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Foto: Pablo Ovalle/Agencia UNO
El titular de la cartera de Justicia valoró la admisión del recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del juez Daniel Urrutia, quien autorizó a reos del Tren de Aragua a realizar videollamadas y recibir visitas conyugales en el REPAS
En medio de la controversia desatada por la autorización de videollamadas para internos de alta peligrosidad en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reafirmó la postura del Gobierno y valoró que la Corte de Apelaciones de Santiago admitiera el recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La polémica surgió luego de que el juez Urrutia autorizó a reos del Tren de Aragua realizar videollamadas y recibir visitas conyugales desde el interior del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
“Nosotros desde el principio hemos sostenido las objeciones de legalidad en torno a esta resolución y la legitimidad que tenía Gendarmería para recurrir contra ella. Nosotros hemos insistido que lo que estamos defendiendo es la seguridad de un establecimiento de máxima seguridad. Así que esperamos que la corte, habiéndolo declarado admisible, conozca el fondo del asunto en los próximos días”, expresó Cordero.
Ante la pregunta sobre si este hecho puede ser visto como un revés para el juez Urrutia, el representante del Ministerio de Justicia señaló: “Nosotros queremos esperar la resolución definitiva. Por ahora, en esta parte, la corte ha actuado reconociendo a la Gendarmería la posibilidad de reclamar en este caso”.
Respecto a la evaluación de la decisión del juez Urrutia de autorizar las videollamadas para reos de alta peligrosidad, Cordero afirmó: “Nosotros creemos que las videollamadas autorizadas respecto del tipo de personas que se encuentran en un establecimiento de máxima seguridad, esas en particular, ponen en riesgo el establecimiento, pero a su vez también las investigaciones que están llevándose a cabo por parte del Ministerio Público”.
La controversia continúa y se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago emita una resolución definitiva en los próximos días, en medio de preocupaciones sobre la seguridad en el establecimiento penitenciario y la protección de las investigaciones en curso.
