En este escenario, se decidió enviar antecedentes tanto al Consejo de Defensa del Estado como a fiscalía. Los montos suman varios miles de millones de pesos.
María Jaraquemada, directora ejecutivo de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Probidad e Integridad del Gobierno, abordó el tema en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. A su juicio, lo que hay detrás de las cuestionadas transferencias no son necesariamente casos de corrupción, sino más bien un atraso de las instituciones.
“Tenemos procedimientos y procesos que no hemos logrado ponernos al día en el año 2023, y uno de ellos es el empleo público. O sea, nosotros tenemos que tener esta flexibilidad que permita, por ejemplo, tener a personas excepcionalmente para este tipo de casos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que esas personas son las más adecuadas y que tienen las competencias para esos cargos”, señaló Jaraquemada, consultada por el caso de 12 personas en Antofagasta contratas por fundaciones y que a su vez prestaban servicios en una seremi.
En este sentido, la abogada afirmó que, detrás de todo esto, “lo que nosotros vemos es una falta de modernización del Estado“.
“Son procedimientos, normas, instituciones que en muchos casos quedan desfasadas, que no se actualizan después de 20 años, porque no hemos visto la falla hasta que llegue la falla. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos a eso y en muchas cosas hemos avanzado, pero en muchas otras estamos al debe en la modernización del Estado”, explicó.
Cabe mencionar que, luego de 45 días consecutivos de trabajo desde la publicación del Decreto que creo la Comisión de Expertos en Probidad y Transparencia para la regulación de la relación entre el Estado, fundaciones y corporaciones, el órgano presentó un informe con una serie de medidas elaboradas para avanzar en la agenda de probidad entregadas al Presidente Boric.
Según Jaraquemada, otro factor que “debilitó” el sistema fue darle más autonomía fiscal a los gobiernos regionales en la ley de presupuestos del año pasado. Sin embargo, insistió, “acá no necesariamente va a haber corrupción“.
“Hay personas que se aprovechan de esa actitud de normas. Por así decirlo coloquialmente, la ocasión hace al ladrón. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esas ocasiones. Pero incluso habiendo esas ocasiones, hay personas que no se comportan de esa manera. Por lo tanto, no todos los convenios que hayan sido asignados bajo estas normas necesariamente van a ser convenios mal habidos. Pero efectivamente, eso permite que haya muchas más personas que abusen del sistema y eso es lo que las investigaciones finalmente nos van a decir”, sostuvo.
El “informe Jaraquemada” contiene 46 propuestas que fueron entregadas al Mandatario. Revisa el plan de acción para más probidad y transparencia en el Estado.
