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Este mediodía, la presidenta del TC, Nancy Yáñez entregó la cuenta pública en presencia del Presidente Boric y otras autoridades. Además, de concretar la tramitación telemática de causas y aumentar la participación de mujeres, destacó un alto porcentaje de procesos terminados en 2023.
Con la asistencia del Presidente Boric y varios ministros de Estado, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, entregó la cuenta pública 2023. Una gestión que estuvo marcada por la normalización del funcionamiento del Pleno, con la integración de nuevos ministros (durante un año y medio el TC sesionó con los ministros suplentes a falta del nombramiento de magistrados en los cargos vacantes). Además, la presidenta destacó la decisión ciudadana expresada en el plebiscito del 17 de diciembre del 2023, que optó por mantener el Tribunal.
“En este escenario y acorde a los principios que orientan la Justicia Abierta, como jueces constitucionales, nos comprometemos con la ciudadanía a garantizar la supremacía de los valores y los principios fundamentales que estructuran la Constitución, de un modo que permita, por vía de la hermenéutica constitucional, la adaptación de las declaraciones que ésta contiene a la realidad actual de nuestro país y sus necesidades”, señaló.
Agregó que el énfasis de 2023 fue puesto en acercar la justicia constitucional a la ciudadanía, especialmente a las regiones. “En este contexto, un hito importante ha sido la consolidación del sistema de tramitación electrónica y las medidas adoptadas para prevenir su vulnerabilidad”.
Si bien no es aplicable la comparación de este tribunal con el resto de tribunales y cortes del país, destaca su índice de eficiencia. Durante 2023, el Tribunal tuvo 150 sesiones de Pleno, de las cuales 140 correspondieron a sesiones ordinarias y 10 a sesiones extraordinarias. En cuanto a los asuntos jurisdiccionales, durante el año 2023, se tramitó un total de 1.547 procesos constitucionales, de los cuales 386 correspondieron a procesos pendientes al año 2022. Los procesos terminados en 2023 fueron 1.161, lo que representa un 75% del total ingresado.
De todas las causas ingresadas, 1.103 fueron de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA), lo que constituye el 96% del total de asuntos ingresados para el conocimiento del TC.
Mención especial tienen los requerimientos de inaplicabilidad que inciden en investigaciones sobre derechos humanos. Estos se agrupan en: Procesos por violación de los derechos humanos que hayan tenido lugar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, relacionados con la muerte y desaparición de personas. Se interpusieron 9 requerimientos de inaplicabilidad que inciden en gestiones pendientes sobre causas calificadas conforme a este criterio; 7 fueron declaradas inadmisibles; y 2 no fueron admitidas a trámite.
Y procesos por apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura (artículo 150 D, inciso primero, del Código Penal). Se interpusieron 3 requerimientos de inaplicabilidad, donde se impugnó el precepto antes referido y la tipificación del ilícito que ahí se establece: 1 fue rechazada en el fondo y 2 no fueron admitidas a trámite.
Nancy Yáñez destacó sobre la labor del TC: “Nuestra tarea jurisdiccional nos compromete con una judicatura al servicio de la dignidad de las personas, la tutela de los derechos fundamentales y la salvaguarda del principio de separación de poderes que configura nuestro diseño institucional, a cuya cautela nos debemos como Tribunal Constitucional”.
