El académico UDP dijo que en la propuesta de nueva Constitución “era vital colocar el tema de la corrupción entre privados y de privados manejando platas publicas, y eso no quedó”. Además, lamentó la falta de claridad en la relación entre el eventual nuevo órgano anticorrupción y la Contraloría.
Quienes respaldan la propuesta de una nueva Constitución, la cual será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre, principalmente el Partido Republicano y Chile Vamos, aseguran que el texto refuerza las medidas anticorrupción al establecer un nuevo organismo encargado de abordar esta problemática en el país. No obstante, en Chile ya existe una entidad responsable de ello: la Contraloría General de la República.
¿Cómo van a interactuar estos dos organismos si la propuesta es aprobada? Esta es la interrogante planteada por Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y autor del libro “El proceso fallido”, que aborda la extinta convención constitucional. Además, le preocupa que el nuevo texto no haga referencia a los actores privados que manejan fondos públicos.
Es importante mencionar que la Contraloría es un órgano de supervisión superior de la Administración del Estado, establecido en la Constitución actual, y actúa de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y otros órganos públicos. Su función es verificar la legalidad de los actos administrativos y salvaguardar el uso correcto de los fondos públicos.
Fuentes abordó este tema en un nuevo episodio de Al Pan Pan con Mirna Schindler, especialmente después de la filtración de una reunión entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, que reveló un caso de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El académico destacó que estas situaciones no son nuevas, recordando que desde el Caso Penta se ha venido advirtiendo sobre debilidades institucionales en el SII, que podrían requerir mecanismos de autonomía y control interno para evitar tales escándalos.
No obstante, el profesor Fuentes también mencionó el Caso Convenios, relacionado con las transferencias del Estado a fundaciones cuestionadas, y los casos de corrupción dentro de municipios, temas que se han discutido durante más de 20 años. “El desafío es cómo cerramos esos espacios, cómo generamos mecanismos de control y fiscalización para evitar este tipo de escándalos”.
Respecto a la postura de quienes votan “A favor” de la nueva Constitución, el académico de la UDP plantea dos críticas. Aunque está de acuerdo con los principios de probidad establecidos, surge la duda sobre la creación de otro órgano anticorrupción, ya que “no se dice nada respecto de cómo va a ser el vinculo con otros organismos, particularmente la Contraloría General de la República”. En su opinión, esto podría generar un problema al superponer un órgano sobre otro, sin clarificar las competencias de cada uno.
La segunda preocupación de Claudio Fuentes se centra en que la propuesta de la nueva Constitución “pone un acento y está asociada a la corrupción de funcionarios públicos, pero no se dice nada respecto de privados que administran o tienen negocios con el sector publico, que administran platas publicas, y eso es un elemento crucial”.
“Conocemos el Caso Fundaciones, el de los convenios, ahora el tema del vínculo de Hermosilla con el Estado, y por lo tanto era vital colocar el tema de la corrupción entre privados y de privados administrando platas publicas y eso no quedó”, concluyó Fuentes.
