PAÍS
Foto: Raúl Zamora/Agencia UNO
En una carta a la senadora Carvajal y a la diputada Yeomans, de las comisiones de Trabajo y Hacienda, respectivamente, se propone poner fin a la “transferencia forzosa” de contribuciones previsionales al sector privado, permitiendo el regreso voluntario al sistema público de previsión social.
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) mandó una carta a las comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y Hacienda de la Cámara de Diputados, presididas por la senadora Loreto Carvajal y la diputada Gael Yeomans respectivamente, instando a considerar de manera conjunta las reformas previsional y tributaria que actualmente están en proceso de tramitación.
En la carta, el CENDA —think tank vinculado al Partido Comunista (PC)—, sugiere que la principal “reforma tributaria progresiva” que Chile requiere es una reforma previsional que ponga fin a la “transferencia forzosa” al sector privado de las contribuciones previsionales, calificada como “atípica” por el informe reciente de la OCDE sobre el sistema tributario chileno.
El CENDA propone seguir el camino sugerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la práctica de numerosos países que han eliminado estas transferencias en años recientes. Esto, a su juicio, implica autorizar el regreso voluntario al sistema público de previsión social.
En el caso de Chile, señalan, la propuesta sería permitir a todas las personas afiliadas al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tanto activas como jubiladas, cambiarse al Instituto de Previsión Social (IPS). Esto incluiría trasladar sus contribuciones previsionales pasadas y futuras, así como retirar en un plazo prudencial el saldo de sus ahorros previsionales.
El CENDA argumenta que esta reforma es de interés nacional y presenta beneficios inmediatos y definitivos para las más de 13 millones de personas actualmente afiliadas al sistema AFP, así como para el balance fiscal y la progresividad del sistema tributario.
Además, señalan que esta medida ayudaría a eliminar gran parte de la deuda actual del Estado y tendría un impacto positivo significativo en los ámbitos social, económico y político, al tiempo que legitimaría el sistema democrático y restablecería una sana convivencia social en un momento crítico.
