PAÍS
Créditos: Gobierno Regional del Maule.
El caso de eventual tráfico de influencias en el Gobierno Regional del Maule se dio a conocer en junio de este año. En este reportaje se revela la cronología completa del caso a través de documentos exclusivos recabados por El Mostrador, los que describen, por fecha, la sucesión de los hechos.
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, a propósito del caso Convenios, votó el lunes el informe de conclusión respecto de las irregularidades en las transferencias de dinero desde entidades públicas –mediante convenios– a fundaciones. Sin embargo, el trabajo de la Contraloría continúa a nivel nacional, tanto en la fiscalización de traspasos desde Seremis de Vivienda y Urbanismo a entidades privadas como desde los Gobiernos Regionales. Uno de los casos más polémicos ocurrió en el Gobierno Regional (Gore) del Maule por las irregularidades en los traspasos, pero también porque el órgano contralor observó que desde dicho organismo se presionó a la Fundación Urbanismo Social para instalar a personas de confianza de la gobernadora Cristina Bravo (DC).
Este caso no es nuevo. Distintos medios lo hicieron público, pero para esta nota El Mostrador recogió el documento en el que la Contraloría detalla el caso a partir de una denuncia de la diputada Paula Labra (IND -RN) ante esta entidad y una consulta de la fundación Urbanismo Social al mismo órgano, acusando que dicho convenio contiene “eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa, por cuanto directivos del GORE Maule habrían propuesto a ciertas personas de su confianza para desempeñar labores en la ejecución del convenio en estudio”, dice en su informe el órgano fiscalizador. A continuación el detalle.
El primer encuentro entre Urbanismo Social y el Gore del Maule fue el 5 de enero de 2022, según se registra en la Plataforma Ley del Lobby. En las oficinas del Gore, Sebastián González, a nombre de la fundación, fue a presentar la institución, a mostrar su disposición para integrar “un posible Consejo Regional de Desarrollo Urbano en el Maule” y a presentar el “Estudio de Cartera para Soluciones Habitacionales” que realizaron en la comuna de Lota, Región de Biobío. Fueron 30 minutos, según la señalada plataforma. Desde ahí no hubo comunicación hasta el mes de septiembre de 2022.
El 5 de dicho mes, la directora ejecutiva de la fundación, Camila Ramírez, junto a dos representantes, se encontraron en el quinto piso de las oficinas del Gore con Cristina Bravo y Jorge Fajardo, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, para presentar propuestas de “estudio para aportar a aumentar el número de soluciones regionales al déficit habitacional”, dice en la Plataforma del Lobby.
Fue en esa reunión en la que Bravo y Fajardo manifestaron interés en que Urbanismo Social pudiese presentar un proyecto de seguridad comunitaria en diferentes comunas de la región. Dicho interés se materializó en el convenio suscrito el 6 de diciembre del año pasado, “Juntas y juntos nos sentimos más seguros”, por casi 265 millones de pesos. Este se aprobó por Resolución Exenta Nº 8463 del Gobierno Regional del Maule.
En enero de este año, desde la fundación le solicitan a Fajardo, por medio de un correo electrónico y con el convenio ya suscrito, que especifique cuáles son los barrios a intervenir. Y es que, según el formulario de postulación del convenio, en el apartado “Descripción de Beneficiarios”, se lee: “Se definirá con contraparte GORE Maule”. La fundación no obtuvo respuesta.
También se le envió un correo solicitándole la misma información a Doris Vergara. Esta última pertenece a la División de Presupuesto e Inversión del Gore y con ella se había construido un canal de comunicación en donde se establecían los formatos de los informes y las rendiciones. Sin embargo, al preguntar por los barrios a intervenir, tampoco respondió.
Hubo un último intento antes de que la directora ejecutiva de la fundación, Camila Ramírez, tomara el teléfono. Se le consultó a Mario Ramírez, hoy exfuncionario del Gore y quien era jefe de la División de Fomento e Industria. Él también era un canal de comunicación habitual, pero, otra vez, al preguntar por los barrios a intervenir, no hubo respuesta.
El mismo mes de enero se intentó nuevamente obtener la especificación de los barrios a intervenir, pero, como no se obtuvo respuesta, la directora ejecutiva de la fundación, Camila Ramírez, tomó el teléfono y llamó a Fajardo, solicitándole directamente la información sobre los barrios a intervenir.
Fajardo contesta, pero no precisamente con la información que la directora de la fundación solicitaba. El informe de Contraloría relata que el jefe de la división le comenta a Ramírez que, antes de entregar ese detalle, la fundación Urbanismo Social debía contratar a personas de confianza del Gobierno Regional –y en particular de la gobernadora Bravo– para el equipo que ejecutaría el programa del convenio suscrito.
En la semana siguiente hay un nuevo llamado por parte de Ramírez, donde solicita una reunión presencial con la gobernadora regional para “comprender a cabalidad” –relata el informe de Contraloría– el requerimiento de las contrataciones.
El 2 de marzo se concreta la reunión en las oficinas del Gobierno Regional. Ahí, Fajardo y Ramírez (el ahora exfuncionario) esperaban a la directora de la fundación. En ese encuentro los funcionarios del Gore especifican que la exigencia es que la totalidad del equipo a contratar por la fundación para este proyecto –conformado por seis profesionales– debe ser de confianza del Gobierno Regional y que incluso deben ser ellos mismos quienes seleccionen a los profesionales. Esa sería la condición para entregar la información de los barrios a intervenir.
Con la ausencia de la gobernadora regional, en la misma instancia, los jefes de división reculan y reparan en que la exigencia de contratar a seis funcionarios de confianza del Gore se reduce a solo uno, pero debe ocupar el cargo de Jefe de Proyecto. Ante eso, los representantes de la fundación responden señalando que las contrataciones deben cumplir con requisitos establecidos y con las etapas de todos los procesos de selección de la organización, en función de la transparencia y la equidad internas.
Luego de esa reunión, durante marzo y abril, la directora Ramírez se comunica vía correo electrónico con los funcionarios mencionados, despachando los perfiles del cargo y pidiéndoles información acerca de los profesionales que pretendía proponer el Gobierno Regional, dado que empezaría el proceso de selección. Sobre esto, los funcionarios optaron nuevamente por el silencio.
La directora de Urbanismo Social no obtuvo respuesta hasta mayo. Fue el 4 de ese mes cuando Mario Ramírez llama por teléfono a la jefe ejecutiva de la fundación para comunicarle que había una “especial urgencia” –consigna el informe– para darle inicio al programa y que, además, requería más cargos de los mencionados en la última reunión de marzo. Ahora, el Gore quería que la fundación dispusiera de los cargos de Jefe de Proyecto y, además, el de Coordinador Territorial de Talca para ser llenados por las personas propuestas por el organismo regional y realizar un proceso conjunto de entrevistas.
Camila Ramírez, la directora ejecutiva de la fundación, envía un correo a Mario Ramírez, el ahora exfuncionario del Gore, dejando constancia escrita de la solicitud que había hecho recién a través de la llamada telefónica. Además, la directora deja por escrito cómo será el proceso de selección y se le solicita al Gobierno Regional la información de los candidatos propuestos que eventualmente formarían parte del proceso regular de selección.
Días más tarde, el 12 de mayo, quien era el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Maule envía, a través de WhatsApp, los CV de los candidatos considerados para el proceso de selección. El 15 de mayo se realizan las entrevistas de dichos candidatos del Gore, y Ramírez –el funcionario mencionado– se hace presente y participa en ellas. Sin embargo, sin previo aviso a la fundación, presenta a un tercer candidato.
Este último era concejal democratacristiano en ejercicio de la comuna de Curicó: Javier Ahumada. Su condición de concejal le impedía ocupar el cargo, sin embargo, llevaron adelante los ejercicios prácticos online que solicita la fundación para el proceso de selección.
Al día siguiente, Camila Ramírez y la encargada de Personas de la fundación sostienen una reunión presencial con Mario Ramírez. Ahí se le informa a este que para la fundación es imposible contratar al concejal Ahumada. También se define que la fundación le enviará una carta a la gobernadora regional explicando el porqué de la no contratación de Ahumada y, además, se le presentan al funcionario del Gore los resultados de la selección, en donde no se contrató a ninguno de los personajes propuestos por el organismo regional.
El 30 de mayo de este año se ingresa esa carta a la Oficina de Partes, dirigida a la gobernadora Bravo, y se les envía copia a Fajardo y Ramírez. Nuevamente la fundación no recibe respuestas.
En junio, la fundación Urbanismo Social intenta nuevamente enterarse de cuáles van a ser los cinco barrios a intervenir para ejecutar el programa. Sin embargo, el 30 de junio, habiendo ya explotado en medios el caso Convenios, la fundación recibe un correo electrónico de la administradora regional del Gore del Maule, Leandra Urzúa, con fecha 29 de junio, solicitando la resciliación del convenio.
El 6 de julio, Urzúa envía un nuevo correo a la directora ejecutiva de Urbanismo Social, esta vez dando aviso de que visitaría las oficinas de la fundación durante esa misma jornada, para coordinar el término del convenio. Ese mismo día, la directora Ramírez le responde que, previo a la reunión, se aclararan los motivos del término del convenio y que respondiera las preguntas de la fundación respecto a los barrios en donde se ejecutaría el programa y sobre las personas que resultaron seleccionadas para la ejecución del convenio.
Urzúa no respondió el correo. Es más, se presentó igualmente en la oficina de la fundación en Santiago y solicitó con urgencia conversar con Camila Ramírez, quien no se encontraba en ese lugar –cosa que había advertido en el correo enviado antes–.
El 7 de julio, el Gobierno Regional del Maule informa que instruyó un sumario administrativo para investigar irregularidades, según confirman conocedores del caso.
El 10 de julio aparece el coordinador jurídico del Gore del Maule: Eduardo Segura. Este envía un correo a la directora ejecutiva de la fundación, señalando que no tienen antecedentes sobre la solicitud de contratación por parte de Fajardo y Ramírez y que tampoco es posible responder sobre los barrios que se pretende intervenir. Además, solicita una reunión formal para terminar el convenio.
Camila Ramírez responde por e-mail solicitando establecer las causas formales sobre el término del convenio y el procedimiento adecuado para dar curso a la solicitud del Gore. Además, solicita un documento borrador del término del convenio que propone el Gobierno Regional, lo cual es entregado por Segura.
El pago de los casi 265 millones de pesos se hizo en una sola cuota. Desde que se efectuó la transferencia, el 27 de enero de este año, el dinero ha permanecido en una cuenta única sin ningún movimiento, dado que el convenio nunca pudo ejecutarse. Ahora bien, una de las justificaciones que entrega el Gore en julio, para retractarse del convenio suscrito, es la falta de ejecución del mismo y, además, agrega la necesidad de redestinar los recursos, a propósito de la emergencia climática que sufrió la Región del Maule por esas fechas.
Luego de todo lo anterior, la fundación Urbanismo Social envía una carta a la Contraloría, con fecha 30 de agosto, para solicitar un pronunciamiento sobre la forma adecuada de proceder con el término del convenio y los recursos entregados a la fundación.
Sin embargo, días antes, el 14 de agosto, se dictó sobreseimiento en la investigación al interior del Gore del Maule, porque el fiscal investigador no logró acreditar los hechos denunciados.
El 30 de junio de este año, los oídos del Congreso se activaron con este caso y, ese mismo día, la diputada Paula Labra ofició al Gore Maule solicitando información sobre el convenio y la ejecución de los recursos. Pasó menos de una semana para que Labra le solicitara a la Contraloría un pronunciamiento respecto a estas irregularidades.
Fue el 28 de julio, casi un mes más tarde, cuando el Gobierno Regional del Maule le explica a la parlamentaria que, aun cuando adjuntan información del convenio, no pueden enviar los estados de avance del programa porque no se ha iniciado su ejecución y adjuntan una carta enviada a la fundación para terminar el contrato.
A partir de dicho evento, la diputada Labra y un grupo de parlamentarios ingresaron el proyecto de ley que busca habilitar una acusación constitucional en contra de los gobernadores regionales.
Fue el 24 de octubre cuando el Gobierno Regional afirma que se hicieron gestiones para retractarse del convenio y obtener los recursos nuevamente, pero añade que hasta la fecha no se han podido restituir, dada la consulta que realizó la fundación a Contraloría.
El pasado 9 de marzo la Contraloría da a conocer el informe citado en este artículo, en donde observó irregularidades y eventual tráfico de influencias. Ahora, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.
La gobernadora regional, a diferencia del reportaje publicado ayer, en esta ocasión contestó a las consultas de El Mostrador y afirmó que están respondiendo administrativamente a la Contraloría y que no se ha puesto en contacto con nadie de la fundación Urbanismo Social. La única vez que se encontró con ellos, asegura, fue cuando fueron a presentarse al Gore del Maule en septiembre de 2022.
