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En el análisis, destaca el progreso en las medidas a corto plazo que se trazó el Gobierno para esto, aunque se presenta un rezago en el ingreso del proyecto de ley de Registro de Beneficiario Final comprometido. De las 46 acciones propuestas, 20 de ellas tienen algún tipo de actividad.
La Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, presidida por María Jaraquemada (directora ejecutiva de Chile Transparente). Por tal motivo, Chile Transparente realizó elprimer balance del informe encomendado con 46 medidas para cumplir el objetivo propuesto, que fue una de las respuestas del Gobierno frente al caso Convenios.
Para este primer balance, que compone una visión general y una perspectiva de corto plazo -de acuerdo al cronograma trazado por el propio Gobierno-, se percibe un progreso del 35% y 59%, respectivamente. De lo anterior, se destaca que del total de las 46 medidas propuestas, 20 contienen alguna actividad o avance, no obstante en varios casos son avances menores o iniciales. Los avances más significativos se registran en las medidas más inmediatas tomadas por el Gobierno, las que se reflejan en 22 acciones dentro de 19 medidas propuestas.
Cabe destacar que la evaluación realizada mide los avances del Estado frente a estas propuestas, ya que algunas recomendaciones deben ser implementadas en conjunto con el Congreso o por otras entidades autónomas, como el Servel, CGR y FNE, entre otras. Sin embargo, el rol del Gobierno es central como articulador e impulsor de esta agenda.
“Este primer balance viene a mostrar cómo hemos avanzado en lo que la Comisión propuso, donde puede observarse un esfuerzo por parte del Gobierno, pero también la necesidad de un impulso por parte de otras entidades autónomas y del Congreso, porque se trata de un esfuerzo de Estado. El Presidente manifestó que nuestro trabajo no es para meterlo en un cajón, razón por la cual creemos importante dar cuenta de los avances en estas materias, con el fin de seguir velando por un Estado moderno y robusto, por una democracia consolidada y para que reduzcamos al máximo las posibilidades de nuestras capacidades que no se repita lo ocurrido en el caso Convenios”, declaró María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Integridad y Probidad.
También enfatizó que “todavía urge presentar un proyecto de ley de beneficiarios finales, para así contar con un registro único y centralizado de acceso público a información. Adicionalmente, debemos ser ágiles con medidas que hoy se consideraron en la Ley de Presupuestos recién aprobadas, ya que hay que tomar en cuenta que es una ley con una vigencia de un año”.
Por último, Chile Transparente llama a avanzar también en aquellas medidas de mediano plazo que son legislativas, ya que febrero es un mes de receso y se requiere un trabajo intenso y coordinado pre-legislativo relevante.
